
Datos antropológicos establecen que hace 1.7 millones de años ocurrieron las primeras inmigraciones que sacaron al “Homo Ergaster” del continente africano para expandirse por el mundo, empujados por el hambre y el aumento de su población.
En época reciente, en América se origina uno de los eventos que más controversia suscita, como fue su poblamiento. Siendo la tesis más aceptada que sus primeros moradores fueron cazadores inmigrantes que llegaron desde las estepas siberianas hace 15,000 años a través del estrecho de Bering, en razón de que Siberia y Alaska estaban unidos territorialmente.
En 1492, con el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de los europeos, se inicia una nueva era de grandes movimientos migratorios impulsados por los gobiernos o compañías mercantiles, motivados por la presión de su alta densidad demográfica y la búsqueda de riquezas para sustentar sus resquebrajadas economías laceradas por las continuas guerras.
Se calcula que durante el primer siglo colonial unos 100,000 españoles emigraron a la América Hispánica. En aquellos tiempos las migraciones eran movimientos humanos libres y no tenían impedimentos legales e incluso eran estimuladas por los países receptores.
Hoy, estos procesos se originan en los países de procedencia por la pobreza imperante, violencia social, falta de oportunidad, el caos o colapso del Estado, entre otros factores, que inducen a sus ciudadanos a expatriarse hacia otras naciones con mayores niveles de desarrollo y crecimiento económico, en busca de mejor porvenir, muchas veces en contra la voluntad del propio inmigrante.
En definitiva, emigrar, más que un derecho humano, es un instinto de sobrevivencia, es ley de la necesidad humana, pero esto no implica que ningún Estado tenga la obligación de darle acogida, pues el hecho de emigrar no significa que bajo cualquier circunstancia el “Estado receptor” tenga la obligatoriedad de recibirle, porque tampoco existe como un derecho fundamental.
El pasado día 11 y 12 de octubre del presente año se celebró en Washington la “Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, donde el vicepresidente norteamericano Mike Pence expresó su gran preocupación sobre la actual crisis migratoria centroamericana ante los líderes de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) y México, afirmando que “tan solo en el último año, más de 225,000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se han ido de sus casas recorriendo trayectos riesgosos, para intentar cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos”.
Desde que se inició la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, en el año 2014, el gobierno norteamericano ha otorgado ayuda por 2,600 millones de dólares en cooperación para estos países, a fin de ayudarlos a resolver sus crisis internas e impulsar su desarrollo y crecimiento económico.
El 13 de octubre, apenas un día después de concluir la conferencia, observamos con expectación e inquietud, cómo marchaba desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, una gran caravana de inmigrantes -unos 3,000 hondureños- para cruzar la frontera de Guatemala (Esquipulas) y llegar a México, para luego penetrar a Estados Unidos de Norteamérica.
En un ominoso viaje de 2,500 millas y un mes caminando, cuyos integrantes inferían el lema “Todos somos americanos de nacimiento”. Mientras esta horda humana avanzaba por México, desde El Salvador se desprendían dos nuevas caravanas de mil seres cada una, que igual a la primera huyen de su país debido a la violencia, pobreza y falta de oportunidad de una mejor vida, factores que son el “común denominador” de todo ser humano que emigra.
La posición de Donald Trump
Ante este éxodo masivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió una postura responsable en base al interés nacional norteamericano, y anuncia el despliegue de 5,239 soldados para reforzar los organismos que tienen la misión de resguardar la frontera méxico-norteamericana. Contingente militar que podría llegar hasta 15,000 efectivos según las circunstancias lo requieran.
Trump, como gobernante de ese gran país, asumió su deber y responsabilidad de tomar decisiones sin titubeo a fin de preservar la salud de su nación, aunque voces disidentes opinen lo contrario. Como también tiene la libérrima potestad soberana de permitir o no la entrada de ciudadanos de otras nacionalidades a su país, de acuerdo con su jurisprudencia e interés nacional, derecho que también tiene todo gobernante de cualquier Estado del mundo a tomar. Un derecho soberano que todos debemos respetar.
Por experiencia, sé que movilizar un contingente de dos mil o tres mil efectivos militares conlleva un planeamiento, coordinación y un costo económico para su traslado y sostenimiento, por lo que me atrevo a aseverar que este éxodo humano no es fortuito ni espontáneo, por la gran cantidad de personas involucradas y el largo trayecto a recorrer.
