Historia, Remesas y Turismo Contra el Peso (2 de 3)

Con la subida de Trujillo al poder el gobierno pudo cumplir con las amortizaciones en 1930 y 1931. Pero la baja en las recaudaciones lo obligó a solicitar una moratoria que le permitió pagar solo los intereses de la deuda.

Por Juan Lado

Después del desastre de “las papeletas de Lilís” el gobierno de Carlos Morales Languasco debió enfrentar un grave problema de deuda que no podía solucionar con emisiones monetarias. Tuvo que tomar las aduanas para poder garantizarle a los tenedores de bonos un 40% de sus ingresos aduaneros. Apelando al Departamento de Estado de EEUU, la Improvement reclamaba por lo menos 11 millones de dólares, pero el gobierno alegaba que sus pretensiones eran espurias. Finalmente, aceptó recibir solo 4.5 millones y un trio de árbitros (gobierno, EEUU y un tercero acordado entre ambos) fue nombrado para garantizar el pago. 

Para honrar estas obligaciones, el “Laudo Arbitral” correspondiente obligó al gobierno a aportar los ingresos de las aduanas de Montecristi, Puerto Plata, Sanchez y Samaná y nombró al frente de esas aduanas a un representante de EEUU con poder de veto. El gobierno aceptó estos términos, pero los tenedores de bonos y los acreedores locales lo rechazaron. (Mientras, Morales Languasco gestionaba convertir al país en un protectorado norteamericano.) Esto llevó a que EEUU “se encargara oficialmente del cobro de las rentas aduaneras para distribuirlas equitativamente entre los acreedores dominicanos y extranjeros, incluyendo la Improvement.”

Moya Pons reporta que un convenio fue firmado en el 1905 mediante el cual los EEUU asumió todas las deudas dominicanas, reservando un 45% de los ingresos aduaneros para el gobierno dominicano y prohibiendo el aumento de los impuestos de exportación. El Senado de EEUU rechazó inicialmente este arreglo, alegando que equivaldría a un protectorado, pero eventualmente se aceptó como un modus vivendi. La Improvement protestó porque perdió así el control de las aduanas y sus otros privilegios.

El convenio permitió que Morales Languasco pudiera cumplir con las obligaciones

del gobierno. Pero las divisiones entre los miembros de su gabinete determinaron su renuncia y Ramón Cáceres, su vicepresidente, asumió el poder a finales del 1905. Aun con el convenio funcionando bien la deuda era demasiado alta. Fue estimada en 40 millones de dólares por un experto americano, pero las falsas reclamaciones llevaron a que ese experto y el gobierno consiguieran reducciones de hasta un 50%. Ya en septiembre del 1906 la deuda había bajado a US$17 millones.

Con el fin de alejar la influencia europea en el Caribe, Roosevelt aprobó un préstamo de US$20 millones con una firma de New York a fin de cancelar todas las deudas y usar el sobrante para obras públicas. A cambio, EEUU requirió las mismas condiciones del convenio vigente y que un 50% de los ingresos se depositaran en un banco de New York para el repago de la deuda. Estas condiciones fueron consagradas en la Convención Dominico-Americana de 1907. Las recaudaciones aumentaron subsecuentemente por un incremento en las exportaciones y, para prevenir crisis monetarias futuras, el dólar quedó como la moneda de curso legal. Los “clavaos” y la “mota” que circulaban entonces, se siguieron usando para transacciones menudas.

Al asesinato del presidente Cáceres en 1911, le siguió una cadena de guerras civiles. A partir de 1912 “los gobiernos se vieron precisados a contraer deudas de corto plazo con suplidores y comerciantes locales”. Pero EEUU consideró esta nueva deuda una violación a la Convención, por lo que exigió que el gobierno aceptara un Contralor norteamericano “para fiscalizar los gastos del gobierno y el cobro de los impuestos de rentas internas.” El rechazo de ese Contralor por los partidos políticos y el Congreso, creó un escenario propicio para el desembarco de marines en el 1916 y el establecimiento por parte de la Marina de EEUU de un gobierno militar.

