Respaldan investigación y sometimiento
en el caso ODEBRECHT
Justicia
y Transparencia instó a la Procuraduría General de la República a no
desfallecer y seguir adelante con las investigaciones, ampliando las
diligencias procesales y la recolección de evidencias, dándole mayor sustento a
los elementos probatorios, robusteciendo con ello el expediente y de paso,
blindándolo de una posible impunidad.
La
entidad cívica saludó y valoró como positivo el extenso trabajo realizado hasta
el momento por el Ministerio Público, con la solicitud de auditorías a la
cámara de cuentas, el intercambio y confirmación de informaciones en el ámbito
de la cooperación penal internacional, la solicitud, seguimiento y comprobación
de informaciones sensibles, entre otras diligencias destinadas a garantizar el
sustento probatorio de las imputaciones.
La
FJT calificó de rutinario y normal el archivo provisional del expediente en relación
con algunos imputados, prerrogativa que utiliza el Ministerio Público cuando al
momento no existen suficientes elementos probatorios para sustentar una
acusación, todo ello en atención a los artículos 281 al 283 del Código Procesal
Penal.
No obstante, significó que no se trata de una absolución, y
que perfectamente el Ministerio Público si posteriormente encuentra las pruebas,
podrá reencartarlos de nuevo como imputados en el proceso.
Potentini
explicó que a su juicio, el Juez Ortega puede continuar al frente del proceso,
aun cuando reconoce que por un tema de prudencia lo conveniente sería que la
suprema designe un nuevo juez instructor, además de significar que erróneamente
se entiende por los formulismos estrictamente legales, que a quien le correspondería
la competencia para el eventual juicio de fondo del caso, lo
sería la cámara penal de la suprema, "lo cual reiteramos, sería un error, en
razón de que la Constitución de la República, en su artículo 154, numeral 1, al
referirse a las funciones de la suprema, dice que conocerán en única instancia
de las causas seguidas a quienes obstenten la calidad de la denominada
jurisdicción privilegiada.
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