Por Hidalgo Rocha Reyes*
A raíz de la modificación o reforma a
nuestra Constitución Dominicana, proclamada el Enero 26 del año 2010, la mayoría de nuestras leyes sustantivas han quedado semi- huérfanas, puesto que no han sido adecuadas a la realidad de esta por los actores que
debían hacerlo, dejando un bache jurídico que realmente enloquece.
Esta falta de adecuación o actualización de
las leyes y códigos que rigen los diversos estados de derecho de los
dominicanos con nuestra Constitución, ha estado
ocasionando obstáculos y
violaciones en la implementación o actualización de las reglas que deberíamos
de cumplir a la hora solicitar reparo por violaciones de derecho.
Eso por eso, que la ley electoral 275-97 que
rige nuestro sistema electoral, no escapa a ello. Todavía
nuestra Junta Central Electoral, organismo encargado de velar por un democrático e imparcial proceso
electoral, además de administrar el registro civil y el estado civil de todos
los ciudadanos dominicanos, se rige por una ley inadecuada y desactualizada
frente a nuestra Constitución, donde, no obstante habérsele quitado a esta la
facultad contenciosa, al crearse el Tribunal Superior Electoral, aun se sigue
ordenando mediante la referida ley, prácticamente incursionando en violaciones
en sus ejecuciones frente a nuestra Constitución.
Los jueces que componen
este organismo estatal electoral, creo que así lo saben. Pero lo que más llama
la atención, es que para sus ejecuciones, aun frente a tales violaciones, éstas
no están sustentadas en adendum a la referida ley, aun sabiendo desde el frente
de nuestra cobija, que tales acciones han sido para la mejoría de ese
organismo.
Frente a la preparación del
próximo certamen electoral, el pleno de la junta ha tenido que continuar con
tales violaciones para poder adecuar los procesos electorales a los nuevos
tiempos y organizar un proceso que sea diáfano, creíble y ordenado, como los realizados anteriormente, donde los resultados obtenidos le han valido como
carta de presentación para que organismos internacionales avalen su desempeño y
credibilidad.
Esa actualización choca
ahora con el sistema de conteo, que si bien es cierto que los artículos 126 y
siguiente de la ley electoral 275-97, estipulan la forma de conteo de los colegios
electorales, no menos cierto es, que para tales fines, la Junta llamó a todos
los representantes de los partidos acreditados como delegados ante la
misma, después de que el pleno dictaminara, mediante resolución, la
forma como se automatizaría el conteo de los votos, hoy vemos como partidos que
dieron el visto bueno, se oponen a la digitación los mismos.
Pero más pena da, ver en los medios como un
juez de la propia Junta, sale a estas alturas del juego, faltando días para
celebrar las elecciones, dando declaraciones de violaciones a la ley electoral
donde él mismo, como miembro del Pleno, aprobó o firmó la manera de cómo se
realizarían estas elecciones.
El Juez Eddy Olivares, después de que los
preparativos están casi finalizando para el escrutinio nacional y sobre todo, después de a haberse agotado todo un procedimiento internacional de licitación,
para la obtención de los equipos que se utilizarían, aparece ahora, en franca
sintonía con partidos que buscan encontrar alguna razón para desacreditar el
proceso, emitiendo consideraciones, que más que daño a la Junta, le hacen daño
a su trayectoria.
Creo que más que declaraciones, Olivares lo
que debe hacer es un Mea Culpa o darse tres golpe en el pecho frente a la
opinión pública, porque salir ahora con tales declaraciones, después de
conocerse en el Pleno, del cual es miembro titular, cómo se realizarían las elecciones, no son más que muestras de que está en la Junta buscando
echarle agua al salcocho.
*El autor es abogado
y comunicador.-
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