Sinceramente, cuando vi el titular del periódico El Nacional del pasado viernes, quedé sorprendido y, hasta confundido.“Gobierno busca crear mafia en el transporte”, decía la portada del vespertino. Pensé que era un error. El verdadero titular debió ser “Gobierno busca romper mafia en el transporte”.
Porque MAFIA es lo que ha existido hasta ahora en el transporte público del país. Una mafia que cuatro empresarios del transporte mantienen con las denominadas rutas urbanas, en las ciudades y en la zona interurbana. Por esas rutas cobran LO QUE
LES DA LA GANA. Desde 50 mil, 300 mil, hasta millón y medio de pesos. ¿y es que no hay autoridades que frenen este abuso descarado? No se entiende porque a esos empresarios hay que pagarles un derecho a circulación si ellos no construyen carreteras ni calles, no les dan mantenimientos a las vías, no colocan barandillas en las autopistas, no instalan semáforos ni construyen aceras y contenes para facilitar el estacionamiento de esos vehículos. Y hay de usted si, en su vehículo particular, se detiene en una de las PARADAS establecidas por los “dueños” de las calles a montar a uno o varios amigos que esperan vehículos allí. Los ejemplos sobran de personas que han sido agredidas y hasta los cristales destruidos por los PALEROS ubicados allí por los empresarios del transporte. Todo esto sucede a la vista de autoridades y agentes de AMET-DIGESET. Penosamente eso ha echado raíces por la irresponsabilidad, indiferencia y la COMPONENDA de todos los presidentes y partidos que han dirigido los destinos de la nación.
Pero, como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, todo indica que, al parecer, la mafia en el transporte va a llegar a su fin. Es tiempo de ordenar el desorden. Pero ya suenan los tiros de las palomas contra las escopetas. ¡Qué le parece! Empresarios del transporte acusan al gobierno de crear una mafia donde siempre la ha habido. Por eso temen como el diablo a la cruz cuando se habla del ordenamiento del servicio de transporte. No quieren que los infelices choferes tengan su propio vehículo, ni tengan que arrodillarse a sus mandatos. Si eso sucede verán sus empresas destruirse y sus millonarios ingresos reducirse.
Nunca he entendido eso de que un ciudadano, que paga sus impuestos al Estado, no tenga el derecho de adquirir un carro y dedicarse a ofrecer el servicio a la ciudadanía en la ruta que le dé la gana, por las calles que construye el gobierno con los impuestos que paga el ciudadano y bajo control de un entidad oficial, en vez de una mafia privada organizada.
Ojalá que este proyecto de ordenamiento del servicio de transporte se cumpla efectivamente y no sea otro plan para derrochar dinero y seguir dejando en manos de cuatro empresarios un servicio tan vital para el ciudadano.
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