Partidos Políticos y Ley Electoral

Por Eduardo Sanz Lovaton

Como sucede cada cierto tiempo, en nuestro país se vuelve a discutir sobre las leyes que deberían regular la actividad política en República Dominicana. En esencia se habla sobre una la Ley de Partidos Políticos y sobre una reforma a la Ley Electoral 275-97 vigente. En los diferentes escenarios en los que hemos tenido la oportunidad de participar para discutir este tema, he planteado tres puntos esenciales que entiendo pueden contribuir a la democracia interna de los partidos y al fortalecimiento del sistema de partidos en general.

Primero) Establecer circunscripciones uninominales, como funcionan en Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, entre otras naciones. Las mismas proveen a los electores con una fuerte representación del electorado, porque cada elector tiene un único y fácilmente identificable representante; representación mucho más directa. Maximizan la responsabilidad, porque un solo representante puede ser mantenido y puede ser reelecto o bien derrotado en la próxima elección; del mismo modo hace mucho más fácil fiscalizar el gasto de cada candidato, pues es medible en menos espacio físico y menos electores. Aseguran una lucha política mucho más local que nacional, alejando de esa manera el poder de las cúpulas partidarias, gobiernos y otros sectores que deseen influir. Logran eliminar el arrastre del voto de los Senadores, pues lo que sucedería es que el voto del Senador sería directo como el del Diputado. Así mismo elimina la guerra fratricida entre compañeros de un mismo partido, permitiendo mayor coherencia ideológica y programática para los partidos.

Segundo) El financiamiento de las campañas políticas en nuestro país se ha caracterizado por la ausencia de un marco jurídico que regule los donativos del sector privado, siendo la muestra más clara la figura de “donación anónima”. Por otra parte, el sistema de financiamiento público también está fuera de control ya que con la ley actual se hace prácticamente imposible auditar el uso de estos fondos. La regulación del financiamiento es una herramienta importante para restablecer la confianza de los ciudadanos en los actores políticos y en el proceso electoral. Por eso, proponemos que los partidos elijan uno de los dos métodos de financiamiento, el privado o el público,  no ambos, y así tener aún un mayor control del uso que le dan los candidatos y los partidos a estos recursos. Del mismo modo, prohibir de manera explícita las donaciones anónimas. Establecer un sistema de auditoría que permita verificar en la contabilidad de los partidos tanto las donaciones del sector privado como del público. Limitar el financiamiento privado. Establecer un sistema de sanciones efectivo que incluya sanciones pecuniarias, penales, administrativas u otro tipo de sanciones, ya que en la Ley Electoral de la República Dominicana se sancionan los delitos, falsedades y crímenes electorales, pero en materia del financiamiento de los partidos políticos no se especifica ningún procedimiento o sanción. En países que son referencia de la democracia mundial, un partido puede acogerse al financiamiento público o al privado, pero no a ambos. Eso puede aplicarse en las demarcaciones territoriales, por ejemplo, un candidato a Senador puede optar por acudir al sector privado, pero al hacerlo renuncia de cualquier apoyo económico que su partido le pueda otorgar. Lo mismo pasaría con otras candidaturas. Esto terminaría por abaratar la política que es uno de los grandes problemas que tenemos, donde para ser Regidor, Diputado, Alcalde o Senador se debe invertir cuantiosos recursos.  

 Tercero) Abocarnos a construir democracia interna, evitando que sean organismos externos, como la JCE, que dirijan los procesos de primarias, como es el planteamiento de algunos sectores. No debemos ceder el control del certamen electoral interno a ninguna institución del Estado. Dar más control al Estado de los procesos internos debilita el sentido de libertad que deberían tener nuestros partidos en virtud del principio de libre asociación. ¿Somos nosotros menos capaces que muchas sociedades donde los partidos erigen sus reglas y sus árbitros? Ya la Constitución nos dotó de un tribunal competente para las situaciones contenciosas a lo interno de los partidos, ahora debemos empeñarnos en que ese tribunal esté compuesto por personas de reconocida trayectoria jurídica y que sus decisiones se fundamenten en el rigor jurídico, no en lo político. En otras palabras, con un TSE que funcione, no sería necesario además darle tanto poder a un organismo foráneo a las organizaciones políticas para que arbitren los procesos. Si un partido no puede organizar competencias internas que funcionen no merece el poder para gobernarnos a todos.