Purulencias de la Democracia Dominicana

Nuestra democracia no es un hediondo estercolero como creen algunos, pero si presenta purulencias.

Por Juan Llado  

La pasada campaña electoral generó muchas esperanzas sobre los cambios deseados por la sociedad civil. Ocho meses y medio después de la toma de posesión del nuevo gobierno, se han materializado muchos, algunos de importancia medular. Pero queda una trulla de purulencias que con voluntad política podrían hacerse desaparecer. Como estas perduran cual rémoras del pasado, conviene resaltarlas a fin de que se incorporen cuanto antes a la obligatoria agenda de cambios.

Los vehículos de lujo de los altos funcionarios es un buen ejemplo. Con el despegue del gobierno que se instaló en el 2012 se prometió recogerlos

todos y cambiarlos por vehículos de porte modesto. Eso nunca se hizo y, aun cuando el Tesla del nuevo presidente auguraba cambios en el parque vehicular oficial, los vehículos de alta gama continúan siendo una afrenta a la cuarta parte de nuestra población que vive por debajo de la línea de la pobreza. ¿Habrá suficiente arrojo político para negarle a los triunfadores de las pasadas elecciones esas podridas “mieles” del poder?

Lo mismo podría decirse de los guardias y policías “peluche”. Según declaraciones de altos oficiales, son más de diez mil los que cobijan la seguridad de altos rangos retirados, políticos, empresarios, instituciones y empresas. En octubre pasado se anunció la eliminación de esas asignaciones, pero no ha trascendido a la prensa que se haya cumplido. Una faceta odiosa de esa mala práctica la representa la injustificada presencia militar en instituciones públicas desempeñando oficios como porteros, parqueadores, ascensoristas, recepcionistas, guardianes, etc. ¿Cuándo podremos prescindir de ese absurdo antifaz trujillista que denigra el uniforme militar?

De pura cepa trujillista es también la guardia de honor que se despliega frente al avión donde viaja el presidente de la República. Bajo las presentes circunstancias de nuestra democracia no se justifica tampoco que el Ministro de Defensa tenga que despedir y recibir al presidente. En los países desarrollados ese despliegue militar no existe y solo los más esenciales miembros de la seguridad del mandatario lo acompañan en sus salidas y llegadas. El presidente Abinader parece haber sentado la tónica para este deseado cambio al viajar en una línea aérea comercial a Europa, prescindiendo de los costosos alquileres de aviones de funcionarios del pasado gobierno. 

Similar tarea de desmonte militar le espera a la hipertrofiada nómina del generalato, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Ya el presidente Abinader ha puesto en retiro a una apreciable cantidad de oficiales y se ha anunciado a la prensa que la retirada proseguirá para limitar los altos rangos a lo que establecen las leyes vigentes. De paso habrá que, de una vez por todas, desmilitarizar los rangos de la Policía Nacional para que reflejen una esencia diferente. Deberá aprovecharse la ocasión para también cambiarle el uniforme y prescindir de los ramos de sus kepis. 

La reforma policial es un tema de actualidad y el presidente Abinader ha dado declaraciones contundentes de que es una de las principales prioridades de su mandato. Ha dado muestras de su determinación con la eliminación de la Dirección Central de Narcóticos y se asume que eso disminuirá el bien conocido contubernio entre policías y narcotraficantes. Pero eso y la dignificación del agente policial con mejores salarios, becas y seguro médico premium, no son insumos que vayan a remediar los males de una institución que se reputa como corroída hasta su tuétano. La Comisión Presidencial designada para la tarea tiene un enorme reto. 

Se requiere, asimismo, extirpar otras colindancias de los militares y policías con la clase política. Por eso deberá eliminarse el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), una dependencia militar creada por la Ley No. 857 del 1978 “para investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atenten contra la Constitución y las leyes de la República, las instituciones del Estado o que traten de establecer una forma de gobierno totalitario.” Según esa ley, su personal no puede “intervenir en política o en cualquier otra actividad que favorezca intereses de personas, partidos, grupos o movimientos políticos.”

