FJT pide al
Tribunal Constitucional ratificar sentencia juez de Barahona
Santo Domingo.-La Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), hizo causa común con la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), del Liceo Tecnológico Dr. Federico
Henríquez y Carvajal de la ciudad de Barahona, al suscribir y reclamar del Tribunal
Constitucional, mediante escrito de intervención voluntaria de amparo, el
garantizar el derecho fundamental a la educación como servicio público
prioritario,
previsto en la sentencia que condenara a la Asociación Dominicana
de Profesores (ADP), filial Barahona, al pago de un astreinte diario de 50 mil
pesos, por cada día perdido de docencia.
La entidad de la sociedad civil, por intermedio de su presidente
Trajano Potentini, explicó que el derecho a la educación tiene un carácter
instrumental, del cual depende el ejercicio pleno y desarrollo de otros
derechos; tales como la dignidad humana, el libre desarrollo, el derecho al
trabajo e incluso la libertad de expresión, además del interés superior del
niño, entre otras prorrogativas y facultades conexas.
A juicio de Potentini, en un ejercicio de ponderación y pesaje
de dos derechos fundamentales en posible conflictos, como el derecho a la
educación versus el derecho a huelga o protesta, el primero tiene preeminencia
sobre el segundo, en razón de que el plantear una huelga indefinida, como el
caso de la especie, pondría indefectiblemente en peligro el año escolar, además
de tratarse de un servicio público, el cual en modo alguno puede ser afectado
de manera irracional.
"En tal sentido, reconocemos que los profesores siempre tendrán
derecho a ejercer su derecho a la protesta, pero bajo modalidades y formas que
no afecten el bien público y derecho prioritario a la educación, lo cual
constituye, sin lugar a dudas, un presupuesto base del Estado Social y Democrático
de Derecho, proclamado por nuestra carta magna en su artículo 7", expresa la entidad.
La FJT reitera que siempre los profesores tendrán su
derecho a la protesta garantizado, pero siempre en condiciones de racionalidad,
nunca truncando las esperanzas de millones de niños y adolescentes, que deben
ser objeto de un mejor futuro. "En suma, los profesores deben reinventarse en sus
métodos de lucha, haciendo siempre un ejercicio responsable de su derecho a la
protesta, en un marco de racionalidad".
Finalmente, la fundación urgió al Tribunal Constitucional a
ratificar en todas sus partes la sentencia del juez Máximo Matos, de la ciudad
de Barahona, en el entendido de que la misma sienta un precedente trascendente
en materia del sagrado derecho y bien público, que hoy por hoy constituye el
derecho a la educación, indispensable para el desarrollo y combate a la pobreza
en la República Dominicana.
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