Por cuánto tiempo y
de qué forma logrará hacerlo, es una incógnita.
Apenas dos horas después de haber sido desaforado, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada
por el Ministerio Público (MP) para evitar su
salida del país, con lo que queda abierta la posibilidad de
que se le dicte una orden de arresto.
La fiscal general, Thelma
Aldana, indicó que luego de
haberse retirado la inmunidad "el presidente será sometido a los
tribunales del país, como un ciudadano ordinario".
"Nunca imaginé y nunca
hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la
evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud", aseveró.
El
presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado
por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Se preveía un voto a
favor, pero aun así los nervios no se calmaron. ¿Se presentaría el número
suficiente de diputados? ¿Los miembros del partido del presidente votarían en
su contra?
Cuando los
resultados se hicieron públicos, hubo muchas personas que aplaudieron y
celebraron. Muchos guatemaltecos no podían estar más felices. La manifestación
fuera del ente legislativo se transformó en una fiesta.
En los últimos
cuatro meses, decenas de miles de guatemaltecos han salido a las calles a
protestar contra la corrupción gubernamental y han hecho llamados para que el
primer mandatario renuncie.
La votación sienta
las bases para que el líder del país sea procesado como cualquier otro
ciudadano y hay una sensación general de que finalmente los políticos no están
por encima de la ley.
El comisionado Iván
Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en
el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo
electrónico revisados, existían referencias a "el uno" y "la
dos", que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su
exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
Baldetti se vio
forzada a renunciar en mayo y se encuentra en prisión.
Pérez Molina,
acusado por la fiscalía y la Cicig de los delitos de asociación
ilícita y cohecho pasivo, ha defendido su inocencia desde que estalló el escándalo en abril y en numerosas ocasiones
rechazó estar involucrado.
"Es una
situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo tengo
dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que
voy a hacer", aseguró el lunes en sus últimas declaraciones públicas.
El proceso
En resumidas
cuentas, la fiscalía podría ahora pedir la comparecencia de Pérez Molina ante
un juez, quien de encontrar indicios para imputarlo, deberá determinar si el
presidente puede esperar el juicio en libertad o si debe hacerlo en prisión
preventiva.
De acuerdo al artículo 7 de la
Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario público sólo podrá cesar en el
ejercicio del cargo cuando un juez ordene su prisión preventiva.
De
hacerlo, en ese momento Pérez Molina dejará de ser presidente y asumirá el
cargo el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien a su vez deberá proponer una
terna de reemplazantes al Congreso y se convertirá en presidente hasta el fin
del mandato, previsto para el 14 de enero.
Pero para que todo
ello ocurra se debe cumplir en primer lugar con el formalismo de que el
Congreso emita una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio.
De esa forma el presidente
pierde formalmente su inmunidad y el expediente retorna a la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
El máximo organismo
judicial deberá enviarlo al tribunal ordinario que corresponda, y mientras
tanto el presidente seguirá en su cargo pendiente de la investigación del MP.
Otras opciones
La justicia podría:
1 Solicitar una orden de captura contra el presidente y la revisión de sus cuentas
bancarias y propiedades. En este caso, Pérez Molina estaría obligado a dejar el
cargo.
2 Una
posibilidad más es que el presidente sea sometido
a arresto domiciliario.
3 Y
una alternativa adicional es que
el MP solamente lo cite para que presente su primera
declaración.
En
todo caso, el juez es quien deberá decidir si el presidente enfrentará o no su
proceso en libertad.
El mandatario había solicitado
un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que pretendía evitar la votación ocurrida este martes.
La petición no ha
sido resuelta por el órgano de justicia, que tiene entre 24 y 48 horas para
tomar una decisión, pero de acuerdo con medios locales es previsible que los
ministros acuerden no amparar al mandatario.
El retiro de inmunidad
llega en un momento delicado en la vida del país, a días de las elecciones
generales del próximo domingo en las que se espera que uno candidato
obtenga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta prevista para el
25 de octubre.
Fuente: BBCMundo.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La Caracola agradece su disposición de contribuir con sus comentarios positivos, siempre basados en el respeto a los demás y en la ética de la comunicación popular.