TSE enfrenta prueba de fuego con las primarias y la nueva Ley Electoral
Por Hogla Enecia Pèrez (Diario Libre)
Santo Domingo.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) estaría enfrentando una prueba de fuego con la celebración, por primera vez en el país, de primarias simultáneas con voto automatizado y modalidades de elección diferentes: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá unos comicios abiertos, mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo hará cerrado.
A dos días de celebrarse las primarias del PLD y el PRM, el Tribunal conocía impugnaciones a precandidaturas, y según lo explicado por el presidente de esa Alta Corte, Román Jáquez, entre el 6 de agosto y el 26 de septiembre de este año, se conocieron y fallaron 42 casos contenciosos electorales: 37 de ellos corresponden al PLD y PRM, únicas organizaciones que celebrarán primarias para escoger a las personas que competirán en los comicios del 16 de febrero y 17 de mayo del 2020.
Esta estadística podría ser la evidencia de que serán muchas las instancias que llegarían al Electoral desde el mismo 6 de octubre, día de las elecciones, o posterior a ella. ¿A qué se debe? A que son 11,314 las personas que están disputándose los cargos: 6,712 candidatos en el PLD y 4,601 en el PRM.
PLD se reservó 128 candidaturas en tal sentido, por encabezar la boleta a la presidencia de la República compiten 4 miembros de la organización, hay 97 precandidatos a senadores, 613 a diputados, 490 a alcaldes, 3,080 a regidores, 646 a directores de juntas municipales y 1,782 a vocales.
El PRM no ha dejado en claro cuantas candidaturas hay reservadas, pero de acuerdo a lo depositado en la Junta Central Electoral, a la presidencial aspiran 6, tiene 13 precandidatos a senadores, 236 a diputados, 257 a alcaldes, 2,337 a regidores, 387 a directores de juntas municipales y 1,365 a vocales.
Entre febrero y marzo del año 2016 conoció y falló un total de 294 casos del período preelectoral. La mayoría de estas instancias estaban relacionadas a diferendos sobre reclamos de candidaturas a raíz de procesos de elección interna y listas definitivas de candidaturas de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, explicó a Diario Libre el TSE.
Previo a la entrada en vigencia de la Ley Electoral, los períodos eran clasificados como pre y pos-electorales. Un total de 345 sentencias se emitieron posterior al 16 de mayo del 2016, fecha en que fueron elegidos el actual presidente de la República, los congresistas, alcaldes, directores de juntas distritales y regidores.
No hay condiciones
El Tribunal Superior Electoral tiene competencia nacional para conocer los casos de crímenes y delitos electorales, sin embargo el Ministerio Público, órgano constitucionalmente responsable de perseguir estas infracciones, a la fecha no tiene creado una dependencia que se encargue de este tipo de casos.
En el transcurso de la semana que pasa, la Procuraduría General de la República informó que están realizando una serie de capacitaciones a su personal para considerar el impacto de las nuevas atribuciones conferidas al TSE por las nuevas leyes de Partidos políticos y de régimen electoral, así como “deslindar la función y el rol del Ministerio Público de cara a la implementación de las nuevas leyes electorales y a la creación de una jurisdicción especializada para la persecución de los delitos electorales”.
“Si un delito electoral, una compra de votos o una venta, que ambas actuaciones son ilícitas, ocurriese en La Mata de Cotuí, el fiscal o fiscalizador de ahí debe: es un caso penal, ordinario, normal, con el plazo de las 48 horas, y eso debe ser remitido adónde: a la Procuraduría General de la República, a esa unidad que reitero, debe tener el nivel no de corte, debe ser un procurador general adjunto”, destacó el presidente del TSE al participar del Dialogo Libre de este diario.
Al destacar la importancia de que los fiscales sean capacitados sobre la tipificación, características y procedimientos a agotar ante el Superior Electoral, Román Jáquez explicó, además, que esa Alta Corte no tienen infraestructura física ni capacidad para recibir a los posibles imputados por violación a la ley de partidos y electoral.
“El tribunal Superior Electoral, en su infraestructura física no tiene capacidad para recibir. Ahí no hay celdas, por lo menos, no hay celda, o sea ¿cómo manejamos esto? Debe haber una estructura penal instalada y no la tenemos”, destacó Jáquez.
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