Tal parece que cuando la denominada Corte
Interamericana de Derechos Humanos necesita sonido, recurre al desgastado
y abusivo expediente de la inexistente “apatridia”. Su última
resolución, desconociendo el accionar del Tribunal Constitucional, es
una afrenta, un atrevimiento. Lo peor de todo, es que algunos
dominicanos se sumen a ese coro injerencista y desconocedor del derecho
del país a establecer normas relacionadas con su nacionalidad. Aquí no
reside nadie sin patria.Como esperábamos, el gobierno respondió adecuadamente esta intromisión. La rechazó y reiteró su apego a la decisión del Tribunal Constitucional, organismo que quiere desconocer la tal comisión interamericana. No compete a ese organismo decir a este país quien merece la nacionalidad.
Nuestra constitución traza la línea en ese sentido.
Pretender la CIDH colocarse por encima de nuestra constitución, es una ofensa. El artículo 184 establece que son “irrevocables y definitivas” las decisiones del TC. No puede una resolución injerencista del CIDH, auto asignarse el derecho a decir a este país como dar o negar nacionalidad.
El TC ordenó al Estado regularizar la situación de los hijos de extranjeros y así se está haciendo. No puede NINGUN organismo externo desconocer ese mandato. La soberanía nacional sería pisoteada si se acoge lo que pretende la CIDH.
El país debe respetar el accionar de dicha comisión, pero nunca arrodillarse ante este y menos si lacera el derecho soberano de nuestro pueblo.
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