¿Apocalipsis de la Impunidad?

Sobre el accionar de la Procuraduría General de la República se ciernen ahora algunos sombríos nubarrones que podrían dar al traste con su exitoso desempeño.

Por Juan Llado 

La sociedad dominicana ha incubado grandes expectativas de redención con el nombramiento de un Ministerio Público independiente. La sed de justicia que desató la enorme corrupción prohijada por el gobierno recién pasado aspira a verse satisfecha con esa pertinente contrapartida. Sin embargo, sobre el accionar de esa dependencia se ciernen ahora algunos sombríos nubarrones que podrían dar al traste con su exitoso desempeño. Si no se adoptan las medidas que los despejen, la decepción de la población podría malograr el esfuerzo de restauración de la moralidad pública.

La cuestión comporta una importancia capital. La actual coyuntura de nuestra imperfecta democracia está matizada por los grandes problemas causados por la pandemia, entre los cuales figuran la pérdida de empleos y el elevado desempleo. Afortunadamente, la tregua política que el advenimiento del nuevo gobierno trajo consigo ha permitido un manejo aceptable de la situación general. Pero el problema de la corrupción y la impunidad --un eje central de la pasada campaña electoral-- amerita una atención especial que esté acompañada de los medios que la hagan viable.

Las circunstancias con que las nuevas autoridades de la PGR han iniciado su trabajo, son muy sui generis. No solo se ha tenido que desmontar el entramado altamente politizado de los anteriores incumbentes, sino también enfrentar un venenoso fardo de negligencia en materia de persecución de la corrupción. Dadas las enormes expectativas de la población, esas circunstancias justifican el diseño de un plan especial para enfrentar los flagelos. El Plan Estratégico 2010-2015 de la PGR y el subsecuente Plan Estratégico Institucional del Ministerio Público 2016-2020, no responden cabalmente a las actuales circunstancias. Y la opinión pública no conoce de ningún plan de acción que paute el desempeño de la actual gestión.

El radio de acción de la PGR es amplio y demandante. Esta es “responsable de la implementación de la política contra la criminalidad, la investigación penal, la administración del sistema penitenciario y correccional, la protección y atención de víctimas y testigos, persecución de la corrupción y el fraude.” Sin duda el accionar de la PGR requiere ahora de la actualización de sus planes estratégicos. Pero mientras estos se elaboran conviene centrarse en cinco áreas estratégicas de neurálgica importancia para hacer frente a las acuciantes circunstancias que ponen en peligro la dignidad de su desempeño.

1. Seguridad de los fiscales: Producto del temple y la efectividad con que la incumbencia de la PGR ha enfrentado el reto de la lucha contra la impunidad, se han revelado planes de sectores cavernarios para atentar contra la seguridad de Yeni Berenice Reynoso. Independientemente del asidero que tales alegatos pueden tener, las implicaciones que puede acarrear su persecución para la fortuna de los encartados, son motivo suficiente para tomar las amenazas en serio y proceder a blindar la seguridad de todos los fiscales actuantes, más allá de lo que ha sido posible hasta ahora. Si es necesario contratar mercenarios israelíes para proteger a la Directora General de Persecución se deberá hacer el gasto correspondiente sin titubeos.

En tal sentido, se requiere que tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa monten una protección especial para resguardar la seguridad de los incumbentes. La coyuntura justificaría que la PN cree un departamento nuevo de policía judicial –y no un Cuerpo Técnico de Investigación-- con especialización en esa protección y bajo la tutela directa del Procurador (como está la Unidad de Protección de Testigos). Mientras se espera que actos legislativos posteriores le dan cabida a la Policía Judicial, ese departamento debe contar con los mejores investigadores y con protectores entrenados que respondan directamente a los funcionarios de la PGR. Las consecuencias de un atentado exitoso contra sus vidas podrían desatar un desacato civil de impredecibles consecuencias.

