Por Ernesto Heredia
La pregunta es otra: ¿cuántos muertos más necesita el país para admitir que la reforma policial ha fracasado?
Desde que el Gobierno anunció el proceso de transformación de la Policía Nacional, los dominicanos hemos escuchado promesas sobre una nueva doctrina, mayor profesionalización, respeto a los derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y una institución más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad continúa golpeándonos con imágenes de jóvenes abatidos, ciudadanos agredidos y familias destrozadas por quienes, constitucionalmente, están llamados a protegerlas.
El caso de Herrera no es un hecho aislado. Es un síntoma del mal.
Antes estuvo la pareja de pastores Joel Díaz y Elisa Muñoz, asesinados en marzo de 2021 en Villa Altagracia, cuando regresaban de una actividad religiosa. La investigación del Ministerio Público estableció que los agentes dispararon sin mediar palabras y violaron todos los protocolos de actuación policial.
Después vino David de los Santos, el joven que murió en 2022 tras ser detenido en el destacamento policial del Ensanche Naco. Su muerte, atribuida a los golpes recibidos bajo custodia, provocó otra ola de indignación nacional y volvió a poner en tela de juicio los mecanismos de control dentro de la institución.
Y la lista continúa.
No hace falta recurrir únicamente a la memoria colectiva. La investigación "Patrulla Letal", de Diario Libre, documenta cientos de casos de personas fallecidas a manos de agentes policiales y militares desde 2004, muchos de ellos bajo la figura de los llamados "intercambios de disparos", otros en actuaciones posteriormente cuestionadas por la justicia o por el Ministerio Público.
Cada nuevo caso produce el mismo libreto. Primero aparece un comunicado oficial. Luego la suspensión del agente. Después una investigación. Y finalmente. el país pasa a la siguiente tragedia.
Mientras tanto, la reforma policial sigue presentándose como un proceso exitoso.
Pero una reforma no se mide por la cantidad de reuniones en el Palacio Nacional, ni por la contratación de asesores internacionales, ni por uniformes nuevos, ni por patrullas recién pintadas. Una reforma se mide por resultados.
El principal resultado que debía exhibir era sencillo: que disminuyeran las muertes de ciudadanos inocentes a manos de policías. Eso no ha ocurrido. Por eso, hoy vale la pena abrir un debate que probablemente muchos considerarán radical.
¿Debe permanecer armada toda la Policía Nacional mientras continúa este proceso de reforma?
La propuesta puede parecer extrema, pero quizá el momento exige medidas extraordinarias. No se trata de dejar indefenso al Estado ni de eliminar la capacidad operativa frente al crimen organizado.
Se trata de aprobar una Ley de Desarme Progresivo de la Policía Nacional, mediante la cual solo porten armas de fuego aquellos agentes que hayan superado rigurosas evaluaciones psicológicas, de derechos humanos, manejo de crisis, uso proporcional de la fuerza y resolución de conflictos.
El resto debería cumplir funciones preventivas, comunitarias y administrativas, sin portar un arma hasta completar un proceso de certificación.
En numerosos países existen policías de proximidad que realizan patrullajes cotidianos sin armas letales o con protocolos mucho más estrictos para su utilización. ¿Por qué República Dominicana no puede debatir un modelo similar?
Hoy parece ocurrir exactamente lo contrario. Muchos ciudadanos sienten más temor cuando una patrulla se detiene a su lado que cuando un delincuente les arrebata el celular. Ese sentimiento es devastador para cualquier democracia.
Porque cuando la población deja de confiar en quien debe protegerla, el Estado comienza a perder una de sus funciones esenciales.
No todos los policías son iguales. Miles cumplen su deber con honestidad, sacrificio y vocación de servicio. Precisamente por ellos resulta urgente separar a quienes entienden el arma como un símbolo de poder y no como el último recurso para proteger una vida.
Un policía no está entrenado para castigar. No está autorizado para decidir quién vive y quién muere. No sustituye a un juez. No reemplaza al Ministerio Público. Su misión consiste en preservar vidas, incluso la de quien ha cometido un delito.
Mientras existan agentes que respondan primero con un disparo y después con una explicación, la reforma policial seguirá siendo un proyecto inconcluso.
La muerte del joven de Herrera no debe quedar únicamente en un expediente judicial. Debe convertirse en el punto de partida para discutir medidas de fondo.
Quizá haya llegado el momento de aceptar que el problema no es únicamente de entrenamiento. También es de armas.
Y mientras la institución no pueda garantizar que cada agente entienda que una pistola sirve para proteger ciudadanos y no para eliminarlos, el país tiene el derecho —y el deber— de preguntarse si ha llegado la hora de desarmar, temporalmente, a quienes todavía no han demostrado estar preparados para portarla.
Porque ninguna reforma puede llamarse exitosa mientras los ciudadanos sigan muriendo a manos de quienes juraron protegerlos.
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