La Milla Extra de la Solidaridad

Solo se justificaría bajar los subsidios cuando la economía se haya recuperado totalmente y para eso falta de uno a dos años.

Por Juan Llado 

No todas las apariencias engañan. Actualmente parece que la nación está al borde de superar exitosamente la calamidad pública que ha significado la pandemia. Se nota pujanza en la recuperación económica y la vacunación ha avanzado tanto que ya se avizora la inmunidad de rebaño. Pero los nubarrones que se presentan ahora aconsejan no bajar la guardia. Frente a la erupción de una sombría oleada inflacionaria lo que más cuenta es que no decaiga la solidaridad, so pena de asestar un rudo golpe a la paz social. 

La advertencia procede en ocasión de que el

Gobierno anunciara el nuevo Programa Supérate que engarzará los subsidios sociales. Este se inspira en metas encomiables: “Mejorar la calidad de vida de las personas implica asegurar una buena alimentación, educación, salud, trabajo y techo digno, al tiempo de disponer de agua potable en las viviendas, electricidad permanente, igualdad de oportunidades para las mujeres, enfrentar la violencia de género”. Con un inicio focalizado en un millón de hogares del Gran Santo Domingo y la región suroeste, el nuevo programa duplicará el subsidio del antiguo Prosoli de $825 a $1,650 mensual. 

Como una loable meta, Supérate supone una eventual inserción de los beneficiarios en el mercado laboral o su adopción de algún emprendimiento. Pero tanto el incremento del subsidio como las diversas ayudas que implican estas metas se tornan pírricas ante la sórdida realidad que para los pobres hoy día significa la pandemia. Y algo similar puede decirse de los empleados que no han podido recuperar sus empleos todavía. El aporte gubernamental a los programas “Quédate en casa”, “Pa’ ti” y los “FASE I y II”, ha paliado un poco las carencias, pero su inminente desaparición en el mes de julio presenta un reto mayúsculo de supervivencia.

La esperada suspensión del nivel de los subsidios significa una pérdida estrepitosa de ingresos para gente que, bajo las presentes circunstancias de la economía, no podrá conseguir empleo rápidamente para copar con sus necesidades básicas. De ahí que la alta inflación que se ha desatado --de un 10.48% en el último año, según el Banco Central—, la más alta en los últimos diez años, agrava punzantemente la situación. (El alivio que pudieran representar las remesas, aunque aumentado en el último año, no compensa, porque las remesas no necesariamente alcanzan a los más pobres.) Solo se justificaría bajar los subsidios cuando la economía se haya recuperado totalmente y para eso falta de uno a dos años, según los entendidos.

Se admite que el alza de los precios de las materias primas que inciden en los productos de primera necesidad en el país se ha debido al incremento en el precio del petróleo (US$73d/b) y de los fletes. Lo que no tiene sentido es predecir que los precios bajarán hacia el final del año y, en consecuencia, que cesará la galopante inflación local. Los precios del petróleo han aumentado por la incipiente recuperación de la economía mundial y a medida que la vacunación progrese es lógico suponer que seguirán aumentando. De manera que la inflación posiblemente empeore en los próximos meses, golpeando inmisericordemente a los que no tienen ingresos o tienen ingresos fijos. Con una inflación en los EEU que llega al 5% este año, la proyección de un 4% de incremento local anual hasta el 2025 es puro cuento. 

Es cierto, por otro lado, que las perspectivas económicas nuestras son halagüeñas en el corto plazo. A mediados de febrero ya habíamos recibido 11.5 millones de dosis de varias vacunas y hemos comprado 15.8 millones solamente a China (habiéndose ya recibido 10.8 millones). Tenemos 7.1 millones de nuestra gente inoculada con la primera dosis de la vacuna y 2.5 millones con las dos dosis. Eso les ha permitido a las autoridades hacer la optimista predicción de que podríamos alcanzar la inmunidad de rebano dentro de 60 días. Pero a eso se contrapone el hecho de que estamos experimentando un agresivo brote de los contagios y un aumento de las muertes. Para ser realistas, habría que predecir el cese de contagios para finales de año, manteniéndose mientras tanto el impacto de la inflación sobre los precios de los productos de primera necesidad.

El expresidente Leonel Fernandez ha sugerido al gobierno extender los subsidios sociales, aumentar los salarios del sector público y aumentar la disponibilidad de medicinas a través de Promesecal.  La prodigalidad de esa sugerencia podría pecar de oportunismo político cuando de aumento de salarios públicos se trata, pero no así, como hemos visto, en lo relativo a los subsidios sociales. Por su lado, el presidente Abinader esta alerta y ha dispuesto unas mesas de trabajo para que sugieran medidas que pudieran aminorar el impacto de la inflación. El destacado empresario Manuel Corripio pidió sensatamente que cualquier ayuda que el gobierno pudiera suministrar para compensar por la desaforada alza de los precios, se concentre en los consumidores y no en los productores. 

En este contexto lo que procede es, ciertamente, mantener los subsidios sociales. Con ello se protegería a los 2.2 millones de hogares vulnerables del temible impacto de la inflación, mientras el resto de la población absorba el incremento de los precios. No debe recurrirse a la engorrosa opción de quitar impuestos ni a subsidiar a productores. Mientras la inflación continúe teniendo un origen exógeno no hay gran cosa que puedan hacer las autoridades más que estimular la producción del sector agropecuario y vigilar la situación para que el factor escasez no añada insulto a la herida. Lo que conviene es sencillamente mantener las ayudas a los más carenciados hasta diciembre.

Según el Banco Mundial: “A pesar del incremento en el gasto social para mitigar el impacto de la pandemia, los estimados oficiales indican que la pobreza creció alrededor de 2,4 puntos porcentuales hasta el 23,4 por ciento en 2020, lo cual representa más de un cuarto de millón de personas (270,000) ha caído en la pobreza.” Es en parte por eso que no debe negársele a la población vulnerable el mendrugo de ayuda adicional aquí propuesto. 

El panorama presupuestario del gobierno permite ese gasto adicional en solidaridad y cohesión social. Los ingresos tributarios han experimentado un incremento que supera las proyecciones, especialmente en el caso de Aduanas. Por otro lado, si fuere necesario debería reducirse el gasto de inversión pública en el Presupuesto Complementario. No parece necesario acudir al endeudamiento externo, pero debe usarse si fuere necesario. (La deuda externa como proporción del PIB bajará este ano en vista de que la tasa de crecimiento del PIB está siendo estimada en un 7%, según algunos, y en un 10% según otros). Como el FMI está supuesto a ofrecer liquidez a los países que necesiten compensar por la pandemia, es preferible que ese financiamiento externo venga de esa fuente. 

A todos nos embarga la preocupación por el costo de la pandemia y ansiamos con avidez la recuperación de la economía para ahorrarnos más sinsabores nacionales. Pero la ética del momento debe priorizar la protección social sobre muchas otras urgencias de la política pública. Nuestra población pobre merece la mayor atención y no dudemos que, además, tengamos que socorrer con vacunas a nuestros vecinos haitianos. En ambos casos debe primar la amplitud de miras porque a veces la mezquindad impide y destroza la paz social.