¿Solidaridad o Conveniencia Geopolítica?

Tomar en cuenta el comportamiento de los países ricos en esta pandemia. En el momento apropiado, nuestros intereses nacionales deben inclinarse hacia aquellos quienes nos han ofrecido una oportuna ayuda.

Por Juan Llado

La pandemia ha causado estragos en las economías de los países pobres y de mediano desarrollo, agravando sus niveles internos de pobreza y desigualdad. Los países ricos también sufrieron sus embates, pero su riqueza y capacidades no requieren de ayuda. A 18 meses de haberse desatado la pandemia estos últimos contemplan alguna “solidaridad” hacia los primeros. Pero no parece que la ayuda anunciada será genuina solidaridad sino más bien una mera conveniencia geopolítica, incluyendo la accesible a nuestro país.

Una primera iniciativa provino en abril del 2020
de los países (ricos) del G-20. Decidieron otorgar una “moratoria del pago de la deuda para las 73 naciones más pobres del mundo —38 de ellas africanas— para los préstamos que vencían en 2020. En octubre pasado la moratoria fue ampliada hasta junio de 2021.” En noviembre 2020 decidieron fijar un marco común para la reestructuración de la deuda que “contará con la participación de todos los acreedores, incluido el sector privado.” La misma se iniciaría a petición del país deudor y la evaluación de la solicitud se haría “en función de un análisis de la sostenibilidad de la deuda en coordinación entre todos los acreedores.”

No ha habido condonación ni cancelación de deuda y la solidaridad con los países más pobres se limita a una moratoria y/o reestructuración de la deuda. Las naciones del G-20 no tenían otra opción porque era iluso pretender que esos países pudieran cumplir el servicio de la deuda. Recién en abril 2021 los ministros del G-20 acordaron una última moratoria hasta diciembre. Para proveer liquidez a los países vulnerables pidieron al FMI “una nueva asignación general de derechos especiales de giro (DEG) por valor de 650.000 millones de dólares, que mejoraría la liquidez mundial y ayudaría a la recuperación mundial.”  Ya que tal asistencia se traducirá en préstamos, no habrá verdadera solidaridad (por ser estos reembolsables). A los países del G-20 le conviene que se tomen esos préstamos para aumentar la demanda global por sus bienes y servicios. 

Tampoco hay solidaridad en cuanto a ayudar a los países pobres a vacunar a su población. Mientras Angela Merkel prometía en noviembre 2,000 millones de vacunas, la reciente decisión del G-7 limitó ese monto a apenas mil millones. “Los expertos calculan que serán necesarias 11.000 millones de dosis como mínimo para derrotar a la pandemia a nivel global.” Pero la población mundial hoy día es de unos 7,800 millones de personas y la mitad de ella se tiene como pobre. Si se requiere dos dosis de vacuna por persona, eso implica que para vacunar a los pobres del mundo se requieren casi 8 mil millones de dosis. Por tanto, la promesa del G-7 de aportar mil millones de vacunas es pírrica. Y ni hablar de liberar las patentes para permitir la libre producción de vacunas. 

Sin tener conexión con la pandemia, la reciente reunión del G-7 produjo el anuncio de un programa de inversión multinacional, propuesto por Estados Unidos, que se llamara “Reconstruir mejor para el mundo” como contrapunto al megaproyecto chino “Una ruta, un cinturón”. “Ese plan de China pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conexión entre Asia y Europa.” El megaproyecto del G-7, por su parte, responderá a las necesidades en este ámbito de países de ingresos medios y bajos de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indo Pacífico. 

“Los funcionarios estadounidenses aclararon que con esta propuesta se quiere ofrecer algo al mundo en desarrollo, sin "forzar a los países a que hagan una elección". Y auguraron que ayudará a responder a las necesidades de más de 40 billones de dólares en infraestructuras de esas naciones, que se han visto exacerbadas por la pandemia de covid-19. La propuesta pretende movilizar capital del sector privado para impulsar proyectos en cuatro ámbitos: el clima, la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la igualdad de género, además de contar con inversiones de instituciones financieras.” De manera que lo prometido no incluye inversiones del fisco de los países del G-7, sino de los agentes privados y de las agencias multilaterales. Tal cicatería excluye la ayuda bilateral.

