Exigen investigar canales no transmitieran vídeo del PRM contra Danilo
Santo Domingo.-Un expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), exigió una investigación profunda por la suspensión de
la transmisión del documental del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en dos
canales de televisión nacional, privando a la sociedad de conocer el contenido
del material audiovisual.
Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, que dichos videos habían sido aprobados por Telesistema y Color Visión, pero que a última hora le informaron al PRM que no serían transmitidos.
De su lado, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) abogó por la primacía
de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República
Dominicana.
Olivo De León, presidente de la institución, afirmó que los medios no deben
negarle a la ciudadanía ese derecho, porque con ello también estarían
cerrándole el paso al derecho a la información.
“Si intervino o no el gobierno en estos
casos, no podemos opinar sobre eso, ya que no lo sabemos, lo desconocemos
totalmente”, precisó.
Agregó que lo que sí es obvio es que en estos casos hubo censura previa y
autocensura por parte de los ejecutivos de esos medios, lo cual es rechazado
por la Constitución, la legislación de prensa y por los preceptos
internacionales adoptados en el país.
Explicó que “el derecho de la gente a permanecer informada, la libertad de
expresión y difusión del pensamiento, entre otros, son derechos fundamentales
que deben ser respetados”.
Precisó que estos derechos están consagrados en el artículo 49 de la
Constitución, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Apuntó que el disfrute de
esas libertades debe estar sujeto al respeto al derecho a la intimidad, al
honor, a la dignidad y a la moral de las personas.
Recordó que el Tribunal Constitucional
eliminó los artículos de la Ley 61-32 que pudieran comprometer la
responsabilidad penal y civil de los propietarios y ejecutivos de medios de
comunicación ante eventuales violaciones a los llamados delitos de prensa.
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