Santo Domingo.-A juicio del abogado Namphi Rodríguez la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre libertad de expresión, representa el primer paso para un debate que permita aprobar una legislación que salvaguarde el derecho de los periodistas y los ciudadanos a denunciar la corrupción en la esfera del Estado y de la actividad política.
Sostuvo que en relación a la derogación de la responsabilidad de los directores de medios, la línea de doctrina que los jueces del TC siguieron fue la de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al considerar que los responsables por las afirmaciones de un tercero no pueden ser ni los directores, ni los periodistas; sino quienes han emitido los juicios pretendidamente difamatorias.
Dijo que lo que hace el TC en su sentencia es determinar que si el periodista y el director no son autores de una afirmación no pueden ser responsables por ella, lo cual beneficia la libertad de prensa y establece la responsabilidad en quien ha emitido el juicio o la afirmación.
“Ahora lo que debemos hacer es blindar a los periodistas mediante una ley de libertad de expresión y medios de comunicación que recoja estos criterios sobre la responsabilidad penal, para que nunca más se hable de que los periodistas tengan que responder por los hechos de otros”, agregó.
En su sentencia, los jueces rechazaron suprimir los artículos del 368 al 372 del Código Penal argumentando el criterio de que las sanciones a los delitos de prensa están contenidos en la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y agregan que el interés legítimo de los accionantes estaba referido a esta clase de infracciones y no a las que se puedan cometer fuera de los medios de comunicación.
Rodríguez dijo que al rehusar derogar los referidos artículos del Código Penal, los magistrados del TC no comprendieron el alcance de la acción de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho y los directores de diarios, que buscaba no sólo derogar la prisión por difamación e injuria a través de la prensa, sino también aquella que se da por delitos de palabra fuera de los medios de comunicación.
“Claro que la Fundación Prensa y Derecho y los directores de medios representan el palpitar y el rechazo ciudadano respecto de penas hasta de un año de prisión que contempla el Código Penal por delitos que deben ser contravencionales; es decir, su sanción debe ser leve porque afecta la libertad de personal de los ciudadanos”, dijo.
Respecto de la derogación parcial de los delitos contra el honor, Rodríguez dijo que lo deseable hubiese sido que el TC suprimiera de manera general la vía de persecución penal en la materia de la opinión pública y delitos de prensa.
Tomado del Listín Diario.-
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