Para emprender un vasto programa de obras públicas, el gobierno militar hizo dos emisiones de bonos en dólares que no fueron reconocidas por las autoridades dominicanas. Sin embargo, al cesar la ocupación militar en el 1924, el gobierno dominicano tuvo que aceptar esas deudas porque la Convención continuaba en vigor hasta tanto se saldara la deuda. EEUU aprobó que el gobierno incurriera en una nueva deuda de 25 millones de dólares para continuar con las obras públicas y consolidar la deuda total. Pero eso requirió la firma de una nueva Convención en el 1924 que mantenía “el protectorado” bajo las mismas condiciones del acuerdo anterior.

“De los bonos aprobados por la Convención de 1924, solo se realizaron dos emisiones, de 5 millones de dólares cada una, en 1926 y 1928, a un interés anual de 5.5 porciento, vencederos en 1940.” “El servicio de la deuda en 1929 ascendía a unos 900 mil dólares anuales, pero a partir de 1930 esos pagos se duplicarían hasta subir a 1.8 millones, ya que los bonos de 1926 y 1928 debían comenzar a ser amortizados en 1930.” El pago anual que debía hacer el gobierno era de por lo menos un millón de dólares anuales y las rentas que devengaba superaban los 10 millones. Sin embargo, las amortizaciones comenzaron a escasear con la merma en las rentas públicas causadas por la Gran Depresión.

Con la subida de Trujillo al poder, el gobierno pudo cumplir con las amortizaciones en 1930 y 1931. Pero la baja en las recaudaciones lo obligó a solicitar una moratoria que le permitió pagar solo los intereses de la deuda. Trujillo pagaba puntualmente esos intereses, pero los tenedores de bonos no estaban contentos y por eso en 1934 negoció, con los tenedores y los EEUU, un nuevo acuerdo “por medio del cual se extendieron los plazos de amortización de la deuda para que vencieran en 1970”. “El arreglo permitió un gran respiro financiero al gobierno dominicano, pero políticamente conllevaba el costo de extender por 36 años más los controles financieros fijados por la Convención Dominico-Americana.” Además, el gobierno no podría recomprar sus bonos hasta 1945 y para entonces tendría que hacerlo a un 101% de su valor nominal. De ahí en adelante Trujillo se dedicó a “tratar de poner fin a la Convención Dominico-Americana y a buscar fórmulas para la creación de un sistema bancario nacional.”

Aunque Trujillo quiso crear un banco de emisión monetaria similar al acordado entre EEUU y Haití, los tenedores de bonos no lo permitirían hasta tanto el país pagara totalmente su deuda. El gobierno quiso crear una compañía con inversionistas estadounidenses, ingleses y canadienses, The Santo Domingo Development Corporation, para que administrara el banco nacional a fin de despolitizar sus operaciones. Pero ese plan fue objetado y en su lugar los EEUU aceptó que el país emitiera moneda fraccionaria nacional equivalente a la moneda norteamericana. Se contrató al Royal Bank of Canada para la acuñación y las nuevas monedas sustituyeron a las del siglo anterior todavía en circulación. El gobierno y el Royal compartirían mitad a mitad los beneficios del señoreaje.

Trujillo anunció que este era el primer paso para el establecimiento de un sistema bancario nacional. Pero los tenedores de bonos de EEUU se opusieron a un “Banco Nacional de la República Dominicana” por temor a que Trujillo lo usara “para continuar enriqueciéndose ilícitamente”. EEUU también se opuso alegando que un plan así “sería insatisfactorio pues el gobierno de los Estados Unidos tenía la obligación de servir de garantía a los tenedores de bonos de la deuda dominicana.”

Desde Morales Languasco hasta este punto, en el país se usó el dólar como la moneda de curso legal y no fue hasta el 1937 que se recomenzó a emitir moneda nacional en la modalidad fraccionaria. En todo este periodo, los problemas financieros del gobierno dominicano se circunscribieron al endeudamiento externo y como hacerle frente. La imprudencia de los gobernantes ha sido responsable del ominoso paralelismo entre la emisión de moneda nacional y el endeudamiento externo.