Punta Catalina y el Sistema Eléctrico

Por Juan Llado  

Es mala la decisión del gobierno de vender el 50% de las acciones de la compañía que funja como propietaria de la central termoeléctrica de Punta Catalina (PC). Son múltiples las razones por las cuales ese plan no beneficia los intereses colectivos de la población, los que serían mejor servidos reteniendo la propiedad total. Pero esos intereses tampoco serán redimidos hasta tanto no se busque una solución a la injerencia de la clase política en el sistema eléctrico. Sin ese tipo de solución, PC ayudarà muy poco a que salgamos de la crisis energética que empantana el desarrollo del país.

Lo errado de la decisión se pone en evidencia al ponderar los objetivos del gobierno que justificaron la central. El principal fue el de inducir con su operación una rebaja en los costos de la electricidad para las distribuidoras estatales. Eso a su vez se traduciría en una rebaja de la tarifa eléctrica y una disminución del subsidio estatal a las edes. La inducción de la rebaja se lograría porque, al PC usar carbón y así poder vender más barato su electricidad, los demás generadores se verían obligados a reducir sus costos de operación mediante el cambio de su tecnología (p. ej. el ciclo combinado) y el abandono de los más caros combustibles fósiles (fuel oil, diesel). Una consecuencia de esos logros serìa la disminución de los apagones.

Las autoridades han proyectado unos resultados del primer año de operación de PC que, en un primer análisis, aparentarían cumplir por lo menos con el objetivo de la inducción del cambio de los otros generadores. Independientemente de que se venda la mitad de la empresa de PC al sector privado, se espera que la planta producirá un beneficio neto de US$245 millones, asumiendo una producción anual de 5.5GWh. Además, se calcula que la venta de su energía a US$0.10 el kv/h generaría a las edes un ahorro de US$500 millones, en vista de que el precio promedio a que compran actualmente es US$0.14 el kv/h. Estos resultados abonarían también a los objetivos de disminuir el subsidio eléctrico y, tangencialmente, a disminuir los apagones.

Sin embargo, este esquema tiene sus bemoles. En primer lugar, los beneficios netos no necesariamente serian del monto estimado. Podrían ser mayores en caso de que, como es dable esperar, el precio del carbón continúe bajando, pero menores en caso de que suba. De cualquier modo, con la venta del 50% de las acciones, el gobierno solo recibiría la mitad de los dividendos, lo cual implica que el monto disponible para invertir en las otras deficiencias del sistema serìa mucho menor de lo anunciado. Por otro lado, el cuantioso ahorro que tendrían las edes al comprar la energía más barata de PC no sería tal, en vista de que estas pierden todavía un 27% de la energía que sirven, siendo Edeste la peor. De ahí que los beneficios estimados no serían tan cuantiosos.

El otro problema del esquema, es que deja intacta la tarifa eléctrica. Si bien el ahorro de las edes se basa en la diferencia en el precio de la energía entre la que suplirá PC y la que suplen los demás, las autoridades no dicen que tendrán que mantener la tarifa tal y como està mientras exista la necesidad de seguir subsidiando las edes. Tampoco se cumpliría con el objetivo de reducir los apagones mientras se mantenga esa necesidad, porque los apagones, como se sabe, no se deben a un déficit de generación, sino a una necesidad financiera de las edes. Y el argumento de la ADIE de que sobran 200MW de capacidad de generación no parece correcto, porque no toma en cuenta la necesidad de una reserva (fría y caliente) para el SENI, la cual se estima en 1,100MW.

Ahora bien, el esquema retiene su validez en tanto empujaría hacia el cambio deseado en los demás generadores. Pero resulta evidente que si se optara por suplir la energía de PC al costo, se conseguiría generar una mayor presión sobre ellos. También aumentaría el ahorro de las edes y se podría inclusive efectuar una ligera baja en la tarifa, amén de una disminución marginal de los apagones.

