Por Leonardo Mercedes M. Ing.
Una nueva Ley de Aguas, ajustada a las exigencias presentes y futuras, justa, participativa y correcta, que responda a la necesidad de garantizar una gestión integral y sostenible de los recursos hídricos y la seguridad hídrica y soberanía alimentaria del país, así como la participación democrática de las comunidades y usuarios en todos los niveles de toma de decisiones del sector, tiene que ser concebida, promovida y levantada como una bandera de lucha por todo el movimiento social y ambiental nacional, junto a la defensa del agua como recurso vital, bien público y patrimonio nacional estratégico inembargable, imprescriptible e inalienable, como lo establece la constitución en su Art.15. Y además, junto al rechazo firme, radical y decidido a su privatización y mercantilización, como también a la de los demás recursos hídricos, la infraestructura hidráulica y los servicios vinculados, acción a todas luces de carácter inconstitucional.
La justa y correcta oposición a la privatización, jamás puede hacerse desde una concepción y posición conservadora, de apoyo a lo caduco e ineficiente, negadora del cambio real, necesario e impostergable hacia una nueva institucionalidad del agua en RD, que transforme y supere lo actual. La nueva Ley de Aguas, además de blindar al país frente a la nueva ola privatizadora, propiciada por un neoliberalismo trasnochado y de manufactura Made In USA, tiene que sentar las bases estructurales, de contenido y de forma de esa nueva institucionalidad.
El INDRHI no puede seguir como el "Ace", haciendo de todo (políticas, regulación, operación y construcción) y, en ocasiones, hasta compitiendo con el Ministerio de Medio Ambiente (MARENA).
Es correcto, necesario y oportuno un nuevo ente, como la Autoridad Nacional de Aguas (ANAGUAS. LM) propuesta en el Anteproyecto de Ley anunciado por el Ejecutivo (Tomado de una propuesta anterior del Senador Félix Nova, prov. Mons. Nouel) con la autoridad, competencias e independencia necesarias y pertinentes para ordenar, regular, administrar, gestionar, proteger, preservar y controlar, a través de un funcional y efectivo sistema, los recursos hídricos del país y la infraestructura hidráulica vinculada a su captación, conducción, almacenamiento, uso y aprovechamiento, en base a los principios y orientaciones de la Política Hídrica establecida en la propia ley y de las que, en su función de rectoría sectorial, formule y disponga el MARENA en concurrencia con la propia ANAGUAS.
Es de lugar que no nos confundamos y que trabajemos para lograr la claridad indispensable de lo que queremos, defendemos y de lo que rechazamos, de manera que podamos formular críticas y propuestas bien fundamentadas y sólidas que nos den fuerzas para "luchar con razón, con ventajas y sin sobrepasarnos", frente a un contradictor tan poderoso como el gobierno y el frente oligárquico al que obedece, de manera que, venciendo las dificultades, marchemos de victoria en victoria hasta alcanzar nuestros objetivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La Caracola agradece su disposición de contribuir con sus comentarios positivos, siempre basados en el respeto a los demás y en la ética de la comunicación popular.