Por Juan Llado
Luis Vargas es un economista de fuste, cuyas
opiniones merecen seria atención. En el más reciente Encuentro Económico del
periódico Hoy (24/2/20), produjo declaraciones trascendentales sobre una amplia
variedad de temas, cuatro de los cuales son de agudo interés nacional: la
minería, Haití, la seguridad social y los salarios. Endosar sus opiniones sobre
estos cruciales temas se me antoja pertinente y necesario. Ahora que estamos en
tiempos electorales, todos los partidos deben tomar nota y, el que llegue al poder,
actuar en consecuencia.
Es bien conocido que nuestros
recursos mineros son amplios y prometedores. No solo existe suficiente oro,
cobre y plata en una ancha franja que discurre entre San Juan de la Maguana y
Cabo Haitiano, sino que existen indicios recientes de que podríamos tener
petróleo y gas. Sobre la zona fronteriza solamente se reporta “que tiene el
mejor régimen solar del país, presenta las mayores medidas de radiación global
horizontal y radiación directa horizontal a nivel nacional, pero a pesar de
estas ventajas posee probados yacimientos de oro, bauxita, caliza, yeso y
carbón mineral, además de cobre, sal gema, travertino, agregados de abanicos
aluviales, arcillas industriales, sílice, feldespatos, micas, baritina y
materiales para la fabricación de cemento.”
Inclusive se ha comprobado que también tenemos
“tierras raras” (y varios otros metales) en la provincia de
Pedernales, un recurso valioso y prometedor. Y ya existen las tecnologías
necesarias para evitar que la minería dañe el
medio ambiente de forma significativa. En consecuencia, Vargas aboga por una
nueva legislación de energía y minas “para convertir a la explotación minera en
uno de los principales soportes del desarrollo económico del país.” La
comunidad ambientalista no debe oponerse ciegamente a la explotación minera, sino ayudar a que su explotación
se haga de la manera menos disruptiva posible.
En un corajudo giro sobre Haití y sus
perspectivas, Vargas sugiere que nosotros debemos ayudar a solucionar su crisis
actual. Ya 1.2 millones de personas en Haití pasan hambre y 4.3 millones no se
alimentan bien. De ahí que esa crisis podría convertirse en “el principal
problema para los dominicanos desde el punto de vista social.” Nuestro país
debe hacer “una gestión más activa” para que la comunidad internacional, y
particularmente Estados Unidos, Canadá, Francia y los organismos
internacionales, contribuyan a enfrentar la crisis, lo cual ha sido sugerido
por quien escribe.
Vargas es también partidario de que nuestro
país ayude a Haití con un plan de asistencia humanitaria a cargo del gobierno y
de diferentes empresas e instituciones nacionales. Dicho plan podría incluir
una contribución al fondo que maneja la FAO para “enfrentar la subalimentación
crónica y aguda en la nación haitiana.” Además, deberíamos ayudar al
fortalecimiento de la gestión aduanera en la frontera y, observando la
legislación nacional, “consolidar institucionalmente el programa de los
trabajadores fronterizos.” Para viabilizar tales propósitos, se requiere
“incentivar el dialogo entre las instituciones estatales, cívicas, académicas y
eclesiásticas” de ambos países.
Con respecto al sistema de seguridad social,
Vargas propone que sea el Estado quien lo financie a través de los impuestos.
Esto así, porque la recién promulgada Ley No.13-20 que modifica el sistema, no
resolverá el problema de la sostenibilidad. Los ayuntamientos y las mipymes no
tendrán los recursos suficientes para pagar su cuota de la seguridad social, a
pesar de que se le haya exonerado del pago de recargos por moras e intereses.
Esas cargas se volverán a acumular “porque es un problema de recaudación, de
ventas y de capacidad operativa de los ingresos de las mipymes.” La gran
mayoría solo tiene ingresos de subsistencia.
En adición, Vargas hace otras propuestas
complementarias de corte más controversial. Propone la creación de un seguro de
desempleo que sea sustentado por los patronos, para que el sector laboral no
tenga que cargar con el costo de la seguridad social. Con relación al esquema
de comisiones de las AFP, Vargas señala que, aunque la citada nueva ley las
disminuye gradualmente “desde 1.2 por ciento de los activos administrados hasta
un 0.75% en 10 años”, todavía ese margen queda muy alto porque el promedio a
nivel mundial es de 0.80%. Además, el volumen de dinero que manejan tendrá un
gran aumento, por lo
que sus ganancias seguirán siendo altísimas.
Estos señalamientos de Vargas comportan un
cuestionamiento fundamental al reformado sistema de seguridad social. Ya las
críticas no se circunscriben a que mas del 80% de los fondos del sistema hayan
sido copados por el Estado –Hacienda, Banco Central, Banreservas—, sino que las
medidas de la nueva ley no son las correctas. Sería imprudente y resultar muy
costoso que se espere algunos años para saber si las reformas introducidas han
surtido el efecto deseado. Es harto evidente que estas propuestas de Vargas
deben comenzar a discutirse con seriedad inmediatamente.
En materia de salarios, Vargas hace la
observación de que tenemos una de las más bajas tasas de remuneración salarial
medida como proporción del valor agregado generado por las empresas. Señaló
que el promedio mundial es 50%, pero que en el país ese promedio apenas llega
al 27%. En
declaraciones anteriores, ya Vargas había advertido que la capacidad de compra de
los salarios dominicanos había caído un 25% en los últimos 20 años. De nada ha
servido que el gobernador del Banco Central y el mismo presidente de la República hayan reclamado un aumento de los salarios en múltiples ocasiones.
Además, Vargas sostiene que “en el país hay
sectores productivos, como por ejemplo el de zonas francas, que no respetan el
salario mínimo de referencia.”
“El rango de sueldo mínimo en el país es una
miseria que ni siquiera cubre la canasta básica familiar, la cual es de
RD$31,000.” Frente a esta inequidad, quien
escribe ha sugerido al respecto que “por decreto deberá ordenarse al Comité Nacional
de Salarios establecer tarifas de salario mínimo que equivalgan por lo menos al
80% de la canasta básica definida por el Banco Central.
Igualmente, se deberá
adoptar una nueva y moderna metodología para fijar los salarios mínimos, como
tiene pendiente ese Comité.”
Es harto evidente que los reseñados más arriba
son enormes desafíos para la política pública. Lamentablemente, son temas que
no se ventilan públicamente con frecuencia y los candidatos a los puestos
públicos relevantes no osan tratarlos. Habrá que esperar al nuevo gobierno que
surja de los comicios venideros para saber si tendrá el coraje de enfrentarlos
como lo ha hecho, con sus declaraciones, Luis Vargas.
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