Previo al anuncio del G-7, Estados Unidos había lanzado este modelo de estimulación de inversiones por parte de su sector privado con su iniciativa “América Crece”. Este se enfoca en “impulsar el desarrollo sostenible de energía e infraestructura de alta calidad y acelerar el crecimiento económico en América Latina y el Caribe” (pero excluyendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua). “El objetivo hemisférico es fomentar la creación de empleo y reactivar el crecimiento económico al facilitar los proyectos de infraestructuras” (incluyendo telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos), lo cual requiere entre 100,000 y 150,000 millones de dólares anuales de inversión. Como contrapartida, los gobiernos deberán reforzar “sus marcos normativos y sus estructuras de adquisición para satisfacer las necesidades de financiación.” 

El apoyo del gobierno de Estados Unidos a esta iniciativa se limita al “compromiso diplomático de alto nivel, el marco oficial de los memorandos de entendimiento, (MOU) y asistencia técnica e intercambios, así como el aprovechamiento de los diálogos bilaterales y los foros regionales existentes para compartir las mejores prácticas bilateralmente y a través de instituciones regionales, asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil.” De manera que el fabuloso anuncio de que invertirán hasta US$4,000 millones en el sector eléctrico dominicano para conjurar el déficit de producción sustentable, puede resultar un espejismo si el sector privado de ese país no materializa las inversiones. De cualquier modo, el interés de su gobierno estaría motivado por la necesidad de encontrar mercado para su sobreproducción de gas natural. 

Los anuncios reseñados revelan la nula o escasa solidaridad de los países ricos --entendida como sacrificio de sus prendas para favorecer a los más necesitados-- con los pobres en tiempos de pandemia. Las iniciativas están enmascaradas por el afán de lucro y solo buscan negocios para su sector privado. Una cosa muy diferente hubiese sido, por ejemplo, una condonación de deuda y una masiva asistencia sanitaria con vacunas suficientes, equipos de hospital y materiales para las pruebas de laboratorio. Tan bochornosa mezquindad viene acompañada por la indolencia al ignorar el agravamiento de la pobreza y la desigualdad frente a los enormes beneficios que los individuos más ricos han derivado de la pandemia. Las propuestas de Biden para que los ricos paguen un impuesto adicional y la propuesta de una tasa mínima del impuesto sobre la renta para las multinacionales, solo tienen vigencia en sus economías para beneficio de su rico fisco. No se percibe altruismo internacional en ninguna de esas propuestas. 

No importa que la ONU haya pedido solidaridad de los países ricos para ayudar a financiar los gastos de los pobres por la pandemia.  La OMS ha enrostrado indolencia a los países ricos por no liberar las patentes de las vacunas. A nivel mundial, la única solidaridad ha venido de los organismos multilaterales –Banco Mundial, FMI, BI -que han acelerado sus préstamos para ayudar a combatir la pandemia.  Pero eso tampoco es suficiente solidaridad porque proveer financiamiento oportuno no se traduce en mejores y más flexibles condiciones de pago. Esas agencias multilaterales deben también ofrecer moratorias y condonaciones de deuda. 

La miopía que produce la mezquindad la pone de manifiesto un exadministrador del PNUD: “Si los países pobres no consiguen contener sus brotes de COVID‑19, el virus puede reaparecer en países ricos que creían haberse librado de él. De modo que la solidaridad con los países en desarrollo es una cuestión a la vez de ética y de visión a largo plazo. No pasar esta prueba de solidaridad dejará profundas heridas psicológicas en los países abandonados a su suerte, lo que sentará las bases para muy variadas formas de extremismo y nuevas crisis (de pandemias a guerras) que serán una amenaza para todos.” 

República Dominicana deberá tomar en cuenta el comportamiento de los países ricos en esta pandemia. En el momento apropiado, nuestros intereses nacionales deben inclinarse hacia aquellos quienes nos han ofrecido una oportuna ayuda y, con ella, salvado vidas dominicanas.