Cuando la Urgencia Depende de Quien la Necesita

Por Ernesto Heredia

Por años, los dominicanos hemos sido testigos de cómo importantes proyectos de ley duermen el sueño eterno en las gavetas del Congreso Nacional. Iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana, la modernización institucional, la protección social, la transparencia pública y otros temas de gran relevancia para la población, permanecen estancadas durante legislaturas completas, sin que se produzcan avances significativos.

Sin embargo, cuando una propuesta es considerada prioritaria para el Gobierno de turno, el panorama cambia de manera sorprendente. Lo que durante años parece imposible, de repente se convierte en urgente. Los debates se aceleran, las discusiones se reducen y los procesos legislativos avanzan a una velocidad que pocas veces se observa en el sistema político dominicano.

La reciente aprobación y promulgación del denominado "Plan Anticrisis", ha reabierto ese debate. Más allá de las bondades o cuestionamientos que puedan hacerse a su contenido, resulta inevitable preguntarse ¿por qué algunas iniciativas reciben un tratamiento expedito, mientras otras, que afectan directamente la vida de millones de ciudadanos, continúan esperando respuestas?

La rapidez con la que se aprobó esa ley, contrasta con la lentitud que han enfrentado numerosos proyectos considerados prioritarios por distintos sectores sociales. La pregunta no es si el Gobierno tenía o no razones para impulsar esta medida. La verdadera interrogante es ¿por qué la misma voluntad política no aparece cuando se trata de otras demandas ciudadanas igualmente importantes?

La democracia no debe medirse únicamente por la capacidad de aprobar leyes, sino también por la forma en que se establecen las prioridades. Cuando los intereses gubernamentales ocupan siempre el primer lugar en la agenda legislativa, mientras las preocupaciones de la población permanecen en espera, surge una percepción de desigualdad en la toma de decisiones.

Los ciudadanos esperan que sus representantes actúen con la misma diligencia para atender problemas relacionados con el costo de la vida, la calidad de los servicios públicos, la seguridad social, el empleo y otros desafíos cotidianos que afectan directamente a las familias dominicanas.

La confianza en las instituciones se fortalece cuando la población percibe que las decisiones se toman pensando en el bienestar colectivo y no únicamente en los intereses de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder. La rapidez legislativa no debería ser una excepción reservada para determinados proyectos, sino una práctica permanente cuando están en juego las necesidades de la ciudadanía.

Quizás el verdadero debate que deja este episodio no sea el contenido de una ley específica, sino la necesidad de preguntarnos cuáles son las prioridades reales del Estado y a quién sirven con mayor eficacia las estructuras de poder.

Porque cuando los intereses de unos pocos avanzan a toda velocidad y los de la mayoría esperan indefinidamente, la sensación que queda en la sociedad es que las prioridades no siempre están donde deberían estar.