OEA llama a RD no aprobar Ley del Aborto sin las causales
El Comité de Expertas manifestó mediante un comunicado que, en su estado actual, dicho proyecto de reforma del Código Penal "constituye una violación al derecho a decidir de las mujeres, vulnera los derechos humanos a la salud, autonomía, privacidad y seguridad y representa un retroceso en las obligaciones internacionales del Estado".
La Convención Belém do Pará es el primer tratado vinculante en el mundo que data del 9 de junio de 1994 y reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de derechos humanos y obliga a los estados a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la Mujer. La República Dominicana es signataria de este acuerdo y es por esto que Mesecvi tomó la decisión de reiterarle al Estado dominicano que cumpla con su compromiso de proteger la vida de las mujeres.
El Comité de
Expertas recordó, en este sentido, que el artículo 4 de la Convención Belém do
Pará establece que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho a que se
respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral”.
Asimismo, señaló que en la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos emitida por este comité, se recomienda a los Estados que establezcan leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo en, por lo menos, tres casos: cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro, cuando exista inviabilidad del feto de sobrevivir, y en los casos de violencia sexual, incesto e inseminación forzada.
El Mecanismo de Seguimiento instó al Congreso a proponer y aprobar una nueva legislación que permita interrumpir el embarazo en por lo menos las tres causales mencionadas y dijo que se pone a disposición de las autoridades dominicanas para cualquier apoyo técnico que pudiera requerir en la materia.
El Código Penal dominicano data de 1884.
Fuente: Diario Libre.-
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