5 de agosto de 2016

¿APLICARÁN LOS FISCALES Y JUECES ESA MEDIDA?



Instruyen fiscales solicitar prisión contra choferes borrachos

 Presidente SCJ pide  fiscalizar desacatos  a la Ley de TránsitoSanto Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva, en los casos en que conductores provoquen accidentes de tránsito por  efectos de alcohol y exceso de velocidad, donde resulten una o más personas lesionadas o muertas.

Domínguez Brito cree que en los casos donde no se observan las reglas mínimas de prudencia, que generen muertes o lesiones permanentes graves, de conformidad con la magnitud del accidente, los fiscales deben pedir prisión preventiva contra estas personas y procurar  que sean condenados penalmente, independientemente de la sanción civil.

Dijo que el caso del recién accidente ocurrido en Nagua se pidió prisión preventiva y se logró su aplicación, “lo cual debe ser una política general de poder establecer un régimen de consecuencias en esos casos. 
  
Por tradición, indicó, en los últimos 20 ó 30 años solo se han impuesto garantías económicas o medidas no restrictivas de libertad, cosa que, entiende, debe cambiar. “La idea es que cambiemos esa política de manera general y no unilateral y que se rompa ese esquema”, manifestó.

Las declaraciones de Domínguez Brito fueron dadas durante su participación en una rueda de prensa que encabezara el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.

En la rueda de prensa, el magistrado Germán señaló que, según  estadísticas, los efectos por violaciones a  a la Ley de Tránsito  ascienden a miles de millones de pesos anuales, por  daños a la propiedad, incapacidades para trabajar, lesiones graves y permanentes a las personas, muertes y gastos médicos,  “y los grandes pesares que traen consigo la muerte de una gran cantidad de seres humanos en las calles y autopistas del país”.

Manifestó que el vertiginoso crecimiento que registra el parque vehicular en el país requiere una actualización de la Ley 241 sobre Tránsito, para reforzar las sanciones que deben recibir las violaciones y establecer agravantes en los casos de imprudencias, negligencias y accidentes con consecuencias graves.

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