Virus Turístico

Por Juan Llado 

La pandemia del coronavirus ha despertado un generalizado interés en conocer su impacto sobre nuestra industria turística. Eso evidencia un alto grado de conciencia pública sobre su importancia para nuestra economía. Sin embargo, no se nota un igual grado de conciencia sobre las medidas más pertinentes para responder al desafío que presenta la pandemia, tanto para el sector como para el país. A riesgo de quedar incompletos porque no es posible predecir la evolución del fenómeno, a continuación se ofrecen algunas pinceladas gruesas de los principales impactos y consecuencias.

La Organización Mundial del Turismo, un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, predice que este año habrá una disminución de entre un 1 y un 3% de las llegadas internacionales a nivel mundial como consecuencia de la crisis de la pandemia. Eso significará una pérdida de alrededor de unos US$30-50 billones en ingresos en un sector que genera un total de unos US$700 billones y el 10% de los empleos a nivel mundial. La parte que nos tocará a nosotros será, por supuesto, mucho menor, pero no cabe duda de que nuestra industria sin chimeneas se resentirá severamente, aunque solo sea por unos meses.

En el 2019 el turismo nos produjo unos US$7,468 millones. Eso promedia unos US$622 millones mensuales, lo cual implica que si todo el sector se cerrara por un par de meses –abril y mayo– la pérdida de ingresos sería unos US$1,244. Pero como después de ese periodo (teorizado) es predecible que la recuperación será lenta, la pérdida podría llegar hasta los US$1,600 millones respecto a lo captado en el 2019. Sin embargo, ese grueso estimado podría ser engañoso: por los menos el 40% de las divisas captadas vuelven a salir para pagar las importaciones del sector, lo cual significaría que para fines de balanza de pagos, el aporte neto seria de US$640 millones menos. Pero como la actividad turística habrá disminuido por la pandemia y su secuela, las importaciones también habrían disminuido.

Usando de referencia el año 2019, la pérdida total de ingresos podría entonces estimarse en unos US$1,000 millones netos. Si se toma en cuenta que mayo es el peor mes del año en términos de ocupación hotelera y que esta baja las dos últimas semanas de abril, la perdida bajaría a unos US$800 millones. 

El Gobernador del Banco Central anticipa, sin embargo, que las pérdidas de ingresos del sector por efecto de la pandemia, solo ascenderían a unos US$400 millones. La diferencia con el estimado anterior se debería al método utilizado para elaborarlo. Es posible que el BC haya calculado el impacto sobre el subsector hotelero solamente y que no haya tomado en consideración la ralentización causada por la recuperación posterior.

Por suerte, la pandemia ha acarreado la caída del precio del petróleo y el incremento en el precio del oro y eso compensaría las pérdidas del turismo. (Las autoridades reportan que las exportaciones totales subieron un 16% y las remesas un 8% en los dos primeros meses del 2020.) Así no habría crisis cambiaria y la tasa del dólar no se dispararía. Pero mucho dependerá de los demás impactos de la pandemia en el aparato productivo nacional, las medidas de las autoridades y la consecuente reacción de los agentes económicos.

En el sector turístico, el impacto se distribuiría a través de la cadena de valor de la actividad, es decir, sobre sus diferentes componentes. El cierre de hoteles por un periodo de dos meses se registraría en el empleo (directo). A groso modo, eso significaría un desempleo temporal de por lo menos 100,000 empleados hoteleros y de otros 20,000 en el resto del sector. (Las autoridades cifran el total en 327,000 empleos directos e indirectos en todo el sector.) Los hoteleros posiblemente cumplan con la resolución del Ministerio de Trabajo que dispone que los empleadores den vacaciones a sus empleados por el periodo de excepción y les paguen sus salarios. Pero los empleadores pueden despedir temporalmente a sus empleados por hasta tres meses sin disfrute de sueldo y podría esperarse que se acojan a ese derecho por el resto de los dos meses que restan hasta el verano.