Sin embargo, es vox populi que el DNI no es más que un brazo de espionaje político que monitorea a políticos de la oposición y a funcionarios del mismo gobierno. Basta con saber que cuenta con más de 15,000 informantes para sospechar que eso no compagina con los requisitos de la seguridad del Estado. Un cuerpo como ese, dedicado por entero al activismo político, no coliga con nuestra (imperfecta) democracia, especialmente porque abundan otras dependencias del Estado con la misión de salvaguardar esa seguridad. Al no tener la nación ninguna amenaza que no sea la migración ilegal, el DNI debe eliminarse porque no se justifica su actual “trabajo”. 

Similar decisión se requiere para eliminar los consulados rentados. Es grosero y vergonzoso que se asignen puestos consulares con la finalidad de enriquecer a quienes ejercen el cargo de cónsul, siendo el de Nueva York, según la vox populi, el más codiciado premio. El Ministro de Exteriores ha logrado sanear la nómina de su cartera, produciendo ahorros significativos y nombrando en muchos puestos a diplomáticos de carrera. Pero su promesa de elaborar un estatuto especial para los consulados todavía esta por cumplirse y habrá que esperar que el mismo de al traste con la odiosa práctica del enriquecimiento en los puestos públicos. ¿Hasta qué punto se cumple hoy día el Reglamento de la Carrera Diplomática No.46-19 del 2019? 

Una canonjía similar a la de los consulados, es la concesión de inmuebles del Estado sin justificación alguna. Si en Bienes Nacionales transparentaran esa situación, serían muchos los que deberían perder sus privilegios y canonjías. Un ejemplo bochornoso es el de los 21 hoteles del Estado, los cuales permanecen como empresas estatales arrendados a particulares desde que fue confiscado el botín trujillista. No se justifica que el Estado, al arrendar u operar los mismos, haga una competencia desleal al sector privado en un país donde existen más de 500 hoteles. Es un absurdo que solo puede explicarse como una canonjía y ya es tiempo de que esos inmuebles se vendan al mejor postor.

En nuestro Congreso persiste la práctica deleznable de apoyar el clientelismo político con las asignaciones extraordinarias que reciben los legisladores (barrilito, cofrecito, bono navideño, exoneraciones, etc.). No se justifica que un legislador reciba ingresos que vayan más allá de su sueldo. A la sociedad le interesa que el apoyo político que este pueda concitar en su demarcación se gane a través de su trabajo legislativo y no por las donaciones que haga con el dinero del fisco. Tampoco se justifica que al legislador se le asigne un salario mayor al que ya devenga, porque el desempeño congresual deja mucho que desear. La negligencia es más notoria en el ámbito de la fiscalización del gasto público.

En materia de salarios estatales, Participación Ciudadana ha demostrado que existe actualmente un desorden mayúsculo. No es solo que muchos funcionarios reciben sueldos por encima del asignado al presidente de la República, violando así lo estatuido por la Ley de Función Publica. Es que muchos de esos inflados sueldos son medalaganarios y/o los funcionarios beneficiados no rinden una labor que lo justifique. Al Estado se va a servir, no a servirse. Existe una Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano que fue promulgada en 2013 para corregir estos entuertos, pero todavía se espera su rigurosa aplicación.

No debemos cerrar este artículo sin mencionar el desastre que impera en las distribuidoras estatales de electricidad. No es solo que operan con una nómina que tiene seis veces el tamaño necesario y que más de 400,000 hogares no pagan la electricidad porque no tienen contadores. Es también porque en numerosas ocasiones se ha dicho –y en el 2005 así lo reveló el presidente Fernández- que el consumo de los grandes usuarios es el que provoca el déficit de esas entidades. ¿Habrá determinación suficiente para enmendarle la plana?

Nuestra democracia no es un hediondo estercolero como creen algunos. Pero sí presenta purulencias que, de no corregirse, desmeritarán la obra del presente gobierno. Por eso este debe actuar contra ellas sin apelar a la brujería de las palabras huecas.