No recuerdo haber leído, o escuchado, ningún decreto o nueva ley,
mediante la cual se haya sustituido la ley 120 del año 1999. Esa ley
prohíbe a toda persona física o jurídica tirar desperdicios sólidos o de
cualquier naturaleza en las calles, aceras, parques y espacios
públicos.
Y lo extraño es que NUNCA he visto un solo sometimiento por el
incumplimiento de la misma. Ninguna autoridad municipal o funcionario
del ministerio de Medio Ambiente ha recurrido a ese mandato para
castigar a incumplidores y hacer que se cumpla con esa normativa.
La ley a la que he hecho referencia, en su artículo 4 dice que:
“Las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o
desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares
públicos, serán condenados a la pena de dos, hasta 10 días de prisión y
multa de 500 hasta mil 500 pesos o ambas penas a la vez”.
Si alguien conoce de la aplicación de este artículo, que me lo haga
saber. He buscado algunas estadísticas y no he dado con el dato.
Lo que más me preocupa es que, según parece, el actual ministro de
Medio Ambiente también desconoce la existencia de dicha ley. Y que no
me vengan con el cuentito de que lo que se quiere es buscar una nueva
normativa para ADAPTARLA a estos tiempos. Imagínese, si no se hace
cumplir una ley que es, aparentemente tan BENIGNA como la actual ¿se
cumplirá la que se pretende, elevando multas y castigos? No me hagan
reír, que tengo el labio partido y puede hacerme daño.
Escuché a algunos conductores de programas de radio y televisión
ELOGIAR el anuncio del ministro de Medio Ambiente, de que va a ELABORAR
un reglamento “para poner régimen de consecuencias, a quienes arrojan
desechos sólidos irresponsablemente”. Pero la pregunta es, ¿si no se
aplica ni se cumple una ley, como la 120-99, que fuerza tendrá un
reglamento de Medio Ambiente para el ciudadano violador?. Parece otra
forma de perder el tiempo o buscar titulares en los medios.
Creo que si en verdad se quiere poner régimen de consecuencias y
evitar que los desechos sólidos sean arrojados en cualquier lugar y todo
el tiempo, lo que se debe es cumplir con la ley 120-99. Las cámaras
del 9-1-1 instaladas en cientos de lugares del Gran Santo Domingo y
otros puntos del país, pueden servir para perseguir a quienes están
incumpliendo esa ordenanza y aplicarla, sea quien sea, hijo de general o
funcionario. Hermano del empresario o el periodista aquel.
Es cierto lo que dice el ministro de Medio Ambiente de que el
problema no es de este tiempo, viene de lejos, pero la ley tampoco es de
ayer, se promulgó en 1999. Hay que comenzar a aplicarla y hacer que
esta ciudad, este país, deje de ser un completo basurero como en la
actualidad.
Leyes y reglamentos tenemos POR PI PA. Hagamos que se cumplan estas y
no nos embarquemos en perder tiempo haciendo otras que, por intereses,
irresponsabilidad o capricho, tampoco se haran cumplir.
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