Esa Ley Debe Ser Modificada

Por Ernesto Heredia

A raíz de la aprobación del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia convertida en ley por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, se ha creado un revuelo con relación a la misma, ya que muchos medios de comunicación se han hecho eco de lo que esto pudiera ocasionar a la libre expresión de información y comunicación.

Diferentes sectores del país, incluyendo la Iglesia Católica, empresas telefónicas, los partidos de oposición y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), alegan que dicha ley no fue

debatida con la sociedad y los demás partidos, lo que hace que vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos en un país “democrático”, sobre todo, porque varios de sus artículos ordenan a la ciudadanía entregar informaciones privadas a la recién creada DNI.

Según alega el senador por el PLD Yvan Lorenzo: “Pareciera que se le está creando una ley al Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Trujillo, para que pueda cometer sus tropelías, cuando tú le creas las condiciones para que puedan procesar personas porque se nieguen a dar algún testimonio, entonces estaríamos retrocediendo a la dictadura de Trujillo.”

Por su parte, el Diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, manifiesta que el proyecto no fue debatido. “Lo que querían aprobar de urgencia en un mismo día, sin discusión y sin ir a comisión y nadie sabía nada de eso”

La recién creada ley 1-24 que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) limita y vulnera en “todo el sentido de palabra”, los derechos fundamentales adquiridos por la ciudadanía en cuanto a la libertad, el derecho a la privacidad y el secreto profesional", expresó el Pastor Feliciano Lacen, del CODUE.

En ese sentido, el movimiento cívico Participación Ciudadana, pidió el miércoles que sea reformada dicha la Ley, asegurando que es inconstitucional la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial.

Nosotros, a través de este medio de comunicación, entendemos que tanto esta Ley, como todos los anteproyectos que sean sometidos ante las cámaras, deben ser presentadas a la sociedad antes de su aprobación y buscar un consenso con toda la población, para así evitar que se vulneren los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana, la cual expresa en su artículo 49: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

Nos oponemos tajantemente y opinamos que debe ser devuelta al Senado para la observación y modificación de la misma.