Los franceses que vayan al trabajo en bicicleta, recibirán ayuda del gobierno
El
Gobierno de François Hollande ha recibido este martes la luz verde de la
Asamblea Nacional a su ambicioso proyecto de Transición Energética. A las
grandes líneas de la ley, que prevé reducir a la mitad el consumo de energía en
2050 y convertir Francia en la campeona europea de la ecología, se han añadido
medidas novedosas de gran simbolismo. Entre ellas, las de facilitar a las
empresas que abonen dinero a sus empleados por utilizar la
bicicleta para
acudir al trabajo, a razón de 25 céntimos el kilómetro, aproximadamente, si
bien aún no se ha fijado el precio. A cambio, esas empresas verán reducidas sus
cotizaciones sociales.
Las compañías de más de cien empleados tendrán que
presentar un plan que promueva el transporte público, el coche compartido o la bicicleta.
Las bolsas de plástico de un solo uso estarán prohibidas a partir de enero de
2016, pero también los cubiertos y vajillas de ese mismo material a partir de
2020.
Fomentar el uso de la bicicleta se ha convertido en Francia, y
más específicamente en París, en una prioridad. La capital prevé reservar cada
vez más espacios para aparcar el vehículo de dos ruedas y las empresas —y los
trabajadores— van a obtener ventajas si promocionan su uso.
El transporte,
responsable del 27% de la emisión de gases de efecto invernadero, va a ser
mucho más limpio dentro de unos años en Francia gracias a la Ley de Transición
Energética que ha lanzado la ministra de la Ecología Ségolène Royal. Además de
los siete millones de enchufes que se van a instalar (ahora solo hay 10.000) de
aquí a 2030, los particulares se beneficiarán de una prima (que puede llegar a
los 10.000 euros) si cambian su coche de diésel por uno eléctrico. La flota estatal
debe ir renovándose con este tipo de vehículos en una proporción de uno de cada
dos nuevos que compre y las empresas de transportes, en uno de cada diez.
La ley, que ha sido aprobada por amplia mayoría en la Asamblea
(314 votos contra 219), prevé aumentar las fuentes renovables hasta que
supongan el 40% del total, reducir el uso de combustibles fósiles en un 30% en
quince años, renovar los edificios para ahorrar energía y reducir a la mitad
los deshechos para 2025.
Dentro de este último capítulo se enmarca la
prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, atendiendo a la demanda
de los ecologistas de la Asamblea, se ha añadido también el veto a las vajillas
y cubiertos del mismo material. Royal, que no era partidaria, lo ha aceptado
siempre que entre en vigor en 2020. También con la vista puesta en la reducción
de los deshechos, Francia prevé penalizar con hasta 300.000 euros y dos años de
prisión la obsolescencia programada. La mayoría de los productos deberán avisar
al consumidor acerca de su vida activa. Todo ello, eso sí, convivirá con la
gran potencia nuclear francesa, que quedará limitada al nivel actual.
Tras varios años de trabajo en este asunto, el Gobierno ha
comprobado que los hogares franceses gastan demasiado en calentarse. Para
reducir la factura que ello conlleva, la ley aprobada prevé también importantes
ayudas a los más modestos con el llamado cheque-energía, para renovar los
edificios. El proyecto es aumentar la eficiencia de 500.000 edificios cada año
a partir de 2017. La intención es que todos los edificios de Francia hayan
quedado renovados para 2050. A las ayudas se añadirán beneficios fiscales y
préstamos baratos para lograr tal objetivo.
El Senado tiene ahora que validar la ley aprobada, pero lo hará
en una sola lectura y después la Asamblea le dará luz verde por procedimiento
abreviado. El principal escollo que los críticos ven en este proyecto es su
coste: 10.000 millones de euros en tres años. Royal, sin embargo, asegura que
la nueva economía verde va a generar 100.000 nuevos empleos, además de reducir
la factura energética.
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