La privatización debe hacerse lo antes posible bajo la premisa de que solo los inversionistas extranjeros podrían participar en las operaciones de compra.
Por Juan Llado
A 9 meses de instalado el nuevo gobierno, todo parece indicar que la situación del sistema eléctrico nacional ha empeorado. Por supuesto, las expectativas que se desprendían de las promesas de campaña auguraban lo contrario. Pero en la prensa se reporta el aumento de las nóminas y de las pérdidas de las Edes y el insatisfactorio funcionamiento de la planta de Punta Catalina. Como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está en capaces, honestas y responsables manos, no queda otra alternativa que pensar que no se están siguiendo sus directrices.
La Ley No.100-13 que creo el MEM, le asignó al MEM la responsabilidad por la “formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional.” En su Art.2 se establece como “órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estratégicas, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minera.”
Según ese artículo, el MEM debe “asegurar que
el funcionamiento de las instituciones descentralizadas se ajuste a las
prescripciones legales que les dieron origen; velar que cumplan con las
políticas y normas vigentes y que operen en un marco de eficacia, eficiencia y
calidad.” Mientras, el Art.7, acápite f) le asigna al ministro “la rectoría de
las políticas públicas que tienen que desarrollar los institutos autónomos,
empresas y patronatos públicos adscritos a sus despachos, así como las
funciones de coordinación y control de la tutela que le correspondan.” Entre
otras, la citada ley establece también que la CDEEE y la Comisión Nacional de
Energía están adscritos al MEM, siendo el ministro el presidente de la Comisión.
Es vox populi que en la Administración
anterior el MEM no pudo controlar todas las dependencias que le fueron
asignadas por la ley. En la web se puede inclusive encontrar un anteproyecto de
ley para ampliar su ámbito de acción y asignarle la responsabilidad por los
hidrocarburos, pero eso tampoco prosperó. La CDEEE en particular siguió
actuando por su cuenta, tal vez por la cercanía política de su administrador
con el presidente Medina. Sin embargo, durante la campaña electoral, el PRM
prometió que el MEM tendría efectivo control y autoridad sobre tanto los entes
adscritos como los colindantes. Y eso es precisamente lo que está hoy en juego:
parece que el MEM no logra imponerse sobre algunas piezas claves del
rompecabezas eléctrico.
Circulan rumores de que el empeoramiento de
las Edes se ha debido a que sus respectivos administradores no han cumplido con
las directrices que el MEM les ha trazado. (Esto aplica más con relación al
volumen de empleados que a las perdidas; estas últimas se han incrementado
porque la energía servida ha aumentado). El resultado es que no se está cumpliendo
a cabalidad con el Programa de Reducción de Perdidas del
Sector Eléctrico. De cualquier modo, el Consejo
Unificado que se creó por decreto para
manejar todas las Edes parece no estar teniendo la efectividad que se le
atribuyó en teoría.
En cuanto a la situación de Punta Catalina, un reporte de prensa da cuenta de que la Unidad I “está generando menos energía y mayor contaminación, debido a la falta de materiales que intervienen en el proceso de combustión para evitar el escape de partículas sólidas al medioambiente.” Tal afirmación fue posteriormente desmentida por la gerencia de la central, alegando que la planta está funcionando de manera normal. Pero si a eso le añadimos que la Unidad II está siendo reparada por un pinche en la caldera desde enero de este año, quedará claro que Punta Catalina no está aportando lo que debe. Aparte de eso, existe una encendida controversia sobre el impacto de las cenizas que genera el uso del carbón. A pesar de que la opinión de un experto dice que no hacen daño al ambiente si se sigue el protocolo reglamentario y que el MEM dijera que se negocia con las plantas de carbón para su uso en la fabricación de cemento y bloques de hormigón, algunos usan las cenizas como una razón más para pedir la (costosa) conversión de la planta a gas natural.
Por las razones que fuere, el enorme dolor de cabeza que ha significado esa
planta sigue campante y sonante. Originalmente el PRM se había comprometido con la contratación de un operador privado para la planta, pero eso no ha sucedido (aunque haya una licitación en curso para escogerlo). No se puede negar que la gerencia nativa, aunque no sea culpable, luce responsable de los tormentos que acogotan la planta. Por otro lado, circulan rumores de que el gobierno se prepara para vender la planta a inversionistas nacionales de los más acaudalados. Eso podría resultar negativo para los intereses colectivos, a menos que a los compradores se les conceda un PPA correcto y ese sea debatido y refrendado por la opinión pública.
Luce claro, entonces, que el incumbente del MEM no ha podido ejercer una tutela unificada del sector eléctrico como es deseable. En cierta medida, el mismo gobierno central ha saboteado su autoridad nombrando un Gabinete Eléctrico a quien debe supeditar sus decisiones, echando a un lado las disposiciones de la Ley No.100-13. Por otro lado, la deseable unidad nacional para la reforma del sector eléctrico ha quedado resquebrajada por el Pacto Eléctrico firmado por solo una parte de los constituyentes. El ministro del MEM ha dicho que ese Pacto “no es para beneficiar a las elites económicas”, pero con la actual disgregación que acontece en el sector, nadie puede garantizarlo.
Frente a este escenario tan disperso, los repetidos reclamos de las agencias multilaterales para que se conjure el problema del subsidio eléctrico caen en el vacío. También quedan en entredicho los problemas de los apagones, las pérdidas de las Edes y el manejo de la planta más grande del sistema de generación. Todos esos problemas no solo siguen vigentes, sino que además están empeorando. En vista de que el sector eléctrico pende como espada de Damocles sobre las perspectivas del desarrollo económico del país y sobre la consolidación de las finanzas públicas, es preciso entonces que el presidente Abinader aseste un “golpe de timón” para imponer una estrategia integral bajo la firme égida del MEM.
A todas luces, la atomización del mando en el
sector eléctrico público es un problema político. Si antes la maldición del
sistema eléctrico público era la política y la corrupción, ahora parece que
estamos empantanados con la política (que se manifiesta en formas de corrupción
más taimadas como el clientelismo.) El partido de gobierno ha tenido que
satisfacer a una serie de dirigentes y allegados que no se subordinan como
deben al mando unificado del MEM. Y da la impresión de que este desparpajo
continuará mientras la autoridad máxima del Estado no deje claro y sin rodeos
que deben subordinarse.
Pero como en las presentes circunstancias eso
es poco probable, no queda otra alternativa que no sea la privatización de las
Edes y de Punta Catalina. La medida no solo resolvería el problema del
subsidio, sino que conjuraría todas las demás situaciones calamitosas que no se
están resolviendo. Y si se aprovecha para vender todos los otros activos
estatales de generación, se podría también narigonear la deuda externa y
disponer de recursos para incrementar la inversión publica y mejorar el sistema
de salud.
El único bemol de la privatización como medida
salvadora, sería la composición de los adquirientes de los activos estatales. A
los intereses colectivos de la nación no les conviene que las “elites
económicas” adquieran esos activos porque se podrían crear situaciones
oligopólicas y hasta monopolios. En consecuencia, la privatización debe hacerse
lo antes posible bajo la premisa de que solo los inversionistas extranjeros
podrían participar en las operaciones de compra. El mismo ministro del MEM
podría dirigir esas desvinculaciones, dada su probada honestidad e integridad.
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