Infausto Baldón de la Respuesta a la Pandemia

Por Juan Llado 

Un examen preliminar del impacto social de la pandemia, dejará claro que, en el manejo oficial de la crisis, la dignidad de los pobres del país ha sido vilmente atropellada. Mientras el consecuente impacto económico ha reducido drásticamente sus medios de supervivencia, el gobierno no ha respondido con generosidad y equidad a su grado de vulnerabilidad. Mas bien ha procedido tardía y miserablemente frente a ellos, profundizando su pobreza y la desigualdad social. Para restañar esas heridas a su dignidad, el nuevo gobierno que asumirá en agosto deberá adoptar medidas que compensen esa reprochable negligencia.

Juzgado en su conjunto, el manejo oficial de la crisis ha sido, en muchos aspectos, torpe, mezquino y políticamente sesgado. Para comprobar ese baldón, basta con analizar, a vuelo de pájaro, las medidas tomadas por tipo, secuencia, modalidad de aplicación y repercusión económica.  La visión panorámica que emerge de ese examen conduce a la triste conclusión de que en nuestro país el jodido no tiene quien le escriba. Y porque las respuestas a la crisis debieron provenir principalmente de la clase política que tutela la sociedad, los yerros del partido de gobierno debieron ser señalados por toda la oposición y no lo han sido. Estos juicios de seguro serán refrendados por una más sistemática y exhaustiva evaluación que la Alianza por el Derecho a la Salud está elaborando.

Es cierto que la crisis provocada por la pandemia ha sido inédita y que la misma cogió de sorpresa al país y a las autoridades. (Había un plan contra la influenza, pero no pudo anticiparse al Covid-19.) También es cierto que, bajo el notable y diligente liderazgo del ministro de la Presidencia, en el área sanitaria se tomó el toro por los cuernos con relativa rapidez. Las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia –cierre de puertos y aeropuertos, toque de queda, cuarentena, higiene personal requerida, etc.– reflejaron los lineamientos de la OMS y la OPS. Los expertos contratados orientaron el trabajo adecuadamente. Pero surgen dudas sobre la pertinencia de las medidas, porque otros países no han acudido a ellas y han tenido resultados satisfactorios.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que desde el inicio no se haya pensado en aplicar un masivo programa de pruebas fácilmente asequibles a toda la población? Los países que han tenido éxito notable en el control de la pandemia –China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda—introdujeron las pruebas masivas y el rastreo de contactos desde muy temprano. En Uruguay y Costa Rica, por otro lado, las restricciones no han sido tan severas y los resultados han sido aceptables. Y ni hablar de la drasticidad con que algunos países han aplicado el distanciamiento social –España, Italia, El Salvador—y el aislamiento de los contagiados. Las respuestas de esos países permiten cuestionar la alegada relevancia de las aquí aplicadas.

Pero el manejo de la crisis ha sido más cuestionable en lo relativo a sus repercusiones económicas. Guiándose por el principio de la equidad, el gobierno debió amortiguar las consecuencias negativas de la pandemia en el aparato productivo y en la población más vulnerable. Partiendo de la garantía de los derechos que consagra la Constitución y motivado por la dignidad ciudadana, a quienes primero debió atender fue a los segmentos más débiles y vulnerables. 

El Banco Mundial dice que este “es el grupo de ingreso más grande del país (41 por ciento), y corre el riesgo de volver a la pobreza en caso de un trastorno.” Esa entidad reporta que más de 2 millones de dominicanos, o 21% de la población, viven en la pobreza. Era en esa quinta parte de la población donde la acción gubernamental debió concentrarse prioritariamente, seguido por el segmento que, no siendo pobre, todavía está en condición vulnerable.

Al impartir su solidaridad, las primeras medidas compensatorias del gobierno no reflejaron ese elemental principio de equidad. En una insólita comparecencia del Gobernador del Banco Central y del Ministro de Hacienda, lo primero que se anunció fue un paquete de medidas monetarias, crediticias e impositivas para estimular al aparato productivo mediante concesiones a las empresas. Quedó claro que el sesgo político de la prioridad fue a favor de los que menos necesitan. El haber atendido a ese segmento como primera reacción a la pandemia, amerita la renuncia de esos funcionarios por la indolencia que demostraron. Haber ampliado y diversificado esas medidas posteriormente, cuando el consumo ha estado en suspenso y las empresas no esenciales cerradas, solo ha añadido insulto a la herida.

Cuando al fin se dieron cuenta de la metida de pata, anunciaron los programas “Quédate en casa” y FASE. El primero iría en auxilio de 1.6 millones de los hogares más pobres y el segundo pagaría un 70% de los salarios de los empleados paralizados o cesanteados. Aquí lo criticable no son los blancos de las medidas, sino la inversión de valores: mientras el trabajador formal está en una mejor posición económica por tener un empleo y seguridad en el trabajo, los informales y los pobres sobreviven “a la buena de Dios”. Eso implica que las ayudas a estos últimos debieron ser mucho más generosas que las concedidas a los empleados. Si el PROSOLI proveía un subsidio mensual de RD$850 y el subsidio lo llevaba a RD$5,000, y si para los del FASE llegaba a RD$8,500, debió haber un cambalache. Los que en peores condiciones estaban debieron recibir el mayor aporte.

El derrame de promesas para las mipymes acusa un similar desenfoque. Si bien es correcto acudir en su ayuda cuando ya se ha anunciado un abanico de medidas para las grandes empresas, esa ayuda debió dosificarse en función del nivel de debilidad de cada una. Al tener menos de 10 empleados, las micro y las pequeñas ciertamente merecen una atención mayor que las medianas y grandes que tienen más de 50 empleados. Al analizar sus respectivas capacidades, solo debió auxiliarse a las micro y pequeñas, especialmente en lo relativo al Fondo de Garantía anunciado.

Lo mismo aplica a las demás compensaciones económicas. Cuando el clamor se tornó avasallante por una atención a los pobres no incluidos en los registros de PROSOLI, el gobierno entonces amplió la cobertura de su asistencialismo. La 

vicepresidenta anunció la adición de unas 200,000 personas y luego añadió otra cantidad. También se anunció que los subsidios cubrirían al mes de junio, justo antes de las elecciones. Más recientemente, se anunció el programa “Pa’ Ti” para los más rezagados, quienes serán auxiliados con una sola cantidad de RD$5,000. Este itinerario de dilaciones demuestra que los más débiles han sido los últimos a ser invitados a regañadientes a la mesa y que las migajas asignadas han sido las más exiguas. Y todavía son frecuentes los reportes de que los más débiles de los débiles no recibirán nada, por no haber sido identificados y registrados. A esos se los llevó el mismísimo diablo.

Un similar desbarajuste ha ocurrido contra los pobres en materia sanitaria. Tanto respecto a la realización de las pruebas como a la atención medica en centros de salud, los pobres han sido marginados. El gobierno ha prometido pagar las pruebas, pero se oye por doquier que los hospitales donde acuden solo ofrecen pruebas rápidas; como los pobres no tienen seguros privados, no pueden acudir a las clínicas (donde los resultados son más rápidos). Por su lado, los hospitales primero estuvieron cerrados a los pacientes del virus y luego han sido muy pocos los habilitados. Cuando los pobres logran hospitalización, confrontan graves dificultades: mientras el gobierno paga los tratamientos en las clínicas privadas –donde acude la clase media—en los hospitales se carece de los medicamentos y el personal para dar un cuidado adecuado. Esa situación representa otra grosera inequidad porque favorece, con la ayuda estatal, a los que menos la necesitan, además de favorecer a las clínicas y seguros privados que son prosperas empresas.

Algo similar ha ocurrido con las dádivas alimenticias. Si bien el gobierno anunció tempranamente que el desayuno escolar y el almuerzo (para los de la tanda extendida) se entregarían en los hogares de los más de dos millones estudiantes de las escuelas públicas, las fundas de alimentos que se han entregado a altas horas de la noche las han captado en primera instancia los militantes del partido de gobierno inscritos en PROSOLI. Se han dejado para ultimo los asilos de ancianos, los orfanatos y otros establecimientos de beneficencia. Puesto que los contenidos son productos de ordinaria calidad, tampoco puede alegarse que se ha honrado con ellos la dignidad de los pobres.

Además de en la distribución de alimentos, el reprobable sesgo político de las ayudas se ha evidenciado, en el nivel y secuencia de la atención a los diferentes segmentos de la población. Se ha favorecido prioritariamente a los más poderosos y asistido miserablemente a los más débiles. Pero el colmo ha sido el protagonismo del candidato presidencial oficial, quien usando recursos provenientes de fuentes insondables, ha enarbolado el asistencialismo partidario para promover su candidatura. Ahora solo falta que el gobierno sea manirroto con los recursos de las AFP durante el presente mes, para atraer votantes a las urnas del 5 de julio.

Un observador calificado ha sentenciado: “El coronavirus afecta a todo el género humano, pero en las actuales condiciones de vastos sectores de la población en pobreza y altas desigualdades, los pobres son mucho más vulnerables”. 

“Expresando el descontento social al respecto en una encuesta Gallup a 65.000 interrogados en 60 países, el 69% dijo que las diferencias entre ricos y pobres en sus países “no eran juego limpio”. Los altos niveles de desigualdad y pobreza llevan a que los pobres tengan mayores posibilidades de contraer la enfermedad en sus modalidades más agudas.” Aquí ya se ha señalado que el coronavirus aumenta los niveles de informalidad y la desigualdad social.

Queda claro que la única tragedia de la pandemia para nuestro país no ha sido la de los hospitalizados y fallecidos. La otra tragedia ha sido la insuficiente y tardía atención a los segmentos más vulnerables y débiles de la población, una oprobiosa falta de respeto a su dignidad a nombre de una mezquina solidaridad. Algunos epidemiólogos ya predicen que cuando la transmisión comunitaria alcance los barrios marginados y a las comunidades rurales más pobres, habrá un rebrote del virus. Por eso el nuevo gobierno que asumirá en agosto debería tener listo un menú de intervenciones que sea más cónsono con la dignidad humana de los más débiles de la sociedad. La principal medida debe ser la de establecer un Ingreso Básico para los Pobres (IBP), tal como ha hecho España. Solo así se restablecerá su mancillado honor y su supervivencia seria menos desesperante.