Desafíos Sulfurosos de Quisqueya

Por Juan Llado

Los que se afanan por llegar al poder para cebarse con sus mieles, deben saber que esta sociedad no tolerarà una caterva de truhanes que solo busque saciar su codicia depredadora. Los que asuman el poder en el 2020 deberán enfrentar con decisión las llagas purulentas que la acogotan. Lejos de saltar al poder para lucrarse, los nuevos líderes deberán exudar una mística redentora inspirada en una profilaxis moral de la clase política. Los siguientes son de los principales cánceres que lastren el desarrollo y que deberán combatirse.

Indigencia.- Según el Banco Central, un 3.8% de la población califica como indigente, pero según un comité técnico gubernamental, ese porcentaje es más bien un 6.1% de la población. “Se estima que el 10% de la población sufre de subalimentación, y existen tasas de desnutrición crónica entre niños y niñas de hogares pobres (11.3% en hogares en el quintil inferior de riqueza comparado con menos de un 7% de promedio nacional.” Un nuevo gobierno debe priorizar las intervenciones que desaparezcan esta vergonzante realidad. La prioridad de los Comedores Económicos debe ser la seguridad alimentaria de estos desheredados de la fortuna.

Prensa amarilla.- Sería inaceptable que un nuevo gobierno replique la cooptación del rol de la prensa como lo ha hecho el actual. No puede permitirse que el erario se use descaradamente para comprar la conciencia de ese “cuarto poder del estado”. Los más de tres mil periodistas que extraen su dolosa compensación a cambio de una abyecta sumisión al poder, deben ser destetados. Y para evitar caer en las mismas malas prácticas deberá aprobarse una ley de ética del periodismo que limite severamente la publicidad oficial en los medios de comunicación y prohíba el empleo o participación de los periodistas en el tren gubernamental.

Corrupción e impunidad.- El bochornoso enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios y los escándalos de Odebrecht, son evidencia de que estamos inmersos en una furnia de inmoralidad que corroe la institucionalidad y el estado de derecho. Transparencia Internacional nos coloca en el puesto 129 entre 180 países, como uno de los más corrupto, amén de que una encuesta Gallup reportò que el 89% de los encuestados considera alarmantes los niveles de corrupción en el país. Es imperativo hacer independiente al Ministerio Público y reformar la Constitución para quitarle a la clase política el manejo de los órganos de control del Estado. La corrupción debe ser un delito imprescriptible y debe existir una alta corte especializada para evitar la venalidad de los jueces.

Nepotismo y oropel.- Estas inconductas deben desaparecer cocinadas a balazos porque avergüenzan el quehacer de la clase gobernante. Será preciso legislar para evitar que los altos funcionarios coloquen a sus parientes cercanos en el aparato del estado, especialmente si comportan sueldos lujosos. De igual manera, se requiere dar el ejemplo de que el servicio público se ejerce para beneficiar a los intereses colectivos y no los individuales. Eso pasa por desterrar tajantemente el uso de vehículos de lujo, aun sean para los altos funcionarios. 

Además, las exoneraciones de los legisladores deben eliminarse para siempre.

Estado hipertrofiado.- Si bien un 38% de la población, según el CREES, depende directamente del Estado, lo que importa es que esa dependencia sea justificada. Y no se justifican ni la abultada nómina de cerca de 680,000 empleados públicos, ni la cantidad de entidades supernumerarias –unas 57 según la diputada Faride Raful- que conforman el tinglado gubernamental. El requerido Pacto Fiscal deberá incluir un plan para corregir este anacrónico desaguisado, o de lo contrario no podrá aspirarse a una mejor calidad del gasto fiscal ni a un estado màs eficiente.

Narcotráfico y resonancia militar/policial.- Según Insight Crime, una ong internacional, cada semana entra al país entre 700 libras y una tonelada de narcóticos, o casi diez toneladas al mes. A pesar de que el grueso de esa mercancía vuelve a salir, se estima que hay más de 300,000 consumidores locales y cientos los puntos de venta de drogas. A esa tenebrosa realidad se añade el contubernio de los narcotraficantes con políticos y autoridades militares y policiales que extraen un peaje de su trasiego. Concibiendo el concepto de soberanía como el derecho que tiene el pueblo de definir la forma de su gobierno, para erradicar esa terminal enfermedad debemos entregar la DNCD a la DEA y el Departamento de Asuntos Internos de la PN a la policía de Singapur por diez años (“outsourcing”). Pero como medidas adicionales debe también ponderarse la legalización de algunas drogas, además de promover un pacto contra la impunidad para despolitizar la justicia.

Pacto Fiscal.- Según una reciente publicación del BID, nuestro país figura como uno de los que tiene el gasto fiscal más ineficiente y poco equitativo en la región de América Latina y el Caribe. “El dinero público malgastado en América Latina, sería suficiente para acabar con la pobreza extrema.” En reverso, el creciente endeudamiento (53.1% según el FMI y 50.4% según el gobierno) refleja la urgente necesidad de ampliar la base tributaria y de hacerla más equitativa. Se requiere con urgencia un Pacto Fiscal para mejorar la calidad del gasto y para hacerlo más equitativo, lo cual pasa por la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal.  El reciente informe del FMI señaló claramente esta necesidad.

Calidad de la educación.- Después del famoso 4% para la educación, las casi 29,000 nuevas aulas y un aumento sustancial de los salarios de los docentes, existe un generalizado acuerdo de que la prioridad más alta debe ahora asignarse al mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Los pobrísimos resultados de los estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales –donde el país clasifica en los últimos lugares- así lo atestiguan. La solución pasa por despolitizar totalmente el manejo del sistema público y por el mejoramiento sustancial en la preparación de los docentes. La ADP debe trabajar arduamente para apoyar al Ministerio en el logro de estas metas.

Salud.- Se reporta que el país gasta un 2.9% del PIB en salud, mientras un análisis reciente del Ministerio de Economía eleva la cifra a 3.2%.  De cualquier modo, el gasto es patentemente insuficiente frente al promedio latinoamericano de un 5-6%. Por otro lado, se requiere universalizar el servicio del Sistema de Seguridad Social al segmento subsidiado de la población y la Atención Primaria sigue brillando por su ausencia en remotos lugares del país. De ahí que los sectores carenciados de la población no alcancen las prestaciones adecuadas. Es por tanto urgente que el mejoramiento de la salud pública se convierta ahora en una prioridad nacional (similar a lo que fue el 4% para la educación). 

Haití y migración.- Se acepta que el desarrollo del hermano país es de alto interés nacional, pero el foco de la acción dominicana es solo en detener la migración ilegal, dejando fuera procurar su desarrollo. Se requiere de una estrategia de dos cabezas que nos emplee a fondo para promover un desarrollo mas equilibrado en una isla que en el 2030 tendrá más de 25 millones de habitantes. Deberá firmarse un tratado especial entre los dos países, a fin de enlistar el apoyo de la comunidad internacional a un plan binacional de desarrollo y captar inversiones privadas para Haiti.

Sistema eléctrico.- Además de privatizar todos los activos estatales en el sistema y favorecer la diversificación de la matriz energética con énfasis en las renovables, la propiedad de la central de Punta Catalina debe permanecer por cinco años en manos del gobierno en su totalidad, para inducir a los demás generadores a eficientizar sus operaciones con el ciclo combinado y las renovables. No tiene sentido vender el 50% del accionariado para aumentar el gasto fiscal en tiempos de campaña electoral.

Para un tratamiento más comprehensivo de los desafíos de desarrollo del país, ver el “Informe Nacional Voluntario 2018: Compromisos, Avances y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible.”.