En tal caso, el Estado deberá contemplar una medida compensatoria para amortiguar el impacto del desempleo temporal, la cual estaría determinada por lo que el gobierno decida con relación al desempleo causado en otros sectores. (El candidato presidencial del PRM ha propuesto que el gobierno le pague RD$10,000 mensuales a los empleados desplazados por el virus.)  En el caso de los hoteleros se podría condicionar las medidas de alivio impositivo, a que los empleadores paguen por lo menos la mitad de los salarios durante esos dos meses de cierre. Lo mismo aplicaría a los demás empleadores del sector.

Otro gran impacto negativo afectará al sector agropecuario, el cual le vende al sector turístico entre un 15 y un 20% de su producción, o sea, unos US$900 millones anualmente. Si no hay ninguna compra por dos meses, ese subsector podría estar perdiendo entre US$75 a US$100 millones en ingresos. Pero el Estado podría disponer que esa producción sea adquirida por INESPRE y vendida en los barrios pobres al costo. también los comedores económicos y los proveedores de desayuno y almuerzo escolar de las escuelas podrían absorber una parte. Un dialogo propuesto por el Ministro de Agricultura tendría un futuro incierto.

La compensación estatal para el sector empresarial sería más engorrosa y controversial. Sin duda habrá muchos agentes económicos del sector –incluyendo transportistas, guías, micro y pequeñas empresas—que se verán afectados. Como ayudarlos a resarcir sus pérdidas de ingresos dependerá en gran medida de lo que el gobierno disponga para el resto de la economía. Mas del 50% de los trabajadores están en el sector informal y cualquier recesión económica les golpeará duro, a menos que haya efectivas medidas compensatorias. Las medidas anunciadas por el Banco Central y las adoptadas por el Ministerio de Hacienda en materia impositiva, sin duda estimularán la economía, pero eso no resarce a los cuentapropistas y microempresarios que serán afectados.

Como aproximadamente un 95% del inventario de habitaciones hoteleras de clase mundial es de propiedad extranjera y está distribuido entre grandes cadenas hoteleras multinacionales, la pérdida de ingresos entre las empresas grandes del sector podría ser absorbida sin grandes contratiempos. Gran parte de las empresas hoteleras disfrutan de un amplio paquete de incentivos fiscales, por lo que no sería posible ayudarlas a absorber las perdidas con exenciones impositivas. El único impuesto directo que paga la operación hotelera sin los incentivos, es el ITBIS y, como el cierre significa que no habría ocupación, de nada serviría eximir el pago de este impuesto por los dos meses.

Las grandes empresas hoteleras podrán compensar en parte su pérdida de rentabilidad con las facilidades crediticias para el financiamiento en pesos que ha anunciado el Banco Central. Pero la banca comercial tiene una cartera de préstamos en dólares que asciende a unos US$1,500-1,600 millones, la cual devenga una tasa de interés promedio de un 4.9%. Es poco probable que esos prestatarios no puedan cumplir con su programa de amortización del capital e intereses, pero cada banco acreedor tendrá que revisar la situación caso por caso para decidir qué hacer.

Finalmente, la situación de las líneas aéreas y de cruceros es algo de lo cual no tienen que ocuparse nuestras autoridades, porque sus propietarios son empresas extranjeras de otros países. (La única excepción es la pequeña línea dominicana Air Century que tiene muy reducidas y limitadas operaciones.)

Asimismo, sus trabajadores son prácticamente todos extranjeros. En cuanto al ingreso de divisas por la visitación de los cruceristas, la perdida estimada no sobrepasaría los US$20 millones por los dos meses teorizados.

En comparación con el 2018, el cual registró una bonanza histórica, el 2020 será un año de “vacas flacas” para nuestra industria turística. Pero la pandemia pasará y la recuperación es segura, aunque lenta. Si vemos el panorama general del país, lo más preocupante es que transitemos este periodo electoral sin traumas y podamos instalar un nuevo gobierno en agosto que disfrute de legitimidad. Un quiebre de la institucionalidad democrática sería una mayúscula calamidad pública que nos costaría muchísimo más que la actual pandemia.