Criminal Soslayo de la Atención Primaria

Por Juan Llado

El asco no se compra en botica. Pero quien se conduela de la desdicha del prójimo, no tendrá que comprarlo para sentir ese nivel de repugnancia frente a la reciente posposición, por parte de las autoridades del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), del inicio de la aplicación de la estrategia de atención primaria en salud. Declararon que no hay dinero para hacerlo, pero sì para ampliar la cobertura de medicamentos sòlo para el régimen contributivo. Al sumarle a esto la decisión de aumentar los honorarios médicos, se cometió un despojo vandálico contra la justicia social que amerita un severo castigo.

Esto así, porque las decisiones mencionadas no podrían ser más hirientes para los pobres. Mientras a ellos se le niegan los recursos para la implementación plena de la estrategia redentora, a los que menos necesitan se les asignan recursos para acolcharle aún más sus riesgos de salud. Y a los médicos se les aumentan sus ingresos cuando se conoce que son ellos, junto a los propietarios de clínicas privadas y las ARS, los que más obstaculizan el desarrollo y consolidación de la atención primaria. Estas decisiones traslucen una criminal negligencia del gobierno en la defensa de los intereses colectivos, postrándose genuflexo ante los intereses particulares.

Buscando garantizar el acceso equitativo al sistema de salud, los servicios  aquí se organizan en dos niveles. El primero es un “Nivel de Atención Primaria y Ambulatoria”, que responde al desafío de universalizar el derecho a la salud. Un segundo “Nivel de Atención Especializada” atiende a pacientes que requieren internamiento y cirugía. La soslayada estrategia de atención primaria, elogiada como la más importante transformación sanitaria en un siglo, se considera el pilar fundamental del sistema nacional de salud y el que más importa para la salud de los pobres. Está diseñada para que sus servicios sean los más cercanos a la población, resolviendo las más frecuentes necesidades básicas de atención (aproximadamente el 85% de los problemas de salud).

La cobertura del sistema de salud revela el papel fundamental de la atención primaria. “La red estatal de centros de salud está compuesta por unos 1,679 establecimientos que abarcan 1,450 centros del primer nivel de atención, 40 centros de diagnóstico clínicos de atención primaria, y 189 centros especializados de atención en salud. Entre estos se incluyen 13 hospitales regionales, 32 hospitales provinciales, 122 hospitales municipales y 19 hospitales de referencias.” Los entendidos consideran que deberían existir unos 6,000 centros de atención primaria.

Las unidades de atención primaria (UNAP) son el pilar básico del sistema de salud y consisten en facilidades y servicios de salud que se asignan a un territorio definido y a una población de entre 500 a 700 familias. Su objetivo es evitar, mediante la asistencia, prevención, seguimiento y orientación adecuada, la visita directa a un especialista o una emergencia. Sus servicios deben incluir educación, vacunas y otras herramientas de prevención, consultas, análisis y otros métodos diagnósticos, seguimiento y referimiento, cuando los pacientes necesiten acudir a otros centros especializados. La mayoría de sus pacientes acuden por procesos gripales, virales, diarrea, migrañas y dolores musculares.

El principal problema es que las UNAP no están ofertando los servicios que debieran. “Debido al inadecuado funcionamiento de las UNAP, las salas de espera y las emergencias de los centros asistenciales del país se encuentran abarrotadas. Los especialistas reciben hasta 40 pacientes en un día, que incluyen las personas que van sólo por prevención, mientras las emergencias entre 1,500 y 3,000 al mes, lo que hace que no se dedique el tiempo y la atención correcta que amerita el ciudadano.” El 97% de las UNAP operan con personal mínimo compuesto por un médico, una enfermera y un promotor especializados en salud familiar y comunitaria. Sin embargo, el 58.8% de esas unidades son dirigidas por médicos pasantes, que, por tales, “no tienen la autorización legal para ejercer la medicina”. En los centros de atención primaria “no hay compromiso alguno de indicadores de calidad, condiciones de trabajo del personal médico o de eficiencia de servicio.”

“Para el año 2019, el presupuesto asignado a los centros de atención primaria asciende a unos RD$3,793.3 millones, lo que representa el 9.2% del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, revela el informe Atención Primaria en Salud, divulgado por la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa). Con relación al presupuesto total del Ministerio de Salud Pública, el de los centros de atención primaria representa el 4.6%, lo que significa que menos de cinco pesos de cada 100 son invertidos en el primer nivel de atención, según el estudio. 

”Todo esto se agrava, porque el 911 ha incrementado la necesidad de un mayor número de UNAP.

La insuficiencia de recursos para apuntalar la cobertura y calidad de los centros de atención primaria, se aprecia mejor al ponderar los promedios regionales. “El atraso sanitario del país se expresa en un bajísimo porcentaje del presupuesto para la salud pública (menos del 2.0%), incluyendo la promoción y la prevención (menos del 5% del gasto). En cambio, los países de la región invierten el 4.2 % de su producto interno bruto (PIB), menos que el mínimo del 6 % recomendado por la OMS, con un 26 % dedicado al primer nivel de atención.”

Mantener carenciada a la atención primaria, no solo representa una mangrina denegación de derecho para los pobres. También empantana el desarrollo general del sistema de salud, porque una buena atención primaria implica “profesionalización del personal de salud y educación, sistemas de vigilancia epidemiológica más efectivos, mayores niveles de cumplimiento de protocolos de salud y un fortalecimiento de la articulación institucional en el sector”.

La olímpica declaración del Ministro de Trabajo, de que no se aplica la estrategia de atención primaria por falta de fondos, estimados por el en RD$600 millones mensuales, es pues una malvada muestra de irresponsabilidad de parte de la clase política, que equivale a un “pobrecidio”. La reciente “Autopsia Fiscal” de Oxfam, al reportar que la corrupción en el gasto público representa un 1.1% del PIB, es ayuda suficiente para calificar como cobarde esa soberbia negligencia. No es solo que algunos de los gastos más superfluos –asignación a los partidos políticos, yipetas y canonjías de funcionarios, etc.- podrían redirigirse, sino que para preservar su capital político y ordeñar al Estado, también no acometen la tarea del Pacto Fiscal para aumentar las recaudaciones.

Siendo la educación y la salud los pilares fundamentales del desarrollo, la atención a la salud es un reto de desarrollo que merece un esfuerzo nacional similar al del 4% del PIB para la educación. Pero no hay que esperar a que esa meta nacional se logre. Con una más apretada disciplina fiscal y una voluntad política para redimir a los pobres, se puede hoy mismo asumir las responsabilidades de la atención primaria. Vendiendo al Banreservas y/o algunos de los activos eléctricos de Fonper, también podrían solventarse las necesidades más inmediatas de la estrategia de atención primaria.

Si el gobierno sucumbe a los intereses creados que impiden la toma de las decisiones al respecto, los pobres deben orquestar una masiva protesta que les niegue los votos que sus personeros ansían en las próximas elecciones. Es la mejor forma de demostrar el asco ciudadano por quienes aparentan solo ver lucro personal en las funciones públicas. Es tiempo de que el telón moral que separa lo bueno de lo malo, trace la línea de Pizarro.