Vender los Hoteles Estatales Facilitaría el Turismo Local

Líderes de la talla de David Collado y Antonio Marte, quienes, obrando al unísono, devengarían grandes beneficios para su imagen política.

Por Juan Llado 

Como incongruencias y dislates se pueden calificar algunas situaciones institucionales del sector turístico. Por ejemplo, que el Banco Central sea quien produzca las estadísticas turísticas y no el MITUR, que el mismo Banco retenga valiosas propiedades inmobiliarias de vocación turística sin razón para ello y que el Estado todavía retenga la propiedad de 19 hoteles, son secuelas de la desidia del funcionariado. Por suerte, el Senado ha tomado cartas en el asunto de los hoteles y su investigación debe propiciar su venta para que los ingresos auspicien el turismo al pueblo llano.

Recientemente se anunció que, por iniciativa del senador Antonio Marte, el Senado ha conformado una Comisión Especial para “para investigar el uso y destino de los hoteles del Estado, administrados por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Desarrollo del Turismo (Corphotels)”. En vista de que la prensa se ha hecho eco del tinglado de canonjías y prebendas que se teje alrededor de las concesiones correspondientes, se desprende del anuncio una intención para corregir esos entuertos, por sorpresa proveniente de la clase política. Que provenga del Congreso y no del Poder Ejecutivo, podría verse como una iniciativa sin precedentes.

Corphotels, una entelequia de las sombras cuyo Consejo de Administración es presidido por el ministro de Turismo, fue creado en el 1972 para impulsar la construcción de hoteles mediante la provisión de financiamiento. Esa función nunca se cumplió porque nunca se proveyeron los fondos y la entidad se limitó a manejar los hoteles estatales heredados de la Era de Trujillo. Hoy es un anacronismo perverso porque representa una competencia desleal a los empresarios hoteleros privados: el Estado no está para participar en operaciones comerciales en un sector que tiene ya un inventario de más de 500 establecimientos privados.

Ese absurdo baldón contra la libre empresa turística debe desaparecer en el gobierno del cambio. Alicia Ortega recientemente desveló el necroso expediente de los maleados arrendamientos de esos hoteles para beneficiar a políticos y acólitos del poder. Tal latrocinio debe dar paso a su venta pura y simple. El método debe ser una subasta pública donde se venderían al mejor postor, siempre que se haya establecido una primera puja que refleje idóneamente el valor de su tasación. El dinero así recaudado podrá usarse para financiar el aporte público a diferentes proyectos turísticos que beneficien directamente a la población y contribuyan a la derrama económica de la actividad turística. 

Es probable que el producto de las ventas sobrepase los US$200 millones. En Santo Domingo y Santiago están los hoteles estatales más valiosos. El Hotel Jaragua usa un solar de 70,000 metros cuadrados que, si se tasa en base al precio del terreno solamente, debe significar por los menos US$70 millones. Los cuatro hoteles estatales de la Ciudad Colonial, que incluyen el Hostal Nicolás de Ovando de cinco estrellas y unas 104 habitaciones, no valen menos de otros US$100 millones. Los otros más valiosos serian el Hotel Matum de Santiago con 41 habitaciones y el Hotel Guarocuya de Barahona con 72 habitaciones.. Hay hoteles estatales en Jarabacoa, Mao, Montecristi, San Juan, Sabana de la Mar, Santiago Rodríguez, Higüey, El Seibo y otras ciudades del interior, pero son pequeños y no tan valiosos. 

Según su página web: “CORPHOTELS tiene a su cargo la administración de las siguientes propiedades: 1) Teatro Agua y Luz, 2) Proyecto La Mansión de San José de las Matas, 3) Proyecto Ercilia Pepin de Jarabacoa, 4) Parador Poza de Bojolo (Nagua) y Parador Punta Salina (Bani).” Todos estos activos deberán también venderse. 

¿Qué hacer con los ingresos de las ventas? Mucho dependerá de las prioridades que trace el MITUR y su incumbente. Pero quien esto escribe preferiría que se use la mitad US$100) de esos ingresos para remozar las playas de Palenque y Najayo, resolver con espigones y otros recursos el problema de la contaminación de Boca Chica y habilitar la playa de Sans Souci. Otros US$50 millones se usarían en la creación de hermosas arboledas a la entrada de los 158 municipios del país, el remozamiento de sus parques respectivos y el acondicionamiento de los 20 principales balnearios de rio del territorio nacional. Los otros US$50 millones se asignarían a habilitar y acondicionar las 12 áreas protegidas de mayor envergadura y a poner en valor los principales monumentos y sitios del patrimonio histórico y cultural. Cualquier ministro de Turismo que sea sensible al clamor popular por medios de solaz esparcimiento y acometa estas inversiones, cosecharía la empatía de los nacionales y extranjeros que usufructúen los resultados.

Por otro lado, hay dos grandes obras que esperan por la atención oficial en la Ciudad Primada de América. Específicamente, se trata de la construcción de un centro de convenciones digno de una ciudad de 5 millones de habitantes en su área metropolitana y de la habilitación de la desembocadura del Rio Ozama para atraer cruceros en mayor numero al puerto. Ambas obras multiplicarían grandemente el volumen de visitantes extranjeros a la ciudad. Pero a pesar de que las mismas solo requerirían de una diligente gestión de algún funcionario del gobierno para hacerlas realidad, no debe usarse el financiamiento que provendría de las ventas aquí planteadas, porque la equidad del gasto público requiere que la prioridad sea las obras en el interior del país.

En la investigación iniciada sobre los hoteles estatales la Comisión Especial nombrada por el Senado, tiene una gran oportunidad de hacerle un gran servicio al país si logra con ella que se vendan esos establecimientos. No solo acabaría con un vergonzoso entablado de canonjías y privilegios, adelgazando así al Estado para hacerlo más eficiente. También podría reclamar el mérito de haber provisto los fondos para obras turísticas en el interior del país que beneficien directamente a la población. Los senadores deberán tener esto último muy en cuenta por su segura repercusión en sus posibilidades electorales.