Cinco veedores del Inabie renuncian porque no les dejan ver lo que sucede
Los detalles de esos y otros
inconvenientes están contenidos en la carta de renuncia enviada el día 7 de
este mes al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, por Ana Mitila Lora,
Ramón P. Báez, Flavio Rodríguez Méndez, Frank de la Cruz y Johnnie Martínez.
En la misiva destacan que: “No somos
tomados en serio. Nuestras más importantes solicitudes de información son
ignoradas. Tenemos más de un año requiriendo del Inabie actualizar su portal
con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades.
“El Inabie es una institución pública que
maneja miles de millones de pesos, por lo que hemos estado exigiendo desde
septiembre de 2014, las informaciones que ordena la Dirección de Ética e Integridad
Gubernamental (Digeic), no las que el Inabie decida colgar”.
Al hacer esa afirmación destacan que esas
informaciones deben estar en un formato manejable y comprensible para la
ciudadanía. Las comisiones de veedurías se crearon como iniciativa del Poder
Ejecutivo a partir de 2014, con el objetivo de vincular a la sociedad civil en
la lucha por la transparencia de las finanzas públicas.
De hecho, el 4 de junio de 2014 el
presidente Danilo Medina emitió el decreto 188-14 que define los principios y
las normas de las Comisiones de Veedurías Ciudadanas que tienen por finalidad
vigilar las compras y contrataciones públicas.
En la
carta enviada a Montalvo los ciudadanos renunciantes plantean que “es imposible
para cinco personas de las siete designadas, -las que siempre han participado
con su tiempo y entusiasmo- sustituir o igualar, lo que son las funciones de
auditoria del Estado como la Cámara de Cuentas y Contraloría de la República.
“No somos auditores, ni expertos en tecnologías de alimentos, por más que nos hemos esforzado en comprender y darle seguimiento a los procesos de compras, contrataciones, intoxicaciones, etc., pero la ausencia de informaciones de parte del Inabie dificulta nuestra responsabilidad como veedores”, expresan.
En el documento también plantean que el
decreto 183-15, específicamente el artículo 25, creó malestar entre los
veedores del Inabie, porque sus disposiciones impiden que estos informen a la
opinión pública lo que ocurre en las instituciones observadas.
“La modalidad establecida limita el necesario proceso de rendición de cuentas. Sin ser abogados ni juristas, entendemos que ante ese decreto los veedores podrían resultar con menos derechos que cualquier otro ciudadano en su facultad de denunciar cualquier irregularidad. O sea, se vulnera la libertad de expresión”.
Los
exveedores también expresan en el documento su preocupación porque, en medio de
los escándalos de corrupción conocidos en los últimos meses, “algunos
funcionarios argumentan y defienden la transparencia gubernamental basados en
la existencia de Comisiones de Veedurías”.
No son comisiones políticas
En ese sentido dijeron que con esas
afirmaciones se les da un uso político a los veedores, “ya que por lo menos en
esta comisión, caracterizada por trabajar arduamente, sabemos de las grandes
limitaciones que hay que enfrentar para obtener informaciones completas y
oportunas”.
Al expresarse en esos términos dicen que
tienen la certeza de que las comisiones de veedurías no garantizan la
transparencia ni el uso honesto de los fondos públicos. Cobra espacio el
sentimiento de que estas comisiones sólo están sirviendo para legitimar las
ejecutorias de funcionarios, expresaron.
Los exveedores
reconocen, sin embargo, el empeño de Montalvo y de Yokasta Guzmán, directora de
Compras y Contrataciones Públicas, para que haya transparencia en el Gobierno.
“Reconocemos su genuino interés en la
transparencia y les agradecemos haber puesto en nuestras manos el alto honor de
servir honoríficamente al Estado dominicano desde nuestra humilde posición de
veedores”.
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