Clemente Terrero*
El problema de los inmigrantes ilegales es muy complejo y difícil, la migración en nuestro país se debe a varios factores, el principal es el empresariado, que necesita manos de obra barata y fuertes que trabajen en sus empresa, seguido del negocio en la frontera. Ellos son los responsables número uno de la inmigración ilegal en el país.
No obstante a eso, como dominicano entiendo que el estado es responsable de regular la migración de los ciudadanos extranjeros, a través del el consulado.
En ese tenor, en la Republica Dominicana como en todos los países del mundo, el Estado tiene la obligación de regular la entrada y salida de los ciudadanos extranjeros, evitando la inmigración ilegal, resolviendo el problema que se genera la en los hospitales con atenciones a extranjeros ilegales.
Por otro lado, los inmigrantes ilegales, por su condición no pueden aportar al fisco, pero en los servicios gratis en los hospitales consumen una parte de los escasos recursos que el Estado invierte en salud para los dominicanos, se convierten en una carga económica para el sistema sanitario del país.
Existen varios mecanismos para resolver ese problema, el primero es lograr que todo lo ciudadano extranjero que ingrese a la República Dominicana, lo haga de forma legal, también debe tener un seguro de salud que lo ampare; en segundo lugar, las empresas que contratan a ciudadanos extranjeros deben garantizar un seguro de salud para ellos, con esto, los centros hospitalarios donde se atiendan pueden recuperar los recursos que han invertido en su atención.
En el caso de los inmigrantes ilegales que existen en todos los países del mundo, que no tengan seguro para pagar los servicios de salud, se les puede dar una atención humanitaria, y después, los organismos competentes del Estado referirlos a su país.
La salud es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la salud no se le debe negar a ninguna persona, cuando lo necesite, sobre todo si está en riesgo su vida.
No obstante, cada país tiene que garantizar la salud a su población, tener un sistema sanitario competente, eficaz, eficiente, universal e integral, hacer una adecuada inversión de no menos de 5 por ciento del PBI en ese renglón. La salud tiene un alto costo a nivel global.
Los médicos hemos sido formados para cuidar la salud de las personas, así como para brindar servicios de atención a los enfermos, lo hemos hecho siempre, y lo seguiremos haciendo, cada vez que se necesite.
Pero valorar y determinar la situación migratoria de una persona no es competencia de los médicos, nuestro compromiso es con la salud de la gente, sean ricos o pobres, blancos o negros, sin importar credo, raza ni su nacionalidad, apegados al juramento hipocrático.
En ese sentido, la actitud de los médicos debe basarse en la filosofía de cuidar la salud de la gente y brindar atención a todas las personas que la necesite, en cualquier lugar del mundo.
El medico no es oficial de migración, no le compete hacer ese trabajo. Los médicos trabajamos con protocolos clínicos, al Estado le corresponde aplicar el protocolo de migración, no a los médicos, contar con un personal capacitado para realizar esa labor, sin interferir con la misión médica ni los médicos con el trabajo migratorio.
*El autor es gremialista histórico y militante activo del Colegio Médico Dominicano (CMD).-
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