¡SI ESE EL CAMBIO, NOS JOTAFUÑIMOS!

FJT asegura fideicomiso de administración de Punta Catalina es inconstitucional 

Nota enviada a La Caracola

Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó de inconstitucional el decreto del presidente Luis Abinader, número 538-21, mediante el cual se constituye el denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), el cual tendría como objeto la administración por 30 años de Punta Catalina, por un comité técnico, presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, todo ello amparado, paradójicamente, en la ley 189-11, que instituye el fideicomiso en la República Dominicana, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario. 

La entidad cívica lamentó que el presidente Abinader, de forma errónea, desarrolle por decreto una institución jurídica, que como tal, no existe en nuestro ordenamiento legislativo (Fideicomiso Público), más bien solo aparece en una definición contenida en el decreto núm. 95-12, artículo 4, letra d, para la reglamentación de la ley 189-11, sin desarrollo alguno, "además de estar desvinculado y descontextualizado de la referida ley, por no encontrar afinidad con las modalidades originalmente previstas. 

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, explicó que el fideicomiso esta fundamentalmente concebido para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible y fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del estado, con un patrimonio autónomo, con la agravante, de que para el caso que se denuncia, se estaría privatizando y enajenando un bien público, como es la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un costo muy superior a los 2 mil millones de dólares, con lo cual se afecta una función exclusiva del congreso, nunca por un decreto del ejecutivo. 

Potentini, recordó al ejecutivo, el que la Constitución Dominicana, en su artículo 128, numeral 2, letra d, establece la obligatoriedad de contar con la aprobación del congreso para la enajenación de cualquier patrimonio público, que supere los 200 salarios mininos, por lo que entiende, que al dictar un decreto, ejecutando en lo inmediato, la transferencia y entrega de Punta Catalina en manos privadas, sin pasar por el congreso previamente, constituye una violación a la Carta Magna. 

Debido a esa situaciòn, la Fundación Justicia y Transparencia informó que en los próximos días, someterà por ante el Tribunal Constitucional, un recurso contra el decreto número 538-21, que crea el fideicomiso para la administración por 30 años de Punta Catalina, así como otras acciones judiciales tendentes a impugnar y cuestionar en diferentes instancias, todos los actos, que sobre el particular se vayan ejecutando.

La FJT le pide al presidente Abinader, que no se deje presionar por ese empresariado voraz, que ha secuestrado el manejo y los negocios del tema eléctrico. "Presidente, reaccione y no permita que esto empañe su gestión de gobierno, este pueblo ha demostrado que confía en usted y sigue dándole la mejor de las valoraciones, por sus ejecutorias gubernamentales", concluyò el jurista.