Organizaciones sociales dictan conferencia sobre Odebrecht y la corrupción
Por Pedro Cano
Santiago, RD.-Una importante conferencia sobre el caso Odebrecht, fue realizada el viernes pasado en esta ciudad, en la cual se resaltó la importancia de las movilizaciones ciudadanas que se están dando a lo
largo de toda la República Dominicana, como un aspecto esencial para poner fin a
la corrupción y la impunidad.
En el acto, organizado por el Centro Bonó, CEFASA, Somos
Pueblo, Masada, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Centro Juan
XXIII y el Comité de Santiago por el Fin de la Impunidad, participó un
selecto grupo de personas, las cuales se han unido para detener la corrupción y que
se adopten medidas para la prevención y sanción de los delitos contra el
patrimonio público.
Para los presentes en el evento, el gran reto consiste en
un desempeño independiente, imparcial y soberano del poder judicial, del
Ministerio Público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas
públicas.
Mientras que para los organizadores, es muy preocupante lo que denominan como "complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos
de corrupción, sobrevaluación y sobornos, como son los casos de Odebrecht, los
tucanos, la Sun Land, OISOE, Punta Catalina, entre otros, con los que se
financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas para
unos pocos”.
Eduardo Vega Luna expuso como
prioridad alcanzar al menos cinco objetivos: la máxima transparencia del
Estado, el cambio del régimen de contrataciones públicas, la reforma del
Sistema Político, el Sistema de Justicia e instaurar la cultura de integridad.
En la Conferencia se planteó una serie de medidas que se
deben adoptar para instaurar la máxima transparencia en el Estado, incluyendo
fortalecer el servicio civil, la integridad y la ética del sector público;
eliminar las prácticas y la cultura que propician el tráfico de influencias,
obligando a los funcionarios a la declaración pública no solo del patrimonio
sino también de sus intereses y los de sus relacionados; e impedir el ingreso a
la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y
lavado de activos.
También se propuso como medida ejemplar adoptar
el “voto de confianza” para evaluar a los funcionarios públicos, que otorga la
facultad de destituirlos o apartarlos del ejercicio público para quienes se
vean envueltos en casos de corrupción.
Entre las conclusiones se destacaron el fortalecimiento de
la institucionalidad en el Estado, la obligatoriedad de la declaración de
bienes de las personas políticamente expuestas, una mayor democracia en los partidos
políticos, que el financiamiento no tenga donaciones anónimas y las sanciones
efectivas tanto a los corruptos como a los corruptores. Igualmente, se
consideró necesario para mayor garantía y transparencia que todos los contratos
tengan dentro de su cuerpo expositivo una cláusula anticorrupción.
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