PANAMA.-Un juez de garantías declaró ayer al expresidente panameño Ricardo Martinelli "en rebeldía" por ausentarse a una audiencia sobre el proceso en su contra por la presunta interceptación ilegal de las comunicaciones telefónicas de más de un centenar de personas durante su gobierno.
El juez Jerónimo Mejía dijo que el proceso se suspendía debido a la inasistencia del ex gobernante, quien se encuentra fuera del país desde el 28 de enero luego de que la
Corte Suprema de Justicia autorizara investigarlo por otro caso relacionado por presunta corrupción en la compra de comida deshidratada por 45 millones de dólares a través de un programa de asistencia nacional.
La declaración de rebeldía abrió el camino para que se gestione la captura de Martinelli y su repatriación, aunque Mejía aclaró que es el pleno de la Corte Suprema el que debe decidir sobre esa materia.
El fiscal del caso, Harry Díaz, y al menos uno de los abogados de una de las presuntas víctimas por el espionaje telefónico presentaron el viernes por la tarde solicitudes ante el pleno del máximo tribunal de justicia para que ordene la detención del exmandatario.
"La renuencia del acusado entorpece la marcha de la administración de justicia", planteó el fiscal Díaz en su petición.
Díaz había presentado hace semanas un escrito de acusación contra el expresidente y una solicitud a las autoridades para que lanzaran una alerta internacional para localizarlo, aunque el exlíder conservador aún no ha sido acusado formalmente.
"El proceso se paralizó por la no comparecencia, todavía no hay una definición procesal sobre el asunto de la acusación", explicó el viernes a The Associated Press el abogado César Ruiloba, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y profesor de derecho procesal penal en la estatal Universidad de Panamá. "El juez de garantías no puede entrar a calificar una acusación si no comparece (Martinelli)".
Para Ruiloba, este caso marca un precedente aunque esté aún en curso. "Abre una compuerta de discusión en la clase política sobre el manejo transparente del poder, de la cosa pública".
De acuerdo con el fiscal, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas entre opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.
Agregó que se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir desde el Consejo de Seguridad de la presidencia correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.
La investigación cuenta con las revelaciones de un testigo protegido y declaraciones de ex colaboradores de Martinelli. Dos ex jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, están detenidos desde inicios de año por el caso y enfrentarán un juicio a comienzos de 2016.
Los delitos a los que se enfrentaría Martinelli, según el fiscal, tienen que ver contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían acarrear hasta 21 años de cárcel, según el fiscal.
Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, ha dicho en su cuenta de Twitter que este es un caso fabricado y que forma parte de una persecución del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en su contra.
"Hemos sido testigos de una aberración, otro insulto a la justicia", señaló Alma Cortés, copartidaria de Martinelli y miembro de la defensa del exmandatario.
Los abogados argumentan que el fiscal trastocó el proceso al momento de presentar un escrito de acusación sin antes hacerse la respectiva formulación de cargos.
Como diputado centroamericano, los procesos contra Martinelli deben realizarse mediante un novedoso sistema penal acusatorio que exige la presencia del denunciado al momento en que se le imputen cargos.
Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014, periodo en el cual el país centroamericano vivió un auge económico sin precedentes aunque acompañado de denuncias de supuestos sobrecostos y corrupción en contrataciones públicas.
Hasta el momento, la Corte ha admitido seis investigaciones contra Martinelli, entre ellas la relacionada con el presunto espionaje telefónico, la supuesta compra millonaria de alimentos con sobrecostos -un caso que está suspendido momentáneamente- y la posible comisión de delito financiero al hacerse de información privilegiada para beneficiarse en un negocio bursátil.
En esos tres casos el Tribunal Electoral ha despojado a Martinelli de la inmunidad de la que gozaba por ser líder de un partido político, a petición de la Corte.
Fuente: Agencia AP.-
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