PANORAMA POLÍTICO

Danilo define la ruta de su nuevo gobierno

Por Guarionex Rosa

En la víspera de cumplir los primeros cien días del presente cuatrienio, el presidente Medina los celebró en su ocupación más preciada, las visitas sorpresa a los pueblos del país, en tanto que sus opositores se enfrascaban en una brega inútil para la designación de la nueva Junta Central Electoral (JCE).

Medina no tenía en su mente las celebraciones, al punto de que, debido a la calamitosa situación

que vive la región norte del país, especialmente Puerto Plata, decretó la prohibición de regalar canastas y otros presentes con fondos públicos en Navidad.

Las visitas sorpresas, al decir de su ministro administrativo, José Ramón Peralta, han sido de lo principal que ha hecho el régimen del presidente desde la primera semana de su asunción al mando en agosto de 2012, lo que ha continuado hasta ahora, porque de las mismas se han derivado importantes obras.

Cuando se informó que torrenciales aguaceros estaban causando problemas en Puerto Plata el pasado día 7, el presidente se enfundó con una chaqueta y una gorra de béisbol, para recorrer al día siguiente los barrios de esa ciudad, un enclave turístico ahora en floración.

Con su rápida decisión, Medina le quitó el tema a los políticos opositores, que estaban distraídos en Santo Domingo en debates por la integración de la nueva JCE, cuyos puestos eran apetecidos por los partidos, líderes de la llamada sociedad civil y por los empresarios.

Medina había evitado involucrarse directamente en cualquier cosa que tuviera que ver con esa selección y cuando el mediador animado y aceptado por los partidos y grupos interesados, monseñor Núñez Collado fue a visitarlo, les dijo que no podía intervenir.

Medina, el más sabio
El gobernante, más sabio que sus opositores y que la llamada sociedad civil, según dicen sus récords, repitió lo dicho anteriormente en circunstancias en que se le consultó frente a otras situaciones de conflicto, que no podía como Poder Ejecutivo hacer interferencia.

No obstante que Medina tuvo en las pasadas elecciones un mandato del 62% de los electores, quiso mantenerse al margen. Cuando surgieron los nombres de los presentados por la comisión del Senado que estudió las postulaciones, se derivó el caso al comité político.

Ese comité, que tenía como candidatos a los cinco puestos de la JCE, a Julio César Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Henry Mejía y Rosario Graciano, la única sobreviviente de la junta saliente y allegada al ex presidente Fernández, tomó la decisión en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

El mensaje que se enviaba era que más que el Poder Ejecutivo, la decisión había sido del Partido de la Liberación Dominicana, que domina el Senado y obtuvo el voto del senador opositor, José Hazim Frappier, del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC.

Castaños Guzmán, abogado reconocido, una especie de acólito de la iglesia católica que no fue objetado por ningún sector, asumirá el puesto de presidente de la JCE por segunda vez, con un pleno nada conflictivo, como esperaban la llamada sociedad civil y los empresarios.

Mejía fue el más objetado del grupo, porque había estado envuelto hace ocho años en una crisis que derivó en su renuncia y en las de la mayoría de los miembros de la Cámara de Cuentas, antes de un juicio del Senado. Luego fue nombrado suplente de miembro en la JCE.

Los defensores de Mejía, que fue postulado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, alegaron que si al aspirante no se le objetó para ser suplente, en el caso del juez Eddy Olivares, de ese partido antes de la última división, no habrían razones para rechazarlo ahora.

Además de ser inobjetable por su carrera profesional y su vida personal, la decisión de reconfirmar a la señora Rosario, tuvo que ver con el deseo de los senadores y políticos del PLD, de dejar en ese pleno a una memoria de las últimas ejecuciones de la JCE.

El saliente presidente de la JCE, Roberto Rosario, llevado a la institución por el ex presidente Fernández durante el régimen del ex presidente Hipólito Mejía, creyó que tenía la sartén por el mango, pero no contó con imponderables de carácter nacional e internacional.

La brega por la elección de la JCE tuvo más de un componente político sensible. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo el lunes pasado a Diario Libre, que si hay que llamar a alguien de la oposición para dialogar sobre el tema, sería a Hipólito Mejía

Nuevas sorpresas
Medina sorprendió al país el pasado lunes al disponer, vía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el castigo a los funcionarios públicos que al 30 del cursante mes no hayan hecho su declaración jurada de bienes, como lo estipula la ley 311-14.

Montalvo dijo que el gobierno interpretará como una renuncia al puesto al funcionario que se niegue a cumplir la disposición que consideró “como una muestra más de la decisión de este gobierno de actuar firme, para garantizar que las instituciones públicas actúen como ejemplo en el cumplimiento de la ley, sin excepciones”.

Con la drástica medida, el presidente Medina asumió una actitud cuyas consecuencias se verán después de la fecha del ultimátum, dada la propensión a la indisciplina, pero respaldó un requerimiento de la Cámara de Cuentas, imposibilitada de disponer sanciones.

La CC ha mantenido su queja de que más de 4,500 funcionarios que deben hacer la declaración, se han desentendido del mandato de la ley 311-14, sin que se sepa por qué se niegan a cumplirla. Medina se expone a la carcajada nacional si no actúa contra los que después del 30, se consideren omisos.

En la CC se dijo el viernes, que una buena cantidad de los funcionarios faltantes por entregar sus declaraciones  lo estaban haciendo. La declaración del ministro Montalvo especifica que todos los funcionarios que no hayan cumplido con la obligación serán excluidos de la nómina pública a partir de diciembre de 2016.