Cuando Gobernar se Convierte en una Campaña de Relaciones Públicas

Por Ernesto Heredia

Hay una delgada línea entre informar sobre la gestión pública y hacer propaganda de quienes la administran. En República Dominicana, esa línea parece hacerse cada vez más difícil de distinguir.

Basta revisar diariamente las notas que producen las instituciones del Estado para encontrar un patrón repetido: se entregó una máquina en un hospital, se inauguró una pequeña obra, un funcionario supervisó un trabajo, otro encabezó una reunión y el presidente de la República inaugurará cualquier obra, por pequeña que sea, como si cada actividad administrativa fuera, por sí misma, un acontecimiento de interés nacional.

El problema no está en informar que un hospital recibió un equipo médico. Esa puede ser una información útil para la ciudadanía. El problema aparece cuando la noticia termina concentrándose más en quién entregó el equipo, quién pronunció el discurso y quién cortó la cinta, que en explicar *para qué sirve, cuánto costó, quién lo financió, cuántas personas serán beneficiadas y qué problema concreto ayudará a resolver*.

Ahí es donde la información pública comienza a parecerse propaganda. 

Las instituciones del Estado tienen la obligación de comunicar sus acciones. Pero comunicar no debería significar convertir cada actividad oficial en una pieza de promoción política. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hace el Gobierno con sus recursos, pero también necesita información que le permita evaluar si esas acciones realmente producen resultados.

Una nota institucional puede decir que se inauguró una escuela. Una nota periodística debería preguntarse cuántos estudiantes tendrá, cuántas aulas incorpora, cuánto costó, cuánto tiempo llevaba en construcción, si cuenta con profesores y si realmente ayudará a resolver el déficit de espacios educativos de la zona.

Puede informarse que un hospital recibió una máquina. Pero el lector también debería saber si el equipo está funcionando, cuántos pacientes podrá atender, cuánto costó su adquisición, si existe personal capacitado para utilizarlo y qué ocurría antes de que llegara.

La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

Porque cuando la comunicación oficial se limita a repetir que el Gobierno hizo, entregó, inauguró, anunció y supervisó, termina construyendo una narrativa en la que la gestión pública parece una sucesión interminable de éxitos. Y cuando todos los días hay algo que celebrar, paradójicamente, se termina informando cada vez menos sobre los problemas que todavía esperan soluciones.

También resulta cuestionable la tendencia a convertir al presidente de la República en protagonista de prácticamente cualquier inauguración. Una obra pública pertenece al Estado y se construye con recursos públicos. No debería importar únicamente quién coloca la primera piedra, corta la cinta o pronuncia el discurso, sino qué representa esa obra para la población.

El periodismo no puede limitarse a reproducir boletines.

Tampoco debería convertirse en una extensión de los departamentos de comunicación de las instituciones públicas.

El Gobierno tiene derecho a comunicar sus logros. Los medios tienen el deber de decidir qué constituye una noticia y qué no. Son funciones distintas y deben mantenerse separadas.

El ciudadano no necesita que le repitan todos los días que las autoridades están trabajando. Necesita saber *qué están haciendo, cuánto cuesta, qué resultados produce y si aquello que se anuncia realmente cambia su vida*.

Porque cuando una nota sobre un equipo quirúrgico para un hospital, dedica más espacio al funcionario que la entregó que al paciente que la utilizará, o cuando la inauguración de una obra termina siendo más importante que la obra misma, algo se ha desvirtuado.

Y ese es precisamente el momento en que la información gubernamental deja de parecer información y comienza a parecer propaganda.