Por Ernesto Heredia
El caso más evidente es el tránsito vehicular. Cada día miles de dominicanos salen a las calles enfrentando un verdadero caos: motoristas que conducen como si las vías fueran tierra de nadie, vehículos estacionados donde no deben, conductores irrespetando los semáforos y ciudadanos desafiando abiertamente las instrucciones de los agentes de la DIGESETT.
La imagen es preocupante y peligrosa. Basta con detenerse unos minutos en cualquier avenida del país para observar como decenas de motociclistas se desplazan sin casco, cruzan en rojo, invaden carriles, transitan en vía contraria y ponen en riesgo no solo sus vidas, sino también las de peatones y conductores responsables. Lo más alarmante es que muchas de estas violaciones ocurren frente a las autoridades sin que pase absolutamente nada.
La República Dominicana cuenta con la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una legislación creada para organizar el tránsito, establecer sanciones y promover la seguridad vial. La ley existe y contempla medidas claras contra quienes violen las normas. Sin embargo, el problema radica en la debilidad de su aplicación.
Cuando un ciudadano percibe que puede violar las reglas sin consecuencias, el desorden se convierte en costumbre. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. La falta de régimen de consecuencias ha provocado que muchos conductores pierdan el respeto a la autoridad y a las normas básicas de convivencia.
No se puede construir una sociedad organizada cuando las leyes se aplican solo a algunos o cuando la autoridad decide mirar hacia otro lado. La permisividad termina alimentando el caos. Y el caos termina cobrando vidas.
Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país, especialmente entre jóvenes motociclistas. Cada imprudencia tolerada hoy, mañana puede convertirse en una tragedia familiar. Por eso este tema no debe verse únicamente como un problema de circulación vehicular, sino como un asunto de seguridad nacional y de responsabilidad pública.
El gobierno, la DIGESETT, el INTRANT y todas las instituciones vinculadas al tránsito, deben asumir este desafío con firmeza. Se necesitan operativos permanentes, fiscalización real, aplicación estricta de multas y sanciones, así como campañas de educación ciudadana que promuevan una cultura de respeto a la ley.
La autoridad no puede seguir siendo simbólica. Debe hacerse sentir con acciones concretas. El ciudadano que cumple las normas merece un sistema que lo proteja, no un entorno donde la irresponsabilidad tenga más ventajas que el respeto a la ley.
República Dominicana necesita recuperar el orden en sus calles. Y eso solo será posible cuando las leyes dejen de ser decorativas y comiencen a aplicarse con determinación, sin privilegios y sin miedo.
Porque un país donde no se respetan las leyes, es un país condenado al desorden.
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