¿Quién Paga Ese Muerto?

Por Ernesto Heredia 

Da rabia, lástima, pena y todo lo que conlleve a sentir dolor, tristeza y lamentos, enterarnos de que quienes están para llevar el orden, son los primeros que hacen el desorden en nuestra sociedad. 

La mañana del miércoles nos levantamos con un hecho sangriento, donde cayeron abatidas 6 personas en el Sector Las Mercedes de Los Alcarrizos, a manos de miembros de la Policía Nacional adscritos al DICRIM, supuestamente estos conformaban una banda criminal denominada “Los Papo Trenzas”, los cuales se dedicaban, según la Policía, a robar, atracar, vender drogas, secuestros y otros delitos, por lo cual procedieron a darle muerte. 

Sin embargo, y según testimonios de vecinos y de los propios familiares de varios de los muertos, alegaron que esos muchachos no eran delincuentes, tal es el caso del joven Eric Ramón Pérez Germán (El Mello), el mismo era empleado de un Supermercado y llevaba 5 años laborando allí de forma ininterrumpida en el área de embutidos. 

También está el joven  Jonathan Tatis Jiménez, quien trabajaba para el Sistema Nacional de Emergencia 911, y según su madre, no pertenecía a la mencionada banda criminal que cayó abatida por miembros de la uniformada.

Hemos visto tantos casos como estos, y lo primero que sale a relucir en los Medios de Comunicación y las versiones de la propia Dirección de Información de la Policía, es que fue un enfrentamiento a tiros entre  la banda y el cuerpo castrense; otra versión es que le estaban dando seguimiento por los delitos que venían cometiendo. 

¿Pero, merece un delincuente, según la versión policial, morir de esa manera, sin que se le aprese y se le haga el debido proceso? 

Y si la versión de los vecinos y los familiares de estos jóvenes es real y, dándole el beneficio de la duda, no eran delincuentes. ¿Quién paga esos muertos? 

¿Cómo son resarcidos los familiares de esos jóvenes muertos a tiros por la Policía (como otras tantas muertes de personas inocentes a mano de los que están “para poner el orden”)?, que si hacemos un recuento, no tendríamos líneas para mencionarlas. 

El artículo 224 del Código Procesal Penal de nuestro País dice: La Policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. En ninguna parte de nuestras leyes, establece que se debe matar a un supuesto delincuente, por los hechos o delitos que haya cometido. 

¿Estamos conscientes de que esa es la forma de acabar con la delincuencia? 

Según nuestras jurisprudencias, todo el mundo tiene derecho a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se le imputan, con plenas garantías de igualdad e independencia. 

¿Quién paga ese muerto, la Policía, el Estado, quién?