Por William Acevedo Fernández
Los trabajadores dominicanos necesitamos una firma jurídica o un abogado
que defienda nuestros derechos de desafiliación a la Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP), porque la ley (87-01) no puede ser unilateral en el
contrato de entrada a esa institución, sin condiciones de salida durante el
tiempo de vida, salvo con la muerte.
Los derechos fundamentales de libertad del ser humano, de elegir con quien
asociarse y la libertad de salir por decisión propia, están siendo pisoteados
por una ley que ampara en su manto legal a instituciones gubernamentales y
financieras que absorben los ahorros de cuatro (4) millones de trabajadores,
con
la única finalidad de prestárselos a sí mismos (77% adeuda el Estado
dominicano y 23% los bancos dominicanos).
En los medios periodísticos pagados, observamos los comentarios de los
principales líderes políticos, empresariales y financieros, en los cuales se
resisten a la entrega de una parte de los fondos de pensiones (30%), pero
ahondando en el análisis de dichos ahorros, auditando con una larga sumergida
en los números del 31/12/2019 de esa institución, encontramos que ellos son las
mismas personas que deben el 100% de los fondos de pensiones.
¿Qué sucede cuando instituciones deben 491 mil millones de pesos
dominicanos y no tienen con que pagar?
¿Cuáles estrategias utilizaría una institución insolvente y que debe 491
mil millones de pesos dominicanos?
¿De quién se auxiliaría una institución insolvente, mala paga, que debe 491
mil millones de pesos dominicanos?
Estas preguntas se contestan simplemente observando la televisión, las
redes sociales, las emisoras de radio, los periódicos impresos y digitales. Ahí
están los protagonistas que preconizan las bondades sociales actuales y
vaticinan la debacle económica de República Dominicana si se aprueba un retiro
de un 30% de las AFP, pero estos actores no retroceden en la historia hasta el
2003 y nos presentan las maromas financieras que hacían cuando el trabajador
dominicano no tenía un solo peso en las AFP.
Actualmente estamos ante una catástrofe humanitaria mundial y un 40% de
los dominicanos están entre la espada y la pared por efectos de una pandemia que
supera los 100,000 muertos solamente en América. En República Dominicana hoy
los infectados por Covid-19 se acercan a los 10,000 y los fenecidos por esta
causa suman 380 y contando.
Los dominicanos deben estar, todos, con una pequeña reserva para un
eventual contagio de este mortal virus. Un gran porcentaje de los fenecidos por
esta causa no tenían los recursos económicos para afrontar con rapidez este mal
en una clínica privada o en el hospital público comprar los medicamentos.
Es por esto que necesitamos una firma jurídica que nos represente
individual o colectivamente, para que en casos de emergencia, como el presente,
la desafiliación de los trabajadores sea una opción de supervivencia, sí, de supervivencia estamos hablando señores.
Respeto la decisión de las personas que desean solventar con sus ahorros
la actividad económica del Gobierno y las instituciones financieras, respeto
los que sueñan con la utopía una pensión suficiente en la vejez.
Yo les digo realmente que no, no puedo hacerlo y reclamo con todo mi derecho
de ciudadano dominicano, mi libre desafiliación.
Opto por mi libre desafiliación de la AFP, porque me veo en el espejo de los
trabajadores de Chile y Perú, países que después de treinta (30) años de los
trabajadores ahorrar en AFP, reciben una pensión que los sume más en la miseria.
Por todo esto, me urge una firma jurídica o un abogado que me defienda, y
le ofrezco un 30%.
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