“Y ahora qué hago con mis tres muchachos. A qué
escuela los voy a mandar. Sin casa y sin saber a dónde vamos”. Ese
clamor es de Caridad Santos, madre de 6 hijos, desalojada del barrio Los
Guandules el pasado viernes.
Me conmovió y entristeció su lamento acompañado del llanto impotente.
Los empleados de la Unidad Ejecutora para la Reubicación de la Barquita
y Entorno (URBE), justificaban su acción. Ni le miraron el rostro, tal
vez ni la oyeron.
Según ellos, tenían una orden para sacar a 19 familias
que no estaban cuando se realizó el censo de las áreas que serían
sacados para dar paso a lo que se ha denominado el Nuevo Domingo Savio.
Ese alegato lo rebatieron Lourdes Morillo, Danilo Ramírez, Caridad
Santos. Afirman que residen allí desde hace 10, 35 y 38 años. No se
oponen a salir, solo piden un trato humano y la garantía de un techo
donde seguir viviendo. Les destruyeron las humildes viviendas y sus
ajuares se los llevaron para un depósito de Bienes Nacionales que, según
dicen, ni les han dicho dónde está ubicado. Me entristece la cantidad
de niños que este lunes no estarán en un aula. No por un paro de la ADP,
que es casi normal, sino porque sus padres andan hoy “como el ave sin
nido”. Eso no les garantiza una escuela.
Ahí, en Los Guandules, el ministro de Educación, Andrés Navarro, hace
solo unos 10 días, abrió una sala digital. La educación se transforma.
Avanza, gracias al esfuerzo de las autoridades. Estas familias quieren
que sus hijos se aprovechen de ella. La acción del viernes debió pensar
en esos pequeños que no tuvieron culpa de nacer en esa zona vulnerable y
que hoy ven tronchada su formación. Le acompaña la incertidumbre.
No estamos en contra del plan de recuperación de URBE. Es algo por lo
que muchos dominicanos hemos abogado. Claro, lo primero es que nunca
debió permitirse ninguna construcción en el área, pero ya que la
decisión está tomada, se debe actuar con respeto al ciudadano y con una
planificación que le garantice a esas familias un techo seguro, en un
lugar donde tengan los servicios básicos y, particularmente, una escuela
para la formación de sus hijos. Hay que evitar que a la decena de
estudiantes fuera de aulas por los IMPRUDENTES e INJUSTOS paros, se sumen
los hijos de estas familias desalojadas de las riberas del Ozama y el
Isabela.
Aunque el desalojo no es responsabilidad del Ministerio de Educación,
acudimos a Andrés Navarro y a otras entidades a las que les duela la
formación de nuestros jóvenes, para que, junto a los representantes de
URBE, busquen una salida URGENTE a esta problemática. De lo contrario, el
mal podría ser mucho más grave y la medicina llegar tarde al paciente.
Bastante crecida está la inseguridad en este país y los estudios la
atribuyen, en gran medida, a los cientos de jóvenes sin formación
docente que hogares disfuncionales han dejado en las calles. Que la
recuperación del barrio, para hermosearlo y hacerlo vivible, no se lleve
consigo la escuela, en donde, madres como Caridad Santos, desean educar
a sus hijos.
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