La República Dominicana, desde su descubrimiento y conformación como Estado libre e independiente, ha sido un país de inmigrantes. Nunca hemos estado opuestos a la “migración legal y controlada” de personas que quieran ingresar a nuestro territorio en busca de mejor porvenir, de hecho, de una u otra forma contribuyen a nuestro desarrollo y crecimiento económico. A lo que me opongo y siempre estaré opuesto, es a la inmigración descontrolada e ilegal de ciudadanos de cualquier país, no importa su nacionalidad.
Es importante señalar, que todo espacio territorial donde cohabiten Estados con fronteras porosas y “prevalezcan factores de atracción” que seduzcan a la migración, incitación dada cuando existe un desbalance palpable en el desarrollo económico de un Estado con respeto al otro. Como acontece entre EE.UU con respeto a Centroamérica y México, y ocurre en nuestro caso respeto a Haití, donde existe una evidente disparidad en su desarrollo económico, social y político, realidad que forzosamente empuja a sus nacionales a emigrar hacia nuestro país en busca de mejor porvenir, situación que constituye un serio problema de seguridad nacional, por la condición de que Haití es un “Estado fallido”.
El 10 de noviembre del presente año, quizás en una noticia desapercibida para muchos, publicada por este prestigioso diario, titulada “UE levantó mil Kms. muro contra la migración ilegal”, resalta que la Unión Europea ha levantado unos mil kilómetros de barreras físicas en sus fronteras desde los años noventa, para impedir la entrada a inmigrantes.
Según informe publicado por tres organizaciones con motivo del 29 aniversario de la caída del muro de Berlín, establece que diez países de la UE -España, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania- han erigido vallas o muros en sus fronteras en las últimas décadas por razones migratorias. Además, precisó que la política europea considera “una amenaza para la seguridad” la llegada de flujos migratorios o de personas desplazadas por la fuerza y apuesta por la creciente “militarización” de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).
Retrotrayéndonos a nuestro contexto, donde tenemos una frontera terrestre con Haití de 392 Km., y preexisten espacios con una topografía que resultan inhóspitas y desguarnecidas, ¿cómo podríamos evitar o dificultar estos movimientos ilegales de personas y contrabando de toda índole, a fin de lograr una mayor efectividad en minimizar o restringir los mismos? Creo, sin temor a equivocarme, que sería implementando barreras físicas como lo han hecho los países de la UE, EE.UU., Israel y otros Estados.
Sabemos que las barreras físicas -muros, vallas, alambradas, verjas- no eliminan totalmente la migración y el contrabando, pero si reconozco que la dificultarían y restringirían las mismas, facilitando y optimizando las labores de nuestros cuerpos de seguridad y defensa. A modo de ejemplo, aunque resulte jocoso, “no es lo mismo que 10 personas puedan saltar las barreras físicas, que 10,000 atraviesen la frontera caminado, como Pedro por su casa”.
Invito a nuestros ciudadanos a seguir los acontecimientos en torno a la “caravana humana centroamericana”, quienes se prestan a llegar y cruzar la frontera sur de los EE.UU, país que desde el 1994 ha construido unos 3,182 km de barrera física para restringir la inmigración ilegal, y aun así, tomaron sus previsiones reforzando con alambre trinchera las áreas vulnerables e incluso sus fuerzas de seguridad están autorizadas al uso de armas letales si son atacadas.
Tenemos que cuidar nuestra Patria, no importa el costo. Nuestra nación no escapa a una eventualidad parecida a la centroamericana, y más si es orquestada por intereses espurios. Solo nos queda alertar a las autoridades, quienes asumieron el sacro compromiso de velar, cuidar y proteger nuestra integridad nacional, a los cuales les sugiero, a modo de propuesta, que en el próximo censo nacional o antes, a modo de consulta al pueblo dominicano, se le haga una simple pregunta: ¿Usted está de acuerdo que se construya una barrera física en la frontera con Haití? Sí o no.
La Patria y nuestras futuras generaciones se lo agradecerán. No esperemos que sea tarde, para que no lamentemos lo que no supimos defender a su debido tiempo.
*El autor es miembro fundador del Círculo Delta.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La Caracola agradece su disposición de contribuir con sus comentarios positivos, siempre basados en el respeto a los demás y en la ética de la comunicación popular.