Red de Centros Sociales presenta Informe de Derechos Humanos
Nota enviada a La Caracola
Santiago.-La
Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana,
compuesta por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, el Centro de Formación y
Acción Social y Agraria (CEFASA) y el Servicio Jesuita con Migrantes, presentaron un informe nacional sobre la situación
de los derechos
humanos en el año 2016 en el país.
El informe fue
presentado en un acto celebrado en las instalaciones de CEFASA, en Santiago, con la participación de funcionarios
públicos, personalidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil,
líderes comunitarios y miembros de la prensa.
Entre los temas abordados que
conforman el informe estuvieron: los
Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos en la República
Dominicana; los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, haciendo énfasis en la situación de la salud en el país; la Situación de los
Trabajadores Migrantes en la República Dominicana; la Situación de la Niñez,
haciendo énfasis en la situación de las zonas más apartadas y fronterizas; y el
Medio Ambiente, como un Derecho Humano de tercera generación que ha sido
desarrollado dentro de los derechos de solidaridad.
Pedro Cano, Encargado Nacional de Derechos Humanos e Incidencia de
los Centros Sociales, resaltó que la sociedad en la que hoy vivimos, el deterioro
del Medio Ambiente es por desgracia una realidad contra la que tenemos que
rebelarnos.
"La contaminación constante de nuestros ríos, los residuos sólidos,
la deforestación, el cambio climático y los vertidos, son claros ejemplos de los
problemas que han de resolverse si de verdad queremos asegurar un futuro digno
para nosotros y para las siguientes generaciones", manifestó Cano.
Según el Informe
de Derechos Humanos, el cuarto problema ambiental más destacado en República
Dominicana lo constituye la extracción indiscriminada de materiales de los ríos
y la minería a cielo abierto, que no tiene en cuenta la sostenibilidad.
Afirman las organizaciones sociales, que a pesar
de que la sociedad civil se ha solidarizado con algunas causas y ha conseguido
impedir la aprobación de determinadas concesiones mineras en el país, como es
el caso de Loma Miranda, siguen existiendo empresas que utilizan métodos de
extracción no sostenibles que contaminan el agua de los ríos y ponen en riesgo
la salud de las comunidades aledañas.
"Ejemplos como los de Nizao, Yuna,
Bajabonico y otros actualmente amenazados por la explotación minera, son
realidades que ponen en grave riesgo los recursos hídricos del país y la salud
de los habitantes que viven en las zonas cercanas a los cauces de estos ríos", afirmaron.
En términos
generales, según el Informe de Derechos Humanos presentado hoy, la República
Dominicana atraviesa por una delicada situación de crisis ambiental, caracterizada
por múltiples factores que ameritan la necesidad de definir los límites de
las actividades políticas y económicas para establecer unos criterios fijos,
planificados y que dejen de provocar graves daños al medio ambiente.
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