2.Recursos presupuestarios: El comprensible y oportuno reclamo por más recursos presupuestarios que ha planteado Miriam German Brito, en vista de que el presupuesto de la PGR cuenta con un 40% menos que en el 2020, debe ser atendido con presteza y magnanimidad. EL reclamo no solo se justifica porque la Ley No.194-04 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto del Estado, sino porque la ingente tarea de combate a la impunidad lo requiere. Participación Ciudadana ha exigido que se le otorgue “partidas acordes con lo solicitado” para el año 2021 en adición a otras partidas que deben ser conocidas e incorporadas a la revisión del Presupuesto Complementario próximamente. 

El Frente Amplio ha secundado la petición de Participación Ciudadana con una mira más abarcadora. En adición a la consecución de la justicia penal ha pedido también un esfuerzo para recuperar lo robado. Eso requerirá de un cuerpo de abogados que actualmente no existe, aunque el Poder Ejecutivo haya dado encomiendas puntuales a tres o cuatro. Ya anunciado por la PEPCA, esto pasará por una investigación adicional al caso de Odebrecht (2.0) que investigaría en Brasil todo lo concerniente a los delitos de los cómplices locales de Odebrecht. Por otro lado, se admite que los delitos financieros también requieren atención, pero la suprema prioridad es el combate a la corrupción administrativa dentro del Estado. 

3.Priorizacion de casos del PEPCA: La satisfacción de las ansias de la ciudadanía por un mandarriazo a la impunidad, no se logrará a menos que esta dependencia priorice su atención a los más de 500 casos de corrupción que tiene en archivo (y de los cuales 400 son viejos), siguiendo hasta ahora más de 21,000 pistas de corrupción. Para ser realista, se debe admitir que no es posible, ni siquiera con más amplios recursos presupuestarios, que la PGR pueda perseguir tantos casos en este cuatrienio de gobierno. En consecuencia, se impone una priorización de los casos, atendiendo a los de mayor envergadura en materia de prevaricación, abusos contra el fisco y posibilidades de restauración. De los 500 casos bastaría con centrar la atención en los 100 más graves. 

La PGR nombró unos 22 fiscales adicionales cuando los nuevos incumbentes tomaron posesión el año pasado. Pero es muy posible que eso no sea suficiente. Además, sería conveniente que la PEPCA se articule fuertemente con la Direccion General de Ética e Integridad Gubernamental a fin de crearle un cuerpo de fiscales que persigan los indicios de corrupción que se desprendan de las auditorias de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la Republica. Es a la DGEIG donde primero deben llegar las denuncias de corrupción de la actual Administración. 

4.Manejo de Prisiones: Ya la población carcelaria del país monta los 27,000 privados de libertad, de los cuales un 58% son internos preventivos. (Hay tambien mil reclusos que han sido liberados, pero siguen en prisión porque no han podido pagar la garantía económica que se les impuso.) Sobre la mayoría de las prisiones que no están incluidas en el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, las cuales concentran 62% de los internos, se oyen múltiples y estridentes quejas sobre su funcionamiento. La PGR debe acelerar la habilitación de la Nueva Victoria, procurando cobrar el balance de lo que debe Odebrecht por el Acuerdo Homologado. Pero mejor aún sería que las prisiones pasaran a ser responsabilidad de la Policía Nacional. La PGR debe concentrarse en perseguir el crimen y no en manejar los convictos.

5.Profilaxis de Fiscales: Es vox populi que una mayoría de los fiscales de las provincias fueron nombrados por su afinidad con el partido de gobierno del cuatrienio pasado. Urge adecentar al Ministerio Público con la designación de profesionales independientes y de carrera y, al ser la Procuradora la presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, a ella le toca cumplir con esa tarea. Yeni Berenice puede ayudar mucho en eso dada su experiencia como docente en la Escuela Nacional del Ministerio Publico. 

Si se adoptaran las anteriores prioridades, es casi seguro que la gestión actual de la PGR se colme de gloria, recibiendo la aprobación de la mayoría de la población. Ese resultado es indispensable para restaurar la mallugada moralidad pública –cuya quintaesencia es la justicia-- y fortalecer la institucionalidad, además de preservar el honor del gobierno del cambio.