Por José D. Sánchez
Ahora bien, para dichas exoneraciones primero debe primar la opinión del sistema bancario cuando realizan préstamos para vehículos y que está acorde con un porcentaje del sueldo devengado, no el salario bruto ni dietas ni asignaciones monetarias por encima, sino el que se recibe después de las deducciones del fisco.
Tomando esto en consideración, las exoneraciones de los legisladores tendrían un tope máximo que rondaría entre 100 mil a 150 mil dólares (6 a 9 millones de pesos).
Cualquiera que sea el monto de la exoneración aprobada, debe tener un asterisco de no poder ser transferible mínimo por 5 años y en caso de venta o traspaso antes de ese período, tiene que ser obligatorio pagar los impuestos correspondientes.
Pero...
"Unas van de cal y otras van de arena".
Los legisladores tienen privilegios innecesarios y bochornosos, tanto económicos como sociales que tienen que ser eliminados, entre ellos el odioso barrilito y otros que los colocan por encima de la ley y según la constitución "nada puede estar por encima de la ley".
En su caso, la inmunidad de la cual gozan y que los exime de ser sometidos a la justicia.
A mí parecer no puede haber, bajo ningún concepto, inmunidad para el asesinato, la violación, el narcotráfico, el robo, el contrabando y la traición a la Patria, entre otros.
Otro privilegio que no tiene justificación, es el de sus pensiones, se convirtieron en juez y parte y crearon una ley particular, la 340 - 98, del Instituto de Previsión Social Para el Congresista Dominicano (INPROSCONDO), que los hace meritorios con tan solo 4 años de ejercicio y muchas veces sin haber cumplido 30 años, de una pensión vitalicia y con 16 años como congresista, la pensión es de 100%, mientras el sistema de seguridad social general, establece un mínimo de 20 años de servicio en una institución del Estado para poder optar por una pensión, máximo el 80%, algo ridículo ante la realidad de los servidores públicos que hemos dedicado de 25 a 40 años al servicio del Estado.
Esto llora ante la presencia de la razón y la lógica.
En caso de no eliminar este discriminatorio sistema de pensión, debe igualarse con lo que establece la ley para todos los dominicanos.
Los legisladores gozan de otros beneficios exclusivos que deben de revisarse, pero será tratado en otro artículo a su debido tiempo.
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