Por Juan Llado
Nuestra clase política no ha
podido resolver algunos graves problemas nacionales que un nuevo gobierno
tendrá que enfrentar. Sería muy arriesgado asumir que las nuevas autoridades,
especímenes de esa misma clase, producirán formulas salvadoras a partir de
agosto del 2020. Por eso se justifica que para su solución se contemple el
reclutamiento de ayuda de entes externos mediante el uso del recurso de la
subcontratación. Tal medida sería particularmente deseable para encarar
problemas tan complejos como la impunidad, el desbarajuste fiscal, la
inseguridad pública y el bajo rendimiento escolar.
Se sabe de sobra que la
impunidad es el principal estímulo para la corrupción que embarga las prácticas
de la clase política y de sus cómplices económicos. No podremos consolidar la
institucionalidad democrática sin que esta se persiga y castigue. El reclamo de
que se combata ha sido escuchado por varios partidos de la oposición, pero ninguno
ha presentado hasta ahora una estrategia para su
erradicación. Solo el PRM ha prometido específicamente nombrar una
personalidad independiente en el cargo de Procurador General, para garantizar un
idóneo desempeño del ministerio público.
Pero esa medida no será
suficiente para responder a la sed de justicia derivada del caso de corrupción
de la Odebrecht, el más oneroso de la historia del país. Hoy prevalece en la
ciudadanía un macabro descreimiento, porque ésta asume que, a pesar de la
enorme cuantía del timo, las nuevas autoridades aplicarán el “borrón y cuenta nueva”
sin rescatar el botín robado. Gran parte de la sociedad sospecha que no se ha
profundizado la investigación ni se han sometido a la justicia a todos los
implicados, y que en este caso no habrá justicia. Basta recordar que la PGR no
ha investigado la denuncia de corrupción en el caso de Punta Catalina y que la
Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoria forense de las demás obras, para
evaluar sus sobrecostos. El gran anhelo de justicia que significó la Marcha
Verde, ha quedado pendiente de redención.
Por más diligente y corajudo que
sea el Procurador del próximo gobierno, ese solo proceso podría empantanar
todas las demás investigaciones de esa cartera. La magnitud del caso absorbería
los recursos del Ministerio Público y la atención del público, restando
efectividad en otros casos e iniciativas. El hecho de que una persecución
efectiva podría producir reembolsos para el fisco de más de mil millones de
dólares –tal y como ha sido el caso en Perú—implica que el esfuerzo
persecutorio debe ser serio, intenso y continuo, posiblemente excediendo el
periodo de gobierno. En consecuencia, será necesario apelar a un recurso
similar al de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o a la Misión de Apoyo contra
la Corrupción e Impunidad de la OEA en Honduras, para
auxiliar a la PGR.
La CICIG fue un recurso
solicitado a las Naciones Unidas por el gobierno de ese país, frente a una serie
de abusos de los derechos humanos de cuerpos ilegales de seguridad y de
mayúsculos escándalos de corrupción. Por espacio de una década, la Comisión
“llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios,
jueces y civiles, acusados de corrupción”. Cuando se investigaban denuncias
contra familiares muy cercanos del Presidente Morales, este decidió no renovar el
mandato de la CICIG y esta tuvo que dejar a medio tajo las
investigaciones. Pero en nuestro caso, la gestión se limitaría al caso Odebrecht
y se consagraría un estatuto legal que le de vigencia por cinco años, lo
suficiente para terminar la investigación.
Una ayuda similar se requerirá
también para viabilizar el Pacto Fiscal que se tiene como la ineludible
respuesta al desbarajuste actual de las finanzas públicas. El destacado
economista Pavel Isa Contreras lo
sintetiza englobándolo en el endeudamiento: “Entre 2008 y 2018,
el endeudamiento público financió más del 28% del presupuesto del Gobierno
Central y cerca de un 19% del gasto primario, es decir, del gasto efectivo en
la economía, descontando los pagos de deuda.” “En 2018, el gobierno solo tuvo
recursos para pagar por menos del 34% de los intereses adeudados. El restante
66% lo cubrió con nueva deuda. En pocas palabras, la deuda, que ha financiado
una proporción elevada del presupuesto público, ahora se está “comiendo” los
recursos. La respuesta de la política ha sido posponer la solución, tomando más
prestado y agravando gradualmente el problema.”
Un coro de economistas señala
que el meollo del reto fiscal está en aumentar los ingresos tributarios, sin
desmeritar la redistribución del gasto. En lo primero, habrá que enfrentar el
rediseño del sistema de incentivos fiscales, para eliminar muchos que ya no son
necesarios, mientras ensanchar la base de los contribuyentes requerirá gravar a
algunos segmentos de la población actualmente exentos, ambas medidas de
urticante complejidad para los intereses en juego. Un nuevo gobierno querrá
evadir confrontaciones que mermen su capital político. De ahí que sea
recomendable apelar a la ayuda del Banco Mundial y del BID para que preparen un
borrador del Pacto, a fin de que el nuevo gobierno no tenga que cargar con el
fardo de la culpa (aunque haga modificaciones). Se ganaría un tiempo precioso,
si tan pronto se anuncie su triunfo electoral, el presidente electo pide esa
tarea a las agencias multilaterales. Así podría conseguirse la aprobación
congresual del paquete en el mismo mes de agosto del 2020.
El escabroso problema de la
inseguridad pública, por otro lado, requiere de medidas que vayan más allá del
simple cambio de oficiales al mando de la PN y la DNCD. Asimismo, no será
suficiente aumentar los salarios de los policías, ni reforzar la policía
preventiva ni la policía comunitaria. Habría que esperar a ver cuáles fueron
las recomendaciones que ofreció Rudy Guiliani al PRM, pero tampoco se trata
solamente de elaborar un plan integral para combatir la delincuencia. Mientras
más de una cuarta parte de la población siga sumida en la pobreza, ese componente
de la motivación de los atracos urbanos, no desaparecerá. Siendo un poderoso leif
motiv para el crimen, el narcotráfico se erige también como un flagelo
instigador que requiere limpiar a los cuerpos de seguridad de oficiales
cómplices. El problema de la seguridad pública es bien complejo y su solución
es de mediano a largo plazo, pero hay que saber cómo comenzar.
Al ser una de las mejores del
mundo, apelar a la policía de Singapur para
mejorar la función pública en el tema de la seguridad pública, es enteramente
deseable. (La alternativa de Interpol es más aplicable a la persecución del
crimen organizado internacional.) Ese cuerpo policial, el cual tiene el mismo
número de agentes que nuestra PN, es responsable de que Singapur figure entre
los cinco países con mejor seguridad publica en el mundo. Su cooperación sería
diseñada después de una exploración amplia de las posibilidades, pero es posible aquí sugerir
una estrategia concentrada en dos áreas básicas: 1) la Unidad
de Asuntos Internos de la PN y la DNCD, y 2) la policía comunitaria. Lo
importante es reconocer que el país requiere de una ayuda externa in situ y que
algún país con buen desempeño en esta área, puede ayudarnos a mejorar.
Igual necesidad de ayuda externa
se da en el área educativa, donde los docentes son el
ingrediente esencial para conseguir calidad en la enseñanza. No
es verdad que los nuevos docentes que produzcan las 16 universidades con la carrera en educación o
el Isfodosu, van
a mejorar sustancialmente el desempeño escolar en el corto o mediano plazo.
Tampoco sería realista esperar que el Inafocam logre
similares resultados con los docentes en ejercicio. Un cambio radical en el modelo
de enseñanza –para que sea similar al de Chile o Finlandia- sería también una
transformación engorrosa que requeriría de mucho tiempo para que se adapten las
estructuras docentes y administrativas. De ahí que la medida que podría tener
un impacto deseable más inmediato, sería la contratación de un grupo de docentes
extranjeros que, con un plan integral que
propiciara los intercambios con los docentes nacionales,
sirvieran de modelo de competitividad en las escuelas públicas.
Así las cosas, el nuevo gobierno
en el 2020, deberá enfrentar con seriedad y coraje, los intereses creados que
impedirían la inserción de los insumos externos recomendados, si queremos
combatir la impunidad, arreglar las finanzas públicas, fortalecer la seguridad
pública y mejorar los rendimientos escolares. Si la clase política toma nota
del estancamiento en esas áreas, debe aceptar esa ayuda con humildad y
patriotismo.
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