El presidente catalán, Carles Puigdemont, respondió con una amenaza
velada de
independencia, diciéndoles a los legisladores locales que
presenten un plan para contrarrestar el “intento de liquidar nuestro
autogobierno” por parte de España.
Incluso, los catalanes moderados se horrorizaron ante la amplitud de
la medida y protestaron contra el anuncio del presidente del gobierno
Mariano Rajoy con golpes de cacerolas y bocinazos de vehículos en las
calles de Barcelona, la capital regional.
En un discurso televisado el sábado por la noche, Puigdemont
describió los planes de Rajoy de reemplazarlo a él y a su gabinete como
“la humillación que pretende el gobierno español” y un “ataque a la
democracia”.
Pugdemont se refirió a la medida de Rajoy como “el peor ataque a las
instituciones y al pueblo de Cataluña, desde los decretos del dictador
militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat de Cataluña” en 1939.
La alcaldesa Ada Colau, que se opone a la independencia sin un
referendo válido con garantías fundamentales, calificó la medida de
“ataque grave” a la autonomía catalana. Otros también expresaron su
rechazo. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell,
acusó a las autoridades centrales españolas de perpetrar un golpe de
estado.
“Mariano Rajoy ha anunciado un golpe de estado de facto con el
objetivo de derrocar a un gobierno democráticamente elegido”, declaró
Forcadell, quien describió la medida como “un golpe autoritario al
interior de un miembro de la Unión Europea”.
Tras una sesión especial del Consejo de Ministros para frenar el
movimiento independentista en Cataluña, Rajoy dijo que pedirá al Senado
autorización para que ministros del gobierno central asuman las
funciones del gobierno catalán, lo que incluye el control de la policía,
las finanzas y los medios de prensa públicos.
Rajoy también pretende solicitar a la cámara alta que apruebe
otorgarle la autoridad para convocar a elecciones regionales, algo que
por el momento solo puede hacer el presidente catalán.
El vicepresidente del Senado, el conservador Pedro Sanz, dijo que las
medidas serán sometidas a votación en una sesión del viernes próximo.
Sanz señaló a la prensa que una comisión especial de 27 senadores
efectuará el martes una primera evaluación de las medidas. Dijo que
Puigdemont puede apelarlas compareciendo ante la comisión el jueves
antes del mediodía o mediante un enviado.
El Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado y se
espera que reciba amplio apoyo de la oposición para las medidas
encaminadas a proteger la unidad española.
En su reacción, manifestantes envueltos en banderas catalanas de rojo
y amarillo, inundaron el sábado las calles del centro de Barcelona y
exhibían carteles en los que pedían libertad.
Unas 450.000 personas se unieron a la protesta en la capital
catalana, según la policía, mientras que un grupo anti secesión dijo que
la cifra fue de 85.000. Originalmente la marcha había sido convocada
para protestar contra la detención de dos prominentes líderes pro
independencia que podrían enfrentar cargos de sedición, pero se
convirtió en una protesta contra la decisión de Rajoy.
Rajoy dijo que aplicará el artículo 155 de la Constitución para
“restaurar la normalidad” en el país, que enfrenta su crisis
institucional más grave en décadas. Dijo que debería realizarse una
nueva elección en Cataluña en los próximos seis meses.
“Aplicamos el artículo 155, porque ningún gobierno, ningún gobierno,
de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se
viole la ley, que se cambie la ley”, afirmó.
El gobernante señaló que desea convocar a elecciones tan pronto como se reestablezca la normalidad en Cataluña.
El artículo 155 permite a las autoridades centrales intervenir si
alguna de las 17 regiones autónomas de España incumple con la ley. Jamás
se ha aplicado desde que fue aprobada la Constitución de 1978.
La crisis constitucional sobre la secesión, que ha ido creciendo poco
a poco durante años, se agudizó este mes cuando el gobierno regional de
Cataluña celebró un controvertido referendo independentista el 1 de
octubre. Después, las autoridades catalanas dijeron que el resultado _a
favor de la independencia_ les daba una base legal para separarse de
España, aun cuando la realización de la consulta enfrentó numerosas
irregularidades.
El Tribunal Constitucional español ha fallado hasta ahora en contra de todas las iniciativas de secesión, incluido el referendo.
Fuente: Agencia AP.-
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