Valores Éticos y Conductas Pandémicas

Por Juan Llado 

En tiempos de gran calamidad pública los pueblos procuran la unidad nacional para hacer lo moralmente correcto. Valores tales como el altruismo, la solidaridad, la lealtad y la equidad, constituyen criterios válidos para juzgar los comportamientos. Sin embargo, en el escenario actual donde el empresariado, el gobierno, los partidos políticos y las iglesias son los sectores preponderantes, no todos se comportan con la altura debida. Y según los reportes de prensa, es el gobierno quien más deja que desear al preferir actuar solo y dar la espalda a los esfuerzos mancomunados que podrían contener el COVID-19 y su secuela económica.

En materia sanitaria las medidas adoptadas por las autoridades han estado a tono con las necesidades. Aunque para algunos, la cuarentena fue tardía, el fenómeno de la pandemia nos tomó de sorpresa y aun así estuvimos entre los primeros países del continente en reaccionar. El cierre de las fronteras fue obligatorio y oportuno. Para no ser mezquinos se debe reconocer también que los ministros de la Presidencia y de Salud han hecho un arduo trabajo, así como el personal policial, sanitario y militar. En lugares donde la pandemia ha apretado se ha ido en su auxilio con aceptable presteza. Pero en la provincia Duarte la oferta de un hospital móvil del candidato Abinader fue declinada sin justificación. El gobierno prefirió instalar su propio hospital móvil, mientras el candidato Castillo fumigó la ciudad y donó materiales médicos.

El gran empresariado, por su parte, ha interpretado al “nuevo capitalismo” con sus aportes solidarios. Siguiendo el primer ejemplo del Centro Financiero BHD Leon, la donación de RD$50 millones ha sido replicada por la Fundacion Corripio, el Grupo SID, el Grupo Rizek, el Grupo Punta Cana y la familia Rainieri. Algunas grandes empresas afiliadas al CONEP prometieron un total de RD$286 millones, mientras la empresa Helidosa donó otros RD$20 millones y la Fundacion Perelló RD$30 millones. El aporte empresarial más generoso proviene del Centro Financiero BHD Leon y MAPHRE con un total de RD$92 millones, incluyendo un aporte de RD$10 millones solo para la provincia Duarte. El total de tales donaciones asciende a menos de mil millones de pesos (o US$18.5 millones).

Hasta ahora, han brillado por su ausencia las empresas de Santiago, algunas extranjeras (p. ej. Central Romana, CEMEX) y otras grandes de otras partes del país. Pero varias otras empresas, como los bancos y otras instituciones financieras, han modificado sus prácticas para flexibilizar las obligaciones de sus clientes, dándole plazos mas holgados y eximiendo el pago de algunas cargas. 

Deben también citarse algunos aportes empresariales en especie: Brugal y la Barrick han donado miles de galones de alcohol, ASONAHORES ofreció 1,500 de sus habitaciones hoteleras para uso sanitario y un empresario santiagués donó 100,000 libras de arroz. Una donación en dólares fue la del basquetbolista Al Horford (US$500,000). Pero se desconoce cómo se canalizarán todas estas ayudas. En Ecuador el gobierno creo una “cuenta nacional humanitaria” para que las contribuciones se usen con fines sanitarios, de alimentos y de empleo.

De los partidos políticos no ha surgido un caudal comparable. El PLD promete un aporte de RD$35 millones, mientras el PRM no ha ofrecido dinero pero ha donado 26 ambulancias a igual numero de municipios principales y materiales médicos en La Vega y varias otras localidades, superando así al partido de gobierno. El expresidente Fernández, por su parte, ha prometido aportes para la provincia Duarte y reclamado atención a los más necesitados. De los partidos minoritarios solo se ha reportado una modesta donación de País Posible y la cooperación de Alianza País, poniendo sus redes al servicio de los mensajes sanitarios. Es lamentable que entre los principales candidatos presidenciales existe un claro pugilato proselitista, instrumentalizando la asistencia humanitaria con fines electorales. Se da la paradoja de que la oposición no puede competir con el candidato presidencial oficial, pero está obligada a realizar donativos, so pena de descorazonar a los electores con su pasividad.

Las iglesias, por su parte, están haciendo lo propio. Además de suspender sus eventos litúrgicos para ayudar con la cuarentena y transmitir los mensajes de prevención de contagios, las iglesias han comprometido su asistencia humanitaria de diversas formas. El gobierno pidió y recibe su ayuda para la distribución de alimentos, mientras algunos donantes empresariales también han canalizado algunos aportes a través de sus ministerios. Especialmente destacada fue, en el caso de la Iglesia Católica, la severa crítica a la corrupción en medio de la pandemia en el Sermón de las Siete Palabras. Sin duda eso aplica a las fraudulentas pero frustradas compras de materiales médicos y de alimentos.

En materia económica, la actuación del gobierno merece algunos serios reproches. Inicialmente, lo que más sorprendió fue el amplio abanico de medidas de estimulo para el aparato productivo (monetarias, crediticias, impositivas) cuando lo primero debió ser una pléyade de medidas de protección social para los segmentos más vulnerables de la población. Esa prioridad fue desconcertante, porque erróneamente se creyó que el consumo seguiría igual en tiempos de cuarentena. Dio la impresión de que el gobierno acudió primero a asistir a los más poderosos en detrimento de los mas débiles.

Cuando finalmente se desplegó la respuesta económica al drama social, se pecó de mezquindad. Tanto el monto del subsidio monetario a las familias pobres y trabajadores informales como su duración, son miserables. (Por lo menos debe durar cinco meses y ascender al doble de lo asignado.) También debió preferirse el subsidio monetario a la distribución de alimentos, por las dificultades logísticas que ello implica. Las facilidades crediticias que han seguido para auxiliar a las pymes están bien orientadas, pero carecen de cierta racionalidad mientras no se restablezca el consumo. La parte del programa FASE para auxiliar a las empresas a fin de que mantengan su empleomanía, si está bien encaminada.

Mientras tanto, han aflorado algunos reportes que, de ser ciertos, satanizarían aún más la respuesta social del gobierno. Varias familias pobres consultadas reportan que han visto frustradas sus aspiraciones de calificar por el subsidio del programa “Quédate en casa”, porque no están inscritos en el partido de gobierno. Sus intentos de inscribirse en el SIUBEN no han podido prosperar, porque todas las oficinas de esa dependencia permanecen cerradas. Los que no están ya registrados solo consiguen que los tomen en cuenta cuando algún alcalde o presidente de junta de vecino de militancia peledeísta, logra inscribirlos. Y lo mismo sucede con la distribución de alimentos, estos llegan a los barrios capitalinos en altas horas de la noche y solo lo reciben los inscritos en el PLD.

Esta denuncia debe ser investigada. De ser ciertas estas prácticas, el gobierno estaría incurriendo en una bajeza al desamparar aquellos que no simpatizan con su parcela política. Además, en medio de un período preelectoral, se estaría incurriendo en una desnaturalización perversa de la competencia democrática. La JCE debe ordenar una investigación inmediata para poner la casa en orden. Esas practicas clientelistas son peores para la institucionalidad democrática que el desguañangue de las finanzas públicas en un año electoral, que ha sido la norma en la época postrujillista.

Sería relativamente fácil para la JCE esclarecer la situación. Si cruza el registro del SIUBEN con el padrón del PLD, podrá determinar hasta qué punto esa militancia está representada entre los beneficiarios de “Quédate en Casa”. Por otro lado, el gobierno debe examinar el padrón del PRM para identificar a todos los mayores de 60 años e incluirlos en programa. Del resto de los inscritos también se entresacarían aquellos que son jefes de familia y no están actualmente en el SIUBEN. Ellos deben ser incorporados de inmediato al programa para corregir la citada inequidad.

Por estar reñido con la unidad de propósito que demandan las circunstancias, lo peor ha sido que las múltiples ofertas del PRM para cooperar en la batalla contra el virus, han sido ignoradas o rechazadas por el gobierno. Los aprestos proselitistas de los candidatos pueden ser criticados por inoportunos frente a una calamidad pública. Pero la negativa a actuar mancomunadamente que acusa el gobierno, es más reprochable. Esta coyuntura requiere de una actuación unida de todos los sectores y de muestras fehacientes de cooperación entre actores. Preferir un protagonismo hegemónico bajo las circunstancias, desvela una actitud mezquina, porque a la población le conviene más que haya una estrategia nacional de respuesta con sello ecuménico.

En tiempos pandémicos, el presidente Medina está emplazado a demostrar su lealtad a su pueblo rigiéndose por sus valores éticos. En la historia, los estadistas se consagran con ese rango cuando miran por encima de la turbulencia cotidiana y otean más allá en el horizonte para responder con las medidas más saludables para las conveniencias nacionales.