Estos resultados tendrían más sentido que los del esquema citado más arriba. Y si el carbón baja de precio, como se espera que suceda por la gradual disminución de la demanda que está induciendo el calentamiento global y la adopción de las renovables, vender la energía al costo sería aún más beneficioso para los intereses colectivos.

Conviene más, entonces, que el gobierno se quede con la total propiedad de PC y contrate a un operador privado competente que la administre sin injerencias políticas. Esto debería suceder por un periodo no menor de cinco años, para que los otros generadores sientan la presión de reconvertirse. Pero la inducción a la reconversión puede resultar un sueño de una noche de verano. Eso así, porque como muestra la gráfica adjunta, solo un 38.1% de la generación se hace a base de petróleo. Una 32.9% se genera con gas natural, lo cual no requeriría reconversión. Las renovables aportaron solo un 7% en los primeros seis meses del año. De manera que lo que hay que reconvertir sería prácticamente solo una tercera parte de la producción.

El alcance de la inducción se torna más incierto al considerar la propiedad estatal de la generación, representada principalmente por EGEHaina y EGEItabo. En EGEHaina, el generador más grande, el Estado es propietario de un 62% de las acciones (un 49.95% el gobierno y el resto el Banco Central), mientras en EGEITABO retiene un 49%. (Estas dos plantas aportaron un 29% del total generado en el 2017.) EGEITABO opera a carbón totalmente y, asumiendo que el precio del carbón continuara bajando, no habría incentivo para cambiar. En el caso de EGEHAINA, una parte se genera con carbón y fuel oil, pero también se genera con biomasa, solar y eólica. Aunque esas plantas producen cuantiosos beneficios a los precios que venden a las edes, cabe preguntarse si el Estado y su socio procuraran la reconversión. ¿Hasta qué punto le conviene al Estado embarcarse en la reconversión de estas plantas? 

En el escenario aquí descrito, por tanto, el objetivo de la inducción a la reconversión no será una meta fácil de lograr y su concreción podría tomar un largo tiempo. Es más probable que la matriz energética evolucione hacia las renovables más rápidamente. Pero lo que queda claro es que PC no resolverá la crisis del sistema eléctrico. Es decir, PC por sí sola no traerá un cambio en la matriz de generación hacia las energías renovables, no conjurará el déficit creciente de energía (estimado entre 150 y 200MW adicionales cada ano) y no resolverá el problema de las pérdidas de las edes ni de las deficiencias y déficits en la transmisión.

Aun si un operador privado se contrata para PC, el moquillo de la gerencia política del sistema continuarà negándole a la población energía suficiente y barata para el desarrollo. Es por lo que el Consejo Económico y Social (CES), con respaldo de los partidos políticos, debe promover una “solución final” que incluya la privatización total del sistema y una compensación a la clase política que le aminore el costo político de desentenderse del sistema. Esa compensación, a manera de una reparación de guerra, sería la clave para lograr una solución definitiva al problema eléctrico. Al final, el costo para la población de esa “reparación” sería mucho menor que el que implica continuar con la gerencia política. Y si lográramos resolver el problema eléctrico ahorrarìamos , según un calificado experto nacional, por lo menos mil millones de dólares al año.

¿En qué consistiría esa “reparación”? Los intereses de la clase política que la obligan a mantener su manejo del sistema, serian básicamente los empleos que podrían ofrecerle a su militancia. El empleo supernumerario de las edes, las cuales tienen más de 7,000 empleados, cuando podrían funcionar, según consultores extranjeros, con 1,200. Si la privatización conlleva la eliminación de 5,800 empleos, la “reparación” deberá consistir en buscarle a quienes lo tengan una compensación por un periodo de transición de por lo menos tres años. No contamos aquí la corrupción que se deriva de las compras y contrataciones, y las otras canonjías que se asocian con el poder que dan las posiciones encumbradas del sistema. Su eliminación seria el precio moral a pagar.