Por Pablo Vicente*
La descentralización constituye la oportunidad para
que las administraciones locales diseñen políticas públicas acordes a las
necesidades reales de sus moradores, y para que establezcan relaciones coordinadas
entre los diversos ámbitos de gobierno y por lo tanto procuren el
fortalecimiento de la gobernanza local.
Asumir un proceso de descentralización implica el
cumplimiento de metas nacionales, muchos países han acogido la Agenda 2030 como
una prioridad nacional. Por ello, actualmente se impulsan proceso de
transversalizacion de la política pública a través de ejercicios de
alineamiento, utilizando entre otros, Planes estratégico con énfasis en la
planificación nacional y regional, con ello se busca articular políticas,
estrategias, programas y proyectos según las prioridades nacionales y
potenciando la participación de las autoridades y sobre todo del tejido social.
Desde esa perspectiva, en el marco del desarrollo
de la política pública, el desarrollo local emerge como la manera más adecuada
de fomentar la realización plena de los derechos de los ciudadanos.
En ese escenario, el municipio se transforma en el
primer ámbito de relación entre el ciudadano y los servicios, entre los
ciudadanos y las autoridades; entre el ciudadano y el Estado. Las autoridades
locales son el ámbito primario de actuación del poder, en el marco de la
estructura sociopolítica del país. Al mismo tiempo, el municipio se convierte
en el actor privilegiado para modular las intervenciones orientadas hacia el
cierre de las brechas. Por lo tanto, si en ese escenario no se registra una
adecuada relación ciudadanía-estado-participación-desarrollo, se reduce el
fortalecimiento de la democracia y los derechos de la población.
El acercamiento del Estado a las comunidades, vía
el municipio, representa un beneficio directo para la ciudadanía, que cada vez
más conoce, reconoce, demanda y defiende sus derechos a través de mecanismos
democráticos de control social.
El proceso de descentralización tiene como ejes
relevantes la sostenibilidad democrática, la transparencia de la gestión
pública, el uso adecuado de los recursos públicos y la eficiencia del aparato
político y administrativo del Estado.
En este sentido, la descentralización se orienta a
mejorar la planeación local, para solucionar las necesidades reales de las
poblaciones, buscando la corresponsabilidad de la sociedad civil con una
participación dirigida tanto a apoyar las decisiones de los gobiernos en
programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida, como a la
elaboración de propuestas para perfeccionarlos. Por ende, es necesario que los
gobiernos estatales y municipales le den a la descentralización el peso
que tiene en la planeación y diseño de políticas públicas, con la colaboración
social, lo que sólo se logra manejando relaciones intergubernamentales que
permitan una acción coordinada.
Para alcanzar una gestión pública eficiente en el
ámbito local, la descentralización transparente, acompañada del fortalecimiento
de la participación ciudadana, es un hito importante. Es decir, descentralizar
la política pública permite fortalecer la dimensión provincial, municipal y
local que es donde se observan y sitúan las brechas que facilitarán el
cumplimiento de los planes nacionales y desde luego, el cumplimiento de la
agenda 2030.
*El autor es Abogado. Gestor Social.
Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red
Latinoamericana para el Desarrollo Democrático (REDLADD).-
Cortesía de El Birán NY.-
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