Por Juan Llado
Un
acelerado desarrollo económico de Haití debe ser materia de nuestro más alto
interés nacional. Por ser un país hermano que comparte con nosotros la isla,
nos interesa que su población disfrute del mayor nivel de bienestar posible y
que deje de ser el país más pobre de América. De más directo interés es que se
reduzca la migración ilegal y que Haití pueda importar más productos dominicanos.
Estas dos últimas metas se tornan cada vez más difíciles por los abismos que
nos separan. Sin embargo, existe una manera de catapultar el desarrollo de ese
país si
arrimamos el hombro para que el sector turístico haitiano despegue en
grande.
Lo
primero es reconocer que un desarrollo turístico en Haití, lejos de
perjudicarnos, beneficiaría al nuestro mediante la diversificación del producto
turístico isleño. Por ende, detonar en grande ese desarrollo califica como una
meta dominicana de desarrollo. Una manera práctica y factible es la de ayudar a
que en Haití se desarrollen dos grandes hoteles
playeros todo incluido de 1,000 habitaciones cada uno. Uno
podría enclavarse en Bahía Chou
Chou, una playa de 1.5 kilómetros en las cercanías de
Cabo Haitiano. El otro se construiría en la playa de 26 kilómetros Cotes-de-Fer en
la costa sur. (En un reportaje de CNN
sobre las mejores 100 playas del mundo, Haití figura con una (Abaka, en Ile-de-Vache) y la
RD con otra (Cayo Paraíso). Los aeropuertos de Cabo Haitiano y Jacmel ya
pueden recibir aviones grandes.
Como
este tipo de infraestructura hotelera no ha podido atraer inversionistas
privados, los dos gobiernos se abocarían a tomar un préstamo del BID por US$500
millones para desarrollarla. Dos mil habitaciones a US$200,000 c/u, requeriría
US$400 millones, con los fondos restantes para otra infraestructura (acueducto,
carretera, líneas de transmisión, etc.). El BID proveería estos
recursos de su Fondo para Operaciones Especiales, el cual está destinado para préstamos
concesionarios, y cada gobierno sería responsable por la
mitad de la deuda. Para calificar en esta ventanilla de crédito, ambos países lo
solicitarían formalmente a la Asamblea Anual del BID, ya que actualmente no
figuran entre los países elegibles. Un fideicomiso binacional constituido por
representantes de los gobiernos y bancos privados de ambos países, manejaría la
operación crediticia y los proyectos.
El
propuesto financiamiento permitiría que los gobiernos hagan la mayor inversión
sin tener que desembolsar recursos propios. De ser necesario, los dos estados
podrían suscribir un tratado –similar a los suscritos en el 1874 y el 1929–
para garantizar el aval estatal. Pero la operación de los dos establecimientos
sería concesionada a cadenas hoteleras multinacionales que tengan operaciones
vigentes en nuestro país. Los beneficios de la operación hotelera entonces
repagarían el préstamo. Para satisfacción del BID, los abogados redactarían la
documentación necesaria para que los concesionarios figuren también como
corresponsables del pago, especificando las condiciones mediante las cuales
aceptarían la obligación correspondiente.
Es
deseable que los concesionarios tengan la primera opción de compra de los
hoteles en caso de que, una vez iniciada su operación, comprueben el buen
negocio y deseen adquirirlos antes de que se termine de amortizar la deuda.
(Esa opción permitiría el repago anticipado del préstamo del BID.) Para
garantizar la inversión en este caso se requeriría de provisiones especiales
que generen la confianza de los adquirientes. Después de explorar la
posibilidad de que tales garantías provengan del Organismo Multilateral de
garantía de Inversiones (MIGA) del Banco Mundial, también podría explorarse la
posibilidad de un aval soberano de los dos estados para el caso de que haya
perdidas inesperadas. Es decir, en ese caso, la obligación de repago recaería
nuevamente sobre los dos estados.
En
vista de que los hoteles propuestos requerirían de servicios de tour operación
y transporte aéreo para garantizar la afluencia de clientes, lo ideal sería que
los arrendatarios fueran grandes cadenas hoteleras con presencia comercial en
suelo dominicano (p. ej. Barceló, Anex Tour, Meliá, Riu, Fosun Group, etc.). En
la licitación internacional inclusive podría privilegiarse a cadenas que estén
verticalmente integradas y posean subsidiarias que ofrezcan esos servicios. Sin
embargo, las bases de la licitación podrían requerir de arreglos alternativos
en caso de que un participante no posea esas facilidades. Lo importante es que
el licitante ofrezca condiciones que garanticen el flujo de visitantes y la
ocupación de los hoteles.
Otros
aspectos para garantizar, son la seguridad y la salud. Respecto al primero se
puede presumir que, en vista de que los hoteles operarían bajo el modelo del
todo incluido, la seguridad del huésped puede garantizarse con relativa
facilidad con un cuerpo hotelero de seguridad bien entrenado. En caso de que
los turistas se aventuren a visitar lugares fuera del perímetro del hotel, se
tendría que ofrecer servicios policiales especiales que los acompañen. Podría
advertirse a los huéspedes que se aventuren fuera sin esa protección de que el
hotel no se haría responsable de lo que pueda sucederle. Pero la oferta de
servicios internos del hotel seria de tal naturaleza que desincentivara ese
tipo de aventura.
En
materia de la salud de los huéspedes, por supuesto, el hotel sería responsable
de lo que suceda en su seno. Esto pasa por el desarrollo de estrictas medidas
de seguridad alimentaria y de protocolos rígidos para impedir cualquier tipo de
contaminación ambiental. (La prevención de la malaria figuraría entre las más
importantes medidas.) Las visitas externas que hagan los huéspedes se tendrían
que rodear de medidas de protección pertinentes para impedir cualquier contagio
de enfermedades tropicales.
Los
proyectos propuestos son factibles y manejables. Queda pendiente, sin embargo,
encontrar la fórmula para la captación de los terrenos necesarios, lo cual
requeriría de medidas especiales, en vista de la inestabilidad política del país
vecino y de la precaria institucionalidad. De ahí la sugerencia de que se
blinden los proyectos con un tratado entre los dos países que sería refrendado
por las cámaras legislativas respectivas. Y ya que la renuencia de los
gobiernos a emprender iniciativas conjuntas impediría la materialización de
esta iniciativa, se requerirá de entes de la sociedad civil de ambos países
para llevar los gobiernos al compromiso de orquestarla y respaldarla. Las
iglesias respectivas y la diáspora haitiana podrían jugar un rol determinante
en este